El pasado 11 de abril, el presidente Iván Duque participó en el Consejo de Seguridad de las naciones Unidas (ONU), donde expuso y defendió su programa La Paz con Legalidad, que fue adoptado para dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz con las Farc firmados en el 2016. 

Anuncios

La sesión se abrió con el reporte de Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia; quien no dudo en señalar que la paz de Colombia es invaluable

Pero contrario al informe que presentó el primer mandatario colombiano, en el cual aseguró que su Gobierno estaba totalmente comprometido con lograr la paz en el país, el jefe de la Misión de la ONU indicó que, tras la firma de los acuerdos y la llegada de Duque al poder, la violencia está teniendo un impacto particularmente alto en las comunidades indígenas y afrocolombianas en forma de asesinatos, desplazamientos y el creciente reclutamiento de menores

Duque en la ONU.

Al término de esta intervención, Duque resaltó avances en materia de desarrollo rural, cobertura de seguridad social, construcción de planes de desarrollo territorial, desminado humanitario, erradicación de cultivos ilícitos y reparación a víctimas. 

Sin embargo, posteriormente, varios representantes de países que tienen asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU y aunque algunos elogiaron los avances de la política de Paz del actual gobierno, también hubo espacio para las críticas. 

Los cuestionamientos más fuertes vinieron por parte de Vassily Nebenzia, representante permanente de Rusia en la ONU quien criticó la política de Duque y los lentos avances en la implementación del Acuerdo de Paz. 

«El principal problema sigue siendo la seguridad de las personas en proceso de reincorporación y de los líderes sociales», dijo el diplomático ruso. 

En esa misma línea se pronunció Brian Flynn, Representante Permanente Adjunto de Irlanda ante la ONU, quien durante su intervención señaló que, «las garantías de seguridad son fundamentales para el dividendo de paz de quienes dejaron las armas para trabajar por la paz. También, Irlanda encomia el enfoque basado en las víctimas para la reconciliación y la verdad potenciado en la justicia transicional»

Pero una cosa dice el presidente de la República y otra cosa muestran las cifras de las inversiones estatales en los programas para La Paz. Veamos.

De vuelta a Colombia y ya de manera más aterrizada en la realidad, la primera semana de junio de 2022, la Contraloría General de la República detectó que, a corte del mes de abril del año 2022, el 57% de los proyectos existentes en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión – SPI, con recursos dirigidos a la política de construcción de paz, reportaron avances físicos o financieros por debajo del 10%.  

Esto se traduce en un total de 71 proyectos por un valor de $721 mil millones de pesos en recursos obligados a la fecha.  

Advierte la Contaloría que un caso alarmante es el del proyecto de extensión, descentralización y cobertura de la radio pública nacional, a cargo del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (por cierto, el mismo que estuvo a cargo del escandaloso proyecto de Centros Poblados), el cual cuenta con $10.6 mil millones de pesos en obligaciones y reporta un avance financiero del 100%, junto a un avance físico del 0%.  

Según esto, el proyecto reporta la ejecución total del presupuesto, pero con 0% de avance en la ejecución física de la extensión de la cobertura de radio.   

Y reporta $9.7 mil millones de pesos exclusivamente para la política de construcción de paz. 

Otros casos de mayores recursos y menores avances  

Entre los casos con mayores recursos y menores avances en el reporte se encuentra el proyecto de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales productivos a nivel nacional, el cual cuenta con $310 mil millones de pesos en obligaciones y reporta un avance financiero del 28,61% y un avance físico del 0%.   

Dicho proyecto reporta $310 mil millones exclusivamente para la política de construcción de paz y dentro de sus indicadores secundarios de gestión reporta 0% de cumplimiento en el mejoramiento de vías terciarias para el año 2022.  

Y entre los proyectos que llaman la atención se encuentra el incremento de la dotación de terminales de cómputo y capacitación de docentes en sedes educativas oficiales a nivel nacional, a cargo de la entidad Computadores para Educar, el cual cuenta con $10 mil millones de pesos en obligaciones y reporta un avance financiero del 7,71% y un avance físico del 0%.   

Este proyecto reporta $7.1 mil millones de pesos exclusivamente para la política de construcción de paz.   

