La nueva procuradora y las investigaciones que la esperan en Barranquilla

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Tiene que demostrar que no es más de lo mismo

Como todas las instituciones de control del país, la Procuraduría General de la Nación, también está infectada por el cancer de la corrupción, sobre todo las direcciones delegadas en los diferentes departamentos.

La semana pasada fue elegida por el Congreso de la República la nueva procuradora nacional, la barranquillera Margarita Cabello, quien tendrá que lidiar con varios procesos investigativos que hacen curso en su natal ciudad y que comprometen a entidades públicas y privadas que de alguna manera han tenido injerencia de sectores políticos de la capital del Atlántico. 

Si de aquí a enero, cuando se posesione, no hay fallos al respecto, Margarita Cabello tendrá la responsabilidad de abordar desde su nuevo cargo los distintos procesos que se le siguen por prácticas corruptas a ex funcionarios del mismo Ministerio Público y de entidades como la Triple A. 

Todo un reto, pues la primera mujer en la historia de ese cargo en Colombia debe demostrar que no es más de lo mismo, tal como lo muestra la siguiente parodia:

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En la Personería 

En marzo la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el saliente personero de Barranquilla, Jaime Sanjuán Pugliese (2016-2020), y la ex personera encargada, Angélica Ávila (2020), por presuntas irregularidades en la publicación de procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-. 

El ente de control busca determinar si Sanjuán Pugliese publicó en la página web del SECOP sólo dos contratos celebrados entre el 1 de enero y el 20 de febrero de 2020, al parecer, omitiendo los demás acuerdos pactados durante este tiempo. 

Para la Procuraduría el investigado podría haber vulnerado el principio de publicidad y objetividad de la contratación pública. 

Así mismo, el Ministerio Público investiga a Ávila, personera (e) entre el 1 de marzo y 13 de junio de 2020, por presuntamente dejar de publicar en el portal web del SECOP los contratos adjudicados en el mes de marzo, con lo cual posiblemente podría haber contravenido normas y principios de la función y contratación pública. 

Más recientemente, a principios de agosto, el Ministerio Público abrió indagación preliminar a la gerente elegida del canal regional Telecaribe, Mabel Moscote Moscote, por presunta falsedad ideológica en documentos que presentó para acreditar experiencia necesaria para poder ser elegida. 

Moscote presentó documentación de tres empresas y la Procuraduría regional del Atlántico busca establecer supuestas certificaciones ilegitimas. 

El ministerio público también vinculó a la indagatoria a los miembros de la junta directiva del canal y a la comisión accidental con el fin de establecer si verificaron la documentación aportada por Moscote. 

En el MAMB 

En julio de este año, la Procuraduría abrió investigación por la frustrada construcción y puesta en funcionamiento del Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB) y le inició un disciplinario al ex secretario general del Ministerio de Cultura, Enzo Rafael Ariza Ayala, y cinco ex directivos de Findeter, “por presuntas irregularidades” en la realización de la obra que tanto se espera en la capital del Atlántico, y que debió ser entregada en 2018 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron entre julio y agosto de ese año. 

El Ministerio Público investiga a los entonces vicepresidentes técnicos de Findeter, Alejandro Maya Martínez y Alejandro Callegas Aristizabal, a los secretarios generales, Helmuth Barros Peña y Rodolfo Enrique Zea Navarro (actual ministro de Agricultura), y al gerente de Infraestructura, José Andrés Torres Rodríguez, además del funcionario de Mincultura ya mencionado. 

El ente de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias en la ejecución del Contrato Interadministrativo 2828 de 2014, que tenía por objeto “prestar servicios de asistencia técnica y administración de recursos para el desarrollo de la infraestructura cultural a nivel nacional en los municipios y para los proyectos viabilizados por el Ministerio de Cultura”, así como en el desarrollo del Convenio de Asociación 13 de 2015, para construir la nueva sede del MAMB. 

Dice el documento que la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, para determinar si constituyen faltas disciplinarias, esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habrían cometido, y el posible perjuicio causado a la administración pública. 

En la CRA 

También en medio del aislamiento por el coronavirus, la Procuraduría inició dos procesos disciplinarios, uno contra el entonces secretario Jurídico de la Gobernación de Atlántico, Richard Náder Orfale, y otro contra el exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA -, Alberto Escolar Vega (2016 – 2019), por presuntas irregularidades en contratación de capacitaciones. 

