En menos de 24 horas, Antioquia se quedó sin el gobernador que ganó las elecciones el pasado mes de octubre, por cuenta de la decisión de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia quien resolvió la situación jurídica del gobernador Aníbal Gaviria Correa, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, por presuntas irregularidades en contratación cuando fue gobernador en 2004-2007.

De inmediato el presidente Iván Duque, designó en su reemplazo a Luis Fernando Suárez Vélez, como gobernador encargado quien se posesionó el viernes ante la Asamblea departamental.

Suárez Vélez, quien era el Secretaría de Gobierno, estará en el cargo mientras la coalición que llevó a Gaviria a las elecciones del pasado 27 de octubre (Partido Liberal, Partido de la U, Partido Verde y Partido Cambio Radical), presenta un terna “y el Gobierno nacional verifica el cumplimiento de los requisitos de los ternados y se nombra y posesiona el mandatario designado, el presidente de la República debe designar gobernador encargado”, dice el decreto 821, firmado por la ministra del Interior, Alicia Arango.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa señaló el jueves que el fiscal delegado ante la Corte encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la troncal de la Paz (tramo La Cruzada–Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $ 41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29 %, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista.

Sin entrar en cuestionamientos sobre las razones jurídicas de la decisión, lo que si llama poderosamente la atención es que un proceso de investigación que duró paralizado por años, el ahora suspendido gobernador recibió notificación a indagatoria el pasado 16 de abril. Y en menos de 2 meses, se toma la decisión de su captura.

Pero además, curiosamente no se llama a indagatoria a los también exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos quien ejecutó el proyecto y Sergio Fajardo, encargado de liquidarlo. 

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En este punto vale recordar que Gaviria fue candidato de la coalición contradictoria al actual Gobierno, y le ganó las elecciones en octubre al candidato del uribismo, Andrés Guerra Hoyos, quien además es el director del Centro Democrático en Antioquia, muy cercano con el senador Álvaro Uribe Vélez, con quien trabajó durante su segundo mandato presidencial.

Curioso también porque contrario con la agilidad con que se retomó la investigación por parte de la Fiscalía y se dictó la medida de aseguramiento, duermen en cambio el sueño de los justos, varios procesos, incluso más recientes en los archivos de la Fiscalía.

La vía de La Prosperidad

¿Qué pasó con las investigaciones por la frustrada vía a La Prosperidad en el Magdalena? El proyecto inicial de esta carretera tenía 52.6 kilómetros costando $435.000 millones. El costo por kilómetro era de $8.269 millones llegando hasta Guaimaro. Lentamente fue acortándose hasta llegar solo a Sitionuevo con 18.08 kilómetros. Quedaron en el aire, sin construcción, 37.8 kilómetros que equivale al 66% de la obra.  Solo lograron construirse un 34%.

Luis Miguel “el Mello” Cotes, exgobernador del Magdalena.

Del costo inicial del proyecto la Gobernación del Magdalena se quedó en custodia con $115.000 millones, así que la suma invertida hasta este momento —restando la custodia— es de $320.000 millones, costando el kilómetro a $17.699 millones.

En julio de 2014 la procuraduría suspendió por 10 meses al Gobernador Cotes por la adjudicación de la Vía de la prosperidad, y luego fue absuelto en segunda instancia por el propio Procurador Alejandro Ordoñez. Hubo sobrecostos muy superiores a las sumas por las que esta semana se ordenó la orden de captura al gobernador de Antioquia, y aun así, nada se sabe sobre las investigaciones en la Fiscalía.

Tampoco se volvió a saber nada del caso de Odebrecht, en cambio, apenas llegó al cargo, lo que hizo el Fiscal General, Francisco Barbosa, en el mes de febrero fue quitarle el caso a la fiscal Amparo Cerón Ojeda, quien llevaba las investigaciones y quien había citado a indagatoria a los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana.

En una carta que entregó a su jefe al conocer la decisión, la fiscal dijo que trató de reunirse de todas las formas posibles con el fiscal Barbosa para comunicarle los detalles y decisiones necesarias para adelantar las investigaciones, pero que nunca obtuvo respuesta del fiscal para lograr una comunicación directa.

Resulta también más curioso que en vez de declararse impedido en el caso de la “ñeñe política”, cuando era obvio que debía hacerlo por el hecho de tener una “amistad íntima” con el Presidente Duque, desde hace 25 años, Barbosa lo que hizo fue ordenar la detención de los investigadores que habían interceptado las comunicaciones del Ñeñe en las que se habla de financiación “por debajo de la mesa” de una campaña presidencial, que resulta ser la del actual presidente, Iván Duque, quien ganó por el uribismo, es su amigo personal, y fue quien lo puso en la Fiscalía.

En cambio, muy orondo anunció que investigaría penalmente la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro por cuenta de una “conversación de borrachos” en la que ni siquiera se insinuaba que sospecharan de que en esa campaña hubiese financiación ilegal.

Por tales decisiones algunos analistas del ejercicio político en el país, han cuestionado al Fiscal Barbosa y dicho que es un Fiscal que llega -incluso sin que se lo pidan- a proteger al amigo y eventualmente incluso, con todo el peligro que eso significa, a perseguir a los contradictores políticos, que en este caso es la interpretación que muchos han dado a la orden de captura que se emitió contra el gobernador Gaviria, pues el mismo Barbosa asumió la responsabilidad de la decisión al hacer el anuncio personalmente.

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