También se identificó el proyecto para la implementación de unidades productivas de autoconsumo para la población pobre y vulnerable a nivel nacional, el cual cuenta con $16 mil millones de pesos en obligaciones y reporta un avance financiero del 13,05% y un avance físico del 4%. Este proyecto reporta $14.7 mil millones de pesos exclusivamente para la política de construcción de paz.  

Proyectos con bajos niveles de avances  

Así mismo el organismo de control alertó sobre la necesidad realizar un seguimiento a los 83 proyectos que presentan bajos niveles de avances, previendo que las ejecuciones tanto físicas como financieras se realicen de manera oportuna durante el transcurso de la vigencia 2022.  

Para este efecto, la Contraloría Delegada para el Posconflicto envió comunicación a cada una de las entidades responsables del cumplimiento de dichos proyectos, informándoles de las alertas correspondientes mencionadas anteriormente.  

De hecho en su quinto informe anual sobre la implementación de los acuerdos, presentado en octubre del año pasado ante el Congreso de la República, la Contraloría advirtió que al ritmo anual en que se están ejecutando los recursos del posconflicto, la implementación del Acuerdo Final de Paz se lograría en 26 años. 

Para la Contraloría es claro que «si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5 por ciento desde la firma del acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación. En ninguno de los años, desde 2017, se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años». 

La ejecución anual ha mostrado este comportamiento, en contraste con lo previsto en el MFMP: 

2017: $5,36 billones (frente a $9,09 billones) 

2018: $4,21 billones ($8,62 billones) 

2019: $6,31 billones ($8,55 billones) 

2020: $6,53 billones ($8,38 billones) 

2021: $5,67 billones (el MFMD había previsto $8,80 billones) 

De acuerdo a esto, se han presentado rezagos en el cumplimiento de lo programado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de $8 billones en 2017-2018, $4 billones en 2019-2020 y $3 billones en el 2021

Durante el período 2017-2020 el seguimiento de la CGR evidencia una ejecución de $22,4 billones a precios de 2020, es decir, un 65 % de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para este cuatrienio y un 15 % de avance frente al costeo total de $146,7 billones (también a precios constantes de 2020). 

Seguimiento a los recursos y riesgos a la vista 

En el tema de recursos, algunos riesgos detectados por la CGR son los siguientes: 

Riesgo de desfinanciación de la implementación, por la falta de lineamientos para el uso de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), fuente que soporta a las entidades territoriales. En tal sentido la CGR ha seguido alertando sobre la necesidad de reformar la Ley 715 de 2001, para que el SGP aporte de manera efectiva a la Reforma Rural Integral (RRI)

Señala que hay desbalance en la ejecución de recursos en algunos pilares del Acuerdo Final, frente a apuestas estructurales y cronogramas de la implementación. 

Es así como mientras el pilar Educación Rural concentra el 24 % de la ejecución acumulada a 2021, el de ordenamiento social de la propiedad, que incluye apuestas como la implementación del catastro multipropósito, solo concentra el 3 % de las asignaciones presupuestales. 

Uno de los puntos más relevantes y preocupantes es la ejecución de los recursos del OCAD Paz, pues según la Contraloría existen riesgos asociados a la debilidad técnica de los municipios, además del bajo nivel de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos que conlleva a incumplimientos, deficiencias de calidad y pérdida de valor de las inversiones, y obviamente mayor riesgo de corrupción. 

«Un estudio sectorial y una auditoría de cumplimiento de la CGR al OCAD PAZ del SGR en 2020, evidenciaron deficiencias en la planeación y ejecución de los recursos, que van desde aprobaciones de proyectos en regiones no priorizadas del Acuerdo Final hasta deficiencias en la estructuración de pliegos, ejecución directa de algunas obras en licitaciones, detrimentos patrimoniales, procedimientos constructivos deficientes y utilización de materiales con mala calidad, entre otros», dice el informe. 

Y vale destacar que en la auditoría que adelantó la Contraloría, detectó 31 hallazgos administrativos, de los cuales 23 son de connotación fiscal, por un valor de $11.073 millones, y 29 tienen presunta incidencia disciplinaria, en los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, aprobados a través del OCAD Paz y de los Municipios PDET para el sector de infraestructura vial (vías terciarias para la paz). 

