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Hallazgos por el orden de los $55.195 millones de pesos evidenció la Contraloría General de la República durante una actuación especial de fiscalización en los procesos de contratación de conectividad en las instituciones educativas de 6 departamentos del país (La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander), así como el municipio de Acacías (Meta) y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL).

Adicionalmente, se envió a indagación preliminar lo relacionado con 3 contratos, desarrollados en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander, donde se evidencian presuntas situaciones irregulares hasta por un valor de $11 mil millones.

El objeto de esta indagación fue mirar cómo se había contratado el servicio de conectividad, es decir el internet que se adquirió en las instituciones educativas para lo cual se analizó una muestra de $157.745 millones de pesos, de 12 proyectos y 25 contratos (aproximadamente por cada proyecto se auditaron 2 contratos).

Según la Contraloría de los 25 contratos auditados, el 80% tuvieron como ejecutante a una sola empresa (FUNTICS), lo que para el organismo, constituye un caso claro de una malla empresarial, dada que la firma citada hace presencia en 16 departamentos.

El total de hallazgos fiscales encontrados equivale al 35% de la muestra auditada.

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 Pagos por períodos de inactividad económica

Lo primero que delató la Contraloría fue que se pagó el servicio de Internet durante períodos de inactividad académica, es decir que las Gobernaciones pagaron cuando los estudiantes estaban en vacaciones (junio-julio y diciembre-enero). En este caso, se determinaron hallazgos fiscales por $9.405 millones de pesos.

Un caso donde se dio esta situación fue en Norte de Santander. En el contrato 1423 de 2018, por 4 años, hubo 260 días de inactividad académica, donde se pagó el servicio de conectividad. En promedio, por año se prestó tal servicio durante 65 días en recesos académicos, cuando esto no se debía hacer. Se llegaron a pagar $3.878 millones de pesos.

Doble conectividad

Otra anomalía se dio con la doble conectividad, es decir que las instituciones educativas contaban con un servicio de internet, que había sido suministrado por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de las TIC, a través de algunas iniciativas. Ese servicio es gratuito y de buena calidad, y sin embargo las Gobernaciones contrataron una nueva instalación, generando un posible detrimento patrimonial por $9.294 millones de pesos.

La Contraloría encontró que hubo 822 Instituciones Educativas que tenían al menos un proyecto de conectividad con el Ministerio de Educación o con el MINTIC.

Un ejemplo palpable de esta situación se encuentra en Santander, en el contrato 1335 de 2017, donde se iban a beneficiar 320 Instituciones Educativas con el servicio de conectividad, de las cuales en 114 hubo traslape, o sea ya se tenía el servicio contratado.

Pago por servicio no prestado

Otro tema se presentó con pagos por servicios no prestados: la Contraloría verificó quiénes fueron los proveedores de los contratistas, o sea a qué operadores de telecomunicaciones les compraron su servicio de conectividad.

Se determinó cuánto compraron y a cómo, lo que permitió concluir que no se entregaron la totalidad de los megas que tenían que entregar, situación que le costó al Sistema General de Regalías alrededor de $10.949 millones de pesos.

Se dejaron de entregar 50.223 megas en 3 departamentos, cantidad con la que se hubiera podido atender el servicio de conectividad de 5 mil escuelas.

En el departamento de Magdalena, por ejemplo, en el contrato 1929 de 2015, se contrataron 34.560 megas y se dejaron de entregar 17.576, o sea un poco más de la mitad, lo que le costó al Sistema General de Regalías unos $2.321 millones de pesos.

Sobrecostos

Se encontraron igualmente sobrecostos. En un solo contrato los sobrecostos del valor del mega comprado llegaron a $1.664 millones de pesos. El precio que le cobraba el contratista a la Gobernación era un 65% superior frente a lo que este les pagaba a sus operadores.

 Según la Contraloría, mientras los operadores (Azteca Columbus y Ufinet) le vendieron al contratista Funtics el mega a 113.700 pesos, éste a su vez lo vendió a la Gobernación de la Guajira a 321.685 pesos, o sea valor superior en un 65 por ciento (contrato 009 de 2016).

También hubo un hallazgo fiscal por $2.030 millones de pesos, por intermediación innecesaria. La Gobernación adquirió un servicio de conectividad con un contratista, que a su vez lo subcontrató con quien finalmente lo prestó.

Contínuo desuso de software (“elefantes blancos” virtuales)

Finalmente, la Contraloría realizó unas valoraciones sobre contratación de software en dos casos y se encontró lo que llamó “elefantes blancos virtuales”, o sea casos donde se pagó por un software que nunca se utilizó.

Esto se determinó en 2 proyectos, uno en Nariño y uno en Santander, donde hay clara evidencia de estas anomalías por $15.315 millones de pesos.

En ambos casos, se contrató software para prestar capacitaciones a estudiantes y educadores y se pudo establecer que los mismos ingresaron una vez a los contenidos de las plataformas y nunca lo volvieron a hacer.

“Esto es tanto como decir que construimos un colegio, lo dotamos, le ponemos toda la infraestructura para que funcione y los estudiantes solo entraron una vez y se fueron”, indicó el Contralor Delegado Sectorial de Regalías que tuvo a su cargo esta Actuación Especial de Fiscalización, Iván Sánchez Arango.

En el departamento de Nariño, en el convenio GN1737 de 2013 se presentaron 3 hechos: la plataforma tecnológica nunca se implantó en los colegios beneficiarios del proyecto; ninguna de las 750 Instituciones Educativas tuvo conectividad a internet, para acceder a la plataforma; y, por si fuera, la plataforma fue hackeada perdiéndose toda la información contenida allí. Tales situaciones generaron un presunto detrimento patrimonial por $8.433 millones de pesos.

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