La negligencia de Luz Helena Andrade, actual alcaldesa de Fundación, Magdalena, es un eco ensordecedor de la indiferencia administrativa que ha mantenido en riesgo a miles de familias que habitan los barrios cercanos al río San Agustín. A pesar del fallo judicial que ordena acciones urgentes desde agosto de 2023, el panorama sigue siendo sombrío y la inacción gubernamental desenmascara un sistema que parece estar más interesado en excusas que en soluciones.
Un fallo que clama justicia
El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta dictó sentencia clara y contundente: la administración municipal de Fundación debía actuar con premura para evitar desastres previsibles técnicamente. Entre las obras ordenadas están la construcción de un muro de contención, el dragado del río San Agustín y la implementación de sistemas de prevención de inundaciones. Sin embargo, cinco meses después del fallo, lo único que parece avanzar es el tiempo.
Carmiña Escorcia: una voz que no se rinde
Detrás de esta acción judicial está Carmiña Escorcia, una veedora municipal que, tras ocho años de lucha, logró un fallo favorable. Su valentía contrasta con la inercia de las autoridades locales, quienes siguen postergando la ejecución de obras vitales para proteger a los habitantes de los barrios más vulnerables, como Ariguaní, Las Tablitas, Paz del Río, Chimila y La Feria.
Los barrios al borde del abismo
Los habitantes de estos sectores han sido víctimas reiteradas de inundaciones devastadoras. Cada temporada de lluvias trae consigo pérdidas materiales y psicológicas, mientras observan cómo las promesas de soluciones se desvanecen entre papeleos y discursos vacíos. La negligencia de Luz Helena Andrade podría ser la chispa que detone una catástrofe anunciada.
Excusas y dilaciones: el sello de esta administración
En su defensa, la administración de Andrade asegura que las obras dependen de la asignación de recursos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sin embargo, el fallo es claro: la alcaldía debe adelantar gestiones presupuestales y administrativas. Las evidencias indican que poco o nada se ha hecho, y mientras tanto, el río sigue acumulando sedimentos, aumentando el riesgo de desbordamientos.
Un llamado al cumplimiento y la responsabilidad ciudadana
La sentencia también exhortó a la comunidad a evitar construcciones en la ronda del río y a no contaminar su cauce. Aunque la ciudadanía también tiene su cuota de responsabilidad, el liderazgo para coordinar y ejecutar acciones recae en la administración municipal. Este liderazgo brilla por su ausencia.
Conclusión: La negligencia de Luz Helena Andrade no solo incumple un mandato judicial, sino que también amenaza la vida y el bienestar de miles de fundanenses. Cada día sin acción es un día más cerca de una tragedia evitable. La comunidad no necesita más palabras; necesita resultados.