Y, por otra parte, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías y la Contraloría Delegada para el Posconflicto adelantaron el Estudio Sectorial “Desempeño y Planeación de Proyectos del Órgano Colegiado – OCAD PAZ – con los recursos del Sistema General de Regalías”, el cual encontró, entre otras situaciones, que de 170 municipios PDET, 53 no han sido beneficiarios de esos dineros

Adicionalmente, en 20 municipios se concentra aproximadamente el 50 % del valor de los proyectos con recursos de regalías aprobados en el OCAD PAZ. 

Uno de las revelaciones más contundentes y que demuestra cómo se están “esfumando” los recursos para la tan anhelada paz, es que hay un riesgo alto de incumplimientos en la ejecución de los proyectos y pérdida de recursos públicos ejecutados por privados, debido a deficiencias en el seguimiento y monitoreo del avance físico y financiero de las obras por impuestos por parte de las entidades que coordinan este mecanismo. 

«En el caso de las obras por impuestos, el 63 % de la inversión ($417.717 millones) se concentra en 6 de los 23 departamentos receptores: Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Norte de Santander y Putumayo. Hay un bajo acceso de otros municipios para beneficiarse con proyecto financiados por este mecanismo», advierte la entidad. 

Lupa a recursos del posconflicto con analítica de datos 

Como novedad, en su Quinto Informe de Seguimiento a los Recursos del Posconflicto lña Contraloría implementó el Modelo de Analítica de Datos de Posconflicto y Víctimas. Con esa herramienta pudo constatar que en los componentes de subsidios de vivienda, indemnizaciones y ayudas humanitarias, hicieron hallazgos de inconsistencias por $82.810 millones.  

Punto por punto la Contraloría fue desglosando lo hecho hasta ahora en el marco del Acuerdo de Paz, y que deja ver, no solo que no es tan cierta la afirmación triunfalista del presidente Duque sobre su implementación, sino que también ha sido utilizado por los corruptos para echarle mano al erario. 

La creación de la jurisdicción agraria es unos de los puntos de grave incumplimiento. Debería estar en operación hace 3 años y las dos veces que se ha presentado el respectivo proyecto de ley se ha archivado. 

En cuanto a infraestructura vial, se evidencia bajo avance respecto a la elaboración del inventario de la red vial terciaria establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y en relación con la ejecución física asociada al mantenimiento y reparación de las vías terciarias, a pesar de los recursos aprobados a través del SGR en el marco del OCAD Paz. 

Participación Política 

Con una tendencia decreciente desde el inicio de la implementación, el seguimiento de la CGR evidenció una ejecución de $376.825 millones durante el periodo 2017 a 2020 y una programación presupuestal de $28.005 millones para 2021, un 18 % menos respecto de 2020. 

La disminución de los recursos asignados al pilar de participación política, contribuye a incrementar los rezagos evidenciados en cuanto al cumplimiento de la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la PolíticaSISPEP, así como los desarrollos asociados con la reforma política y los mecanismos de participación ciudadana. 

Fin del conflicto 

En este punto destaca la Contraloría que entre 2018 y marzo de 2021 se han aprobado 2.569 proyectos productivos individuales para 3.371 beneficiarios y 88 proyectos productivos colectivos para 3.090 beneficiarios. 

Sin embargo, se evidencia la posible pérdida de recursos públicos por $ 2.760 millones equivalentes al apoyo económico brindado a 345 proyectos individuales que se encuentran cerrados, entre otras causas, por deficiencias en la administración, baja rentabilidad, bajos niveles de comercialización y dificultades de acceso, o por el Covid-19. 

En auditoría de cumplimiento realizada por la CGR en noviembre de 2020 al Fondo Colombia en Paz, se advierten hallazgos relacionados con los estudios de viabilidad y seguimiento que pueden poner en riesgo los proyectos productivos. Es así como varios proyectos relacionados con actividades agropecuarias se adelantan en predios que no son propiedad de la población beneficiaria, por lo que se pone en riesgo la sostenibilidad de los mismos por la incertidumbre sobre las inversiones realizadas, tales como obras de infraestructura. 

Y entre otros puntos, en relación con la implementación del Acuerdo sobre Víctimas se destacan avances como los siguientes: 

*La JEP avanza con la recepción de informes y el trámite de los 7 macro casos abiertos, con 12.678, personas sometidas y un total de 808 comparecientes vinculados. 

