Mientras Colombia celebra la «independencia» judicial, un defensor del pueblo sembró familiares como quien siembra votos: estratégicamente y a futuro
Dicen que la justicia es ciega, pero en Colombia parece que también es sorda, muda y, sobre todo, tremendamente agradecida. Carlos Camargo Assis no solo logró lo que muchos políticos sueñan —llegar a la Corte Constitucional— sino que lo hizo siguiendo el manual más antiguo del poder: «Hoy por ti, mañana por mí«.
¿El truco? Mientras fue Defensor del Pueblo (2020-2023), Camargo no se limitó a defender derechos; construyó una red de favores tan sólida como invisible, nombrando estratégicamente a 9 familiares de los 22 magistrados de la Corte Suprema que después, qué casualidad, lo postularon para el cargo más poderoso del país en materia constitucional.
Esto no es solo otra historia de corrupción. Es la radiografía completa de cómo el sistema judicial colombiano funciona realmente: un club privado donde las decisiones se toman en familia —literalmente— y donde la separación de poderes es solo un concepto bonito para los libros de texto.
El Arte del Intercambio: Cuando el favor viene primero
La estrategia de Camargo fue de una simplicidad despiadada. Mientras ocupaba la Defensoría del Pueblo, convirtió esa institución en una agencia de empleos familiares. Gerson Chaverra, expresidente de la Corte Suprema, vio como su primo Helber Mosquera Castro conseguía un puesto como profesional administrativo. Omar Ángel Mejía logró que su hijo accediera a un cargo de profesional especializado grado 17. Myriam Ávila Roldán ubicó a su hijo Juan David como profesional grado 15.
La lista sigue: Diego Eugenio Corredor consiguió trabajo para su nuera Catalina Rodríguez; Fernando León Bolaños para su hermano Álvaro Javier; Octavio Augusto Tejeiro cerró contratos por $120 millones de pesos con la firma familiar Tejeiro & Díaz-Better Abogados.
¿La justificación oficial? «Nombramientos por méritos». ¿La realidad? Un sistema donde el mérito se mide por el apellido y los lazos familiares.
Pero aquí está el detalle más perverso: estos no fueron favores impulsivos o casuales. Camargo renunció a la Defensoría tres meses antes de cumplir su período, justamente el tiempo necesario para no quedar inhabilitado para competir por la Corte Constitucional. ¿Premeditación? Por supuesto que no, según él mismo. Solo fue una «decisión académica» para irse a la Universidad Sergio Arboleda. Claro, porque nada dice «vocación docente» como renunciar estratégicamente para esquivar inhabilidades legales.
Los Magnates de la Justicia: Cuando el poder tiene nombre y apellido
Carlos Camargo no es un advenedizo. Es la aristocracia política hecha persona. Primo del excandidato presidencial David Barguil, cuñado del senador Marcos Daniel Pineda, yerno de la exsenadora Nora García Burgos. Su árbol genealógico parece el organigrama del Congreso de la República.
Sus conexiones no se limitan a la familia. Durante su elección como Defensor del Pueblo, Simón Gaviria realizó llamadas intensas promoviendo su candidatura. El presidente Iván Duque, su compañero de universidad en la Sergio Arboleda, lo respaldó decisivamente. Los partidos Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático le dieron su apoyo masivo.
¿El resultado? 140 votos de 155 posibles. Una mayoría que no se explica solo por competencia profesional, sino por la compleja red de favores, compromisos y intercambios que caracterizan la política colombiana.
Pero la verdadera genialidad del sistema Camargo no está en quién lo eligió, sino en cómo se aseguró de que quienes lo iban a elegir después tuvieran razones para agradecerle. Porque cuando nombrás al primo del magistrado A, al hijo del magistrado B y a la nuera del magistrado C, no estás haciendo nombramientos: estás haciendo inversiones a futuro.
El Costo Real: Lo que Colombia pierde cada vez
Mientras los Camargo del país juegan ajedrez con las instituciones, ¿quién paga la cuenta? Cada peso destinado a un «merecido» familiar es un peso que no llega a quien realmente lo necesita. Cada puesto regalado por nepotismo es una oportunidad negada a quien sí tiene las competencias.
Pero el costo va mucho más allá del dinero. Cuando la justicia funciona como un negocio familiar, ¿qué confianza puede tener el ciudadano común en que sus derechos serán protegidos imparcialmente? Cuando los magistrados deben favores personales al nuevo miembro de la Corte Constitucional, ¿qué independencia judicial queda?
El caso Camargo replica exactamente el patrón del exprocurador Alejandro Ordóñez, cuya reelección fue anulada por el Consejo de Estado en 2016 por violar el artículo 126 de la Constitución: la prohibición de nombrar familiares de funcionarios que pueden influir en la designación del nominador.
Pero claro, Camargo argumenta que «esa sentencia no aplica a su caso« porque él ya no está en el cargo. Una interpretación legal tan creativa como conveniente. Es como decir que el soborno no cuenta si ya te gastaste la plata.
El Sistema que hace posible lo imposible
Lo que más asombra del caso Camargo no es que haya ocurrido, sino que haya ocurrido en plena luz pública y casi sin consecuencias. Los magistrados beneficiados por sus nombramientos se declararon impedidos para votar, pero la plenaria de la Corte Suprema rechazó esos impedimentos.
¿La lógica? Si los jueces pueden decidir sobre sus propios conflictos de interés, entonces no hay conflicto de interés. Es como permitir que el acusado sea su propio juez, pero con toga y solemnidad.
El senador Wilson Arias del Pacto Histórico anunció una demanda contra la elección de Camargo, pero en un sistema donde la justicia se autorregula y los favores se cobran con intereses, ¿qué esperanzas reales tiene esa demanda?
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro critica la elección y habla del «cartel de la toga», pero el daño ya está hecho. Camargo llegó a la Corte Constitucional con 62 votos a favor, respaldado precisamente por quienes tenían razones personales para agradecerle.
La preguntaque nos define
El caso Carlos Camargo es más que una anécdota sobre nepotismo judicial. Es la prueba viviente de que en Colombia la separación de poderes es una ficción literaria. Es la demostración de que las élites políticas tradicionales —representadas por figuras como Germán Vargas Lleras, César Gaviria, Álvaro Uribe y Efraín Cepeda— han perfeccionado un sistema donde el poder se hereda, se compra y se intercambia como cualquier mercancía.
¿Cuántos Carlos Camargo más están sembrando favores en este momento para cosechar poder mañana? ¿Cuántas instituciones más funcionan como agencias de empleo familiar mientras fingen servir al interés público?
La verdad es que el sistema no está roto: está funcionando exactamente como fue diseñado. Para servir a quienes saben cómo jugarlo, no a quienes necesitan que funcione.
La próxima vez que escuches hablar de «independencia judicial» o «meritocracia«, recuerda el nombre Carlos Camargo. Porque en Colombia, la justicia no es ciega: simplemente tiene muy buena memoria para los favores recibidos.
La pregunta no es si podemos cambiar este sistema. La pregunta es si tenemos el valor de admitir que llevamos décadas fingiendo que no existe.