Los investigados presuntamente celebraron y ejecutaron un convenio de asociación entre la Gobernación y la Corporación Educativa para la Investigación y Desarrollo en Talento Humano, Finanzas y Tecnología – CEIFIT-, cuyo objeto era “aunar esfuerzos institucionales para desarrollar procesos de capacitación a los actores sociales y comunitarios de los municipios del Atlántico”, sin que la institución aparentemente cumpliera con la idoneidad y experiencia exigida. 

El ente de control busca establecer el grado de participación del exfuncionario en las etapas de la actividad contractual, dado su cargo para la época de los hechos. 

Con la apertura de investigación, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si la misma es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer sus motivaciones y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, al igual que determinar la posible afectación a la administración y la responsabilidad del disciplinado. 

En el proceso contra el exdirector de la CRA se indaga por presuntas irregularidades en los acuerdos jurídicos suscritos con la CEIFIT en las vigencias 2017, 2018 y 2019, para la prestación de servicios de capacitación en la CRA y en los municipios de la jurisdicción. 

Se ordenó la práctica de pruebas que permitan establecer la existencia del presunto hecho, los posibles implicados y determinar si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria, o si existen causales de exoneración de responsabilidad. 

El caso del senador Pulgar 

Otro chicharrón, y este tal vez de marca mayor que le tocará enfrentar a Cabello será el del senador barranquillero Eduardo Pulgar, quien fue citado por la Procuraduría a una audiencia de juzgamiento disciplinario por el presunto ofrecimiento de 200 millones de pesos al entonces juez Promiscuo Municipal de Usiacurí, Atlántico, Andrés Fernando Rodríguez Cáez, a cambio de una decisión en favor de un tercero, en un proceso penal que se adelantaba en ese despacho. 

El Ministerio Público reprochó a Pulgar Daza el que hubiera incumplido sus deberes con la defensa de la legalidad y la promoción del bienestar general, con lo que habría atentado contra la dignidad y majestad de la justicia y su recta administración, al realizar el supuesto ofrecimiento económico para que el juez favoreciera con una decisión a Luis Fernando Acosta Osío, miembro del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. 

Según el ente de control, valores y principios como la probidad, moralidad y rectitud que deben rodear la actuación de un funcionario público, en este caso de un congresista, se habrían visto significativamente afectados con el comportamiento que en 2017 el investigado presuntamente desplegó con la intención de perturbar la imparcialidad de la justicia. 

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta de Pulgar Daza, tipificada en la ley como el delito de cohecho por dar u ofrecer, como gravísima a título de dolo. 

En la Triple A

A principios de este año, el senador Jorge Robledo pidió a la Procuraduría investigar la junta directiva de Triple A por la pérdida de 400 mil millones de pesos. 

El funcionario aseguró que descubrió que la Procuraduría no ha abierto la investigación, aunque una empresa auditora encontró irregularidades por 100 mil millones de pesos, en 5 años, en la compañía. 

Los accionistas minoritarios de la Triple A expresaron su preocupación al considerar que el delegado de la Procuraduría General de la Nación “está cambiando su postura frente al caso por el desfalco a la entidad”. 

Así mismo hace poco, el accionista minoritario de la Triple A, Hernando Acuña, afirmó que en las tres últimas audiencias han observado con preocupación que el representante del Ministerio Público, “ha cambiado de decisión dilatando el proceso”, refiriéndose a la indagación abierta hace ya dos años. 

“A raíz de esta situación alertamos con un derecho de petición al Procurador General de lo que está sucediendo, debido a que esto puede conducir a vencimientos de términos y llevar a la impunidad”, explicó Acuña. 

Finalmente, resaltó que después de más de dos años no se pueden perder los avances que se han logrado para los que los investigados respondan por los hechos de corrupción. 

Caso Universidad del Atlántico 

En el caso de la Universidad del Atlántico, no obstante que la Procuraduría suspendió al entonces rector Carlos Prasca Muñoz, pero luego lo restituyó en su cargo y finalmente renunció en noviembre del año pasado, los estudiantes, han solicitado que se investigue lo que ocurrió en la institución mientras permaneció al frente ella. 

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