*La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) recibió 6.607 testimonios y realizó 11.207 entrevistas. 

*Se registran avances en la entrega de la medida de indemnización administrativa y fortalecimiento de la reparación colectiva y rehabilitación psicosocial en municipios PDET. 

*Se monetizaron bienes entregados por las FARC por valor de $42.680 millones y se cuenta con otros con un valor susceptible de monetizar de $25.924 millones. 

Y producto de la monetización de los bienes comercializados, a febrero de 2021, se obtuvieron rendimientos financieros por valor de $424 millones. 

*Están pendientes las gestiones para comercializar bienes pendientes como joyas, muebles y enseres, inmuebles y vehículos, a fin de avanzar en la reparación de la población víctima. 

Los principales obstáculos en este punto se asocian a las siguientes situaciones: 

*La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) enfrentó barreras en el acceso a información por parte de algunas entidades estatales, argumentando reserva sobre la misma. 

*Aún no se cuenta con un universo de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, ni con el Registro Nacional de Fosas, cementerios ilegales y sepulturas –RNF. 

*El Plan Nacional de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición, se encuentra pendiente de aprobación y las estrategias móviles de rehabilitación psicosocial para las zonas más apartadas, están en etapa de diseño. 

*El universo para la aplicación de la medida de indemnización hoy supera los 7 millones de personas y se requeriría un valor aproximado de $48,6 billones, según cálculos de la CGR en 2020, por lo que los recursos programados continúan siendo insuficientes. 

El Conpes 4130 de 2021205, contempla recursos por un valor de $11.5 billones para la aplicación de la medida de indemnización del 2022 a 2031 con base en unan meta de 2.1 millones de víctimas indemnizadas, que corresponde al 24 % de la población pendiente de indemnizar. 

Lo hallado por el organismo de control es corroborado también por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, que advirtió recientemente que a casi seis años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla FARC siguen existiendo incumplimientos en materia de género, etnia y entrega de territorios para las víctimas. 

Desde que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos firmó los tratados en 2016, el Kroc ha emitido análisis de cómo avanza lo pactado en La Habana. Y este martes 7 de junio publicaron sus más recientes conclusiones en las que coincidieron que, entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021, la nula voluntad política fue de los principales factores para no el cumplimiento de lo acordado. 

De hecho, uno de los temas en los que mayor énfasis hicieron es la falta de amplitud en titulación de tierras para los desplazados y por eso instaron al próximo Gobierno para que prime este punto de lo acordado entre el Ejecutivo y el entonces grupo al margen de la ley. 

Otros de los resultados del análisis estadounidense es que de las 578 disposiciones del Acuerdo de Paz un 30% (173.4) se han completado, un 19% (109.8) están en estado intermedio, el 37% (213.8) se implementan en estado mínimo y un 15% (86.7) aún no se ha comenzado a implementar. 

En esa línea, exhortan a las autoridades nacionales para que le apuren a la implementación de los otros ítems del acuerdo antes del 2031 que se cumplen los 15 años en los que, se presume, el acuerdo esté completamente desarrollado y se hayan cumplido con las diferentes disposiciones. 

a emitido análisis de cómo avanza lo pactado en La Habana. Y este martes 7 de junio publicaron sus más recientes conclusiones en las que coincidieron que, entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021, la nula voluntad política fue de los principales factores para no el cumplimiento de lo acordado. 

De hecho, uno de los temas en los que mayor énfasis hicieron es la falta de amplitud en titulación de tierras para los desplazados y por eso instaron al próximo Gobierno para que prime este punto de lo acordado entre el Ejecutivo y el entonces grupo al margen de la ley. 

Otros de los resultados del análisis estadounidense es que de las 578 disposiciones del Acuerdo de Paz un 30% (173.4) se han completado, un 19% (109.8) están en estado intermedio, el 37% (213.8) se implementan en estado mínimo y un 15% (86.7) aún no se ha comenzado a implementar. 

En esa línea, exhortan a las autoridades nacionales para que le apuren a la implementación de los otros ítems del acuerdo antes del 2031 que se cumplen los 15 años en los que, se presume, el acuerdo esté completamente desarrollado y se hayan cumplido con las diferentes disposiciones. 

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.
Become a patron at Patreon!
Publicidad ver mapa

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.