El Meridiano, un portal noticioso de Córdoba, registró el 21 de noviembre pasado un hecho de corrupción en ese departamento que ha pasado desapercibido en los grandes medios de comunicación.

Pareciera como si un simple secretario de cultura de provincia, Jairo Aníbal Doria Ruiz, hubiera sido pillado por la Fiscalía General de la Nación en conductas indebidas durante su permanencia en otros cargos en años anteriores.

No obstante, si vamos al fondo de esta noticia, descubrimos toda una organización delincuencial detrás de una fachada institucional que con un esquema asociativo de municipios estaban apropiándose de los recursos públicos.

La historia

Jairo Aníbal Doria Ruiz, quien renunció sorpresivamente a su cargo como secretario de Cultura de la gobernación de Córdoba, el pasado 3 de noviembre, está siendo acusado por la Fiscalía General por los presuntos delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Algo raro pasó que la Fiscalía se metió a investigar en los municipios de Córdoba, donde nada pasa, pero se roban todo.

Gracias a esta investigación, sabemos que Doria Ruiz, en el año 2015, ejercía como representante legal de la Asociación de Municipios de la Sabana y del Sinú (Amussim).

Esta Asociación se define como un instrumento para la planificación, la gestión, el desarrollo y la integración mutual regional de los municipios asociados, en busca de acciones eficientes frente a la solución de los problemas que afectan a las comunidades.

Fue creada en el año 2009 por siete municipios de Córdoba, administrativa y políticamente para organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras y el cumplimiento de funciones administrativas propias, mediante la suscripción de convenios interadministrativos o contratos plan con municipios u otras entidades estatales.

Actualmente presta sus servicios a municipios de Córdoba, Sucre y Bolívar, ampliando su accionar a unos 35 municipios asociados.

En 2015 Jairo Aníbal Doria Ruiz era su Director Ejecutivo, que de acuerdo a los estatutos de esta asociación, artículo 34, fungía como la primera autoridad ejecutiva del organismo.

Este artículo señala que las atribuciones y funciones del Director Ejecutivo surgen directamente de la ley y de los Estatutos de la Entidad o de las disposiciones que adopte el consejo directivo. Por este carácter toma la calidad de funcionario público y ejerce la representación de la Entidad.

Entonces, con esta investidura de funcionario público, Doria Ruiz firmó un convenio interadministrativo con la Alcaldía de San Carlos por $315 millones de pesos para la construcción de unas aulas, la sala de profesores, adecuación del laboratorio y un patio salón, trabajos que se realizarían en la Institución Educativa San José, ubicada en el corregimiento Carrizal, de San Carlos.

El ente acusador tomó la misma decisión en contra de los exalcaldes del municipio de San Carlos (Córdoba) Omar Gloria Arrieta (2012-2015) y Víctor Valverde Pérez (2016-2019), a quienes también se les acusa de presuntos delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

El corregimiento de Carrizal del municipio de San Carlos ha sido víctima varias veces de los perversos manejos de los contratos que opera Amussim.

Allí también se contrató a Amussim para construir el acueducto del corregimiento y después de 12 años y casi $3 mil millones de pesos girados, todavía la comunidad no recibe una sola gota de agua. Ese proceso duerme el ‘sueño de los justos’ en la Fiscalía.

Desde un principio la comunidad reclamó por el mal estado de las obras, al punto que sus voceros nunca recibieron las obras en acta y por ello decidieron poner en conocimiento de los organismos de control lo que estaba sucediendo.

La denuncia señala que, en ese contrato, adjudicado a dedo, se violaron todos los principios de una contratación pública ya que no hubo planificación, la selección no fue objetiva y mucha menos transparencia en su adjudicación.

Fueron tan mal hechas las obras, que en 2020 gran parte de lo construido se vino a tierra en medio de un aguacero con vientos, lo que pudo haber ocasionado una tragedia, ya que varios techos fueron a caer a distintas zonas de la institución educativa, que por fortuna no tenía estudiantes en el momento del percance.

Estas asociaciones de municipios han servido en toda clase de triquiñuelas para apoderarse de recursos públicos y enriquecer a quienes las gestionan, valiéndose de la nula vigilancia de los entes de control en pequeños municipios.

Hoy, los involucrados en estos hechos están citados a una audiencia preparatoria con lo que se da inicio formalmente al proceso judicial.

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.
Publicidad ver mapa

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.