Por: Jan Slodvak

 

En junio 9 de 2017, la señora secretaria de Infraestructura Departamental del Atlántico, Mercedes Muñoz declaró que la operación del nuevo sistema de alcantarillado del corregimiento de Salgar, fue entregada a la Triple A por parte del alcalde municipal de Puerto Colombia, Steimer Mantilla confirmando la regla de oro de la empresa de servicios: que el estado les ejecute las obras para ellos después administrarlas y efectuar los respectivos cobros a los usuarios.

La inversión del sistema de alcantarillado de Salgar fue de $11.914 millones, aportados en la cuantía de $9.984 millones por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) organismo del orden nacional, $1.430 la Gobernación del Atlántico en cabeza de Eduardo Verano y $500 millones la Alcaldía de Puerto Colombia. En otras palabras, una obra financiada en un 85% con recursos de la nación.

Todavía se pueden apreciar en Salgar las huellas de la intervención con calles reventadas, aguas lluvias represadas en inmensos charcos y un ambiente de deterioro ambiental que es precisamente lo contrario de lo que se buscaba con las obras de alcantarillado, verdadera paradoja acentuada en que las aguas servidas no corren por los ductos construidos para tal fin, sino que afloran en verdaderas fuentes de mierda con tubos reventados tal como lo consigna un informe del diario El Heraldo el 18 de septiembre de 2017. (https://www.elheraldo.co/barranquilla/sector-de-salgar-espera-solucion-de-alcantarillado-y-403669).

Los malestares producidos por esta pésima obra son múltiples. El centro recreacional Solinilla mermó la asistencia de usuarios. Los tenderos y comerciantes de la vía principal de Salgar se quejan de su mal estado, producto de la remoción de terrenos para las tuberías, pues cuando llueve, el alcantarillado se rebosa echando sus aguas negras, sus porquerías, a las calles y viviendas, mientras la lluvia se empoza en grandes charcos en donde por igual se mezclan la lluvia y las excretas. Todo un panorama anti turístico que hace retrocede cualquier intención en tal sentido y que ha obligado a muchos moradores, resignados a la ineficacia del sistema, a construir por su cuenta pozos sépticos con los consiguientes costos. De hecho, algunas personas, ante el cariz desafortunado de la situación, decidieron mudarse a Puerto Colombia o regresar a Barranquilla.

El problema no se debió a percances temporales propios de una obra. No. Tampoco a ajustes con posibilidad de solución. Es una cuestión sistemática producto de su precario diseño y construcción tal como lo manifestaron varios aireados residentes del corregimiento de Salgar todavía recuerdan con sorna los comunicados en la prensa y fotografías de la inauguración por parte del gobernador del Atlántico Eduardo Verano que ha guardado prudente silencio sobre esta “empanada” de obra pública que pretendía ser la redención de ese corregimiento resultando todo lo contrario. Un viacrucis comunitario.

LOS CONTRATISTAS

El contratista ganador de las obras de construcción del alcantarillado de Salgar fue el Consorcio Alfaredes Salgar con la interventoría del Consorcio Salgar 2014. Los socios de Alfaredes son Armando Paz Martínez, con un 60%, Virgilio Osorio Torres con un 20% y Urbanizadora y Constructora Osorio (UCO) con el restante 20%. El director de la obra fue Orlando Contreras y el residente ambiental Zury Alejandra Arias, pasante en grupos de investigación en sistemas costeros.

El accionista mayoritario de la obra tiene un pasado cuestionable con una amplia trayectoria en el manejo de contratos de acueductos y alcantarillados. Entre ellos el de San Juan de Urabá, la misma población que en la década del 2000 figuraba con estos servicios según los informes que presentaba a los medios de comunicación el flamante Instituto de Desarrollo de Antioquia, (IDEA), uno de los promotores del proyecto HidroItuango. Allí, en San Juan de Urabá no existían estos elementales servicios y prueba sumaria fue la licitación para su construcción en donde se presentó Armando Paz Martínez con dos propuestas, hecho expresamente prohibido por competencia desleal y fraude evidente a las normas de transparencia en materia de licitaciones públicas. Paz Martínez estaba en el Consorcio Megaredes con un porcentaje del 50% y en la Unión Temporal San Juan, integrada en un 50% por Rogelio Ardila, 25% por Armando Paz Martínez y 25% por Ángel Roa. Por encontrarse Paz Martínez en dos proponentes, fue rechazado lo que constituye prueba evidente de torpeza producida por la ambición del contrato.

Pero ese desliz jurídico contractual no es el único en la vida profesional de Paz Martínez. La revista Semana informa el 27 de agosto de 2011 con el título: Los afortunados contratistas de Martínez y Abadía, relacionados con la detención del polémico ex Senador Juan Carlos Martínez “el patrón de la región y condenado por parapolítica”, según la revista y presumible pariente de Martínez según el medio de prensa, el mismo que un juez de Barranquilla le concedió un permiso de 72 horas un 31 de julio fuera del penal en donde purgaba su pena, viajando al Valle del Cauca con el propósito de influir en las elecciones.

En suma, el contratista Paz Martínez, especialista en aguas y alcantarillas, tiene contratos en Yotoco, Trujillo, Río Frío, San Pedro, Candelaria, Cerrito, Guacarí, Ginebra, Tulua a través de AcuaValle, empresa de servicios publicos del Valle del Cauca con presencia en 22 municipios. Según la revista Semana, se “firmaron contratos como aportantes a la campaña del ex senador Martínez con Armando Paz Martínez y la empresa Construimos Ltda.”

Otro de los socios del Consorcio Alfaredes, constructor del alcantarillado de Salgar fue Virgilio Osorio Torres, domiciliado en la calle 64B #84B-72, un viejo conocido en contratos integrante de las firmas que licitan con la Gobernación del Atlántico, pues se encuentra dentro de la Unión Temporal San José, integrada por Donado Arce y Cía. S.A.S. (50 %), Constructora Espiga S.A.S. (25 %), Spora S.A.S. (14.29 %) y Virgilio Enrique Osorio Torres (10.71 %). El contrato contiene el mejoramiento de las vías La Cordialidad – Santa Cruz- Cien Pesos – Las Tablas, la vía La Cordialidad – Arroyo Negro, ambas en Repelón; la vía La Peña- Aguada de Pablo, el mejoramiento del acceso a las playas de Puerto Velero y caño Dulce. El representante legal es Roberto Donado Arce. Esta es la misma contratación del llamado Corredor Vial del Atlántico en donde ganó la empresa Valorcon la construcción de la vía paralela al arroyo El Salao partiendo desde la Virgencita en Soledad y llegando hasta la vía Circunvalar por el barrio Manuela Beltrán y que fue objeto de un reportaje por la presumible inhabilidad legal de esta empresa.

Finalmente el tercer contratista del Consorcio Alfaredes es UCO, la empresa constructora de Iván Osorio Vargas, cuya carrera administrativa incluye su función como director de la UPI (Unidad Programática Institucional del difunto Seguro Social de Los Andes) en 1991 donde denunció un publicitado robo (Descubren millonario robo al ISS del Atlántico: El Tiempo, 24 dic. 1991 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-215200). También tuvo un paso como Concejal de Barranquilla en el periodo 2004-2007. En el año 2002, el día primero de abril, mediante escritura pública #883 de la Notaría Séptima de Barranquilla, compró el Mercadito de Boston a Edubar en una operación abiertamente irregular por tratarse de un bien público de notable importancia que produjo, de salida, la demolición del edificio abriendo un cráter en pleno corazón del barrio Boston que aún subsiste para malestar de sus residentes pues se encuentra repleto con basuras, roedores y un estado general de deterioro urbano de esa zona de la ciudad. El incidente de la venta provocó una agria polémica a través de denuncia formulada por Humberto Salcedo Collante, pues Osorio le quedó debiendo al Distrito $81.740.895 millones de pesos de los 410 millones que costó el lote. Eso, por lo menos, dicen las noticias de prensa y para que vean que la cosa no termina, allí se encuentra el hueco desafiando al vecindario y el paso de la ciudadanía.

Son pues noticias nada alentadoras para los habitantes del corregimiento de Salgar esta saga de los contratistas del inútil alcantarillado de su población y que produce alerta ante la ineficacia de los interventores y la toma drástica de posición frente a este grave caso de insalubridad pública del Gobernador Eduardo Verano de la Rosa, el hombre que piensa cambiar los destinos que depara la historia a la región Caribe de la que se cree abanderado providencial. Ojalá nunca se cumpla ese sueño o designio.

Mientras tanto, por el alcantarillado de Salgar no viaja precisamente las excretas, sino una galopante corrupción ante el silencio de los organismos de control y los judiciales.