Mientras 18 familias esperan sus casas derribadas, los «contrataderos» siguen cobrando anticipos por obras fantasma
En Pueblo Rico, Risaralda, derribar cuatro casas mal construidas fue más barato que explicar por qué 18 familias siguen esperando un techo que nunca llegó. Pero hay algo más costoso que esas paredes derrumbadas: los $1.359 millones que ya se embolsó el contratista por un trabajo que jamás completó. Bienvenidos al negocio perfecto que Colombia ha perfeccionado durante décadas: cobrar por adelantado, entregar migajas y desaparecer con el dinero de todos.
Este no es un caso aislado de incompetencia burocrática. Es la radiografía de una maquinaria diseñada para funcionar exactamente así: $133.000 millones en anticipos ya pagados por obras que están suspendidas. Más del doble de lo que gana Luis Díaz en el Bayern Munich, pero sin balones ni goles, solo promesas rotas y familias traicionadas.
La Verdad Oculta: El Sistema de los «Contrataderos»
Mientras los colombianos discutían si el proceso de paz era viable, una red silenciosa ya había encontrado la forma de convertir esos recursos en su negocio personal. Los fondos mixtos, esos entes privados que manejan dineros públicos con la elegancia de quien se sirve de la mesa ajena, se convirtieron en la herramienta perfecta para evitar la competencia y repartirse contratos a discreción.
El mecanismo es diabólicamente simple: mientras el Estatuto General de Contratación obliga a las entidades públicas a hacer licitaciones transparentes, los fondos mixtos usan manuales privados para adjudicar obras «a dedo«. Casi $3 billones de pesos de regalías terminaron en manos de estos «contrataderos» que, según el abogado Iván Unigarro, representan «una maniobra abiertamente ilegal para obviar la aplicación del estatuto general de contratación«.
¿La respuesta oficial? Esteban José Cleves, presidente del Fondo Mixto Sierra Nevada, asegura que no es ilegal porque «si fuera ilegal tendríamos muchos procesos judiciales abiertos, pero no los tenemos«. La lógica perfecta del corrupto colombiano: si no me han pillado, entonces no estoy robando.
Los actores del Gran Teatro de la corrupción
En este montaje participan los actores de siempre, con sus roles perfectamente ensayados:
Los Ejecutores: Los fondos mixtos que se inventaron el cuento de ser «promotores de arte y cultura» pero terminaron siendo máquinas de adjudicar obras sin competencia. Su especialidad: enviar invitaciones a ofertar solo a sus «socios», convirtiendo la contratación pública en un club privado donde la membresía se paga con complicidad.
Los Contratistas Fantasma: Como Ingeniería Y Proyectos Sostenibles (Inprosos S.A.S.), que cobró $1.359 millones por 18 viviendas, entregó cuatro tan mal hechas que hubo que demolerlas, y ahora se niega a devolver el anticipo. Su modelo de negocio es genial: cobrar por adelantado y luego argumentar que «las lluvias» impidieron trabajar.
Los Políticos Intermediarios: El representante conservador Wadith Manzur, quien desde las comisiones económicas del Congreso presionaba al Gobierno con la amenaza de frenar proyectos clave si no priorizaban sus obras favoritas. Los chats que tiene la Corte Suprema muestran cómo Manzur convertía su poder legislativo en una herramienta de extorsión institucional.
Los Funcionarios Cómplices: Como el ex alto consejero presidencial Emilio Archila, cuya firma aparece en varios de los contratos que ahora están bajo investigación por la Procuraduría.
El Impacto Real: Cuando la Paz se vuelve negocio
Todos estos contratos fantasma tienen algo en común: fueron financiados con dineros destinados a implementar el Acuerdo de Paz. Recursos que debían llevar desarrollo a territorios históricamente abandonados terminaron alimentando la maquinaria de siempre.
El resultado son 38 contratos suspendidos con anticipos ya cobrados por más de $133.000 millones. Algunos llevan hasta tres años parados, mientras en la planeación original no superaban los 12 meses de ejecución. Los argumentos para suspender son una colección de excusas dignas de un estudiante que no hizo la tarea: temporada de lluvias, derrumbes, incendios, amenazas de grupos armados.
Pero la realidad es más simple: es más rentable cobrar el anticipo y encontrar excusas para no trabajar que cumplir con el contrato. El sistema colombiano ha premiado durante décadas esta lógica perversa donde el que roba pero promete gana más votos que el que cumple sin alharacas.
El Sistema que lo Permite: Colombia, el país que se acostumbró a perder
Este desfalco masivo no es el resultado de unos cuantos funcionarios deshonestos. Es el producto de una sociedad que «se acostumbró a perder«. Aquí el problema no es solo el político que roba, es el ciudadano que lo justifica, el empresario que paga la campaña a cambio de favores, el votante que dice «todos roban pero este me ayuda«.
Los fondos mixtos existen porque nosotros los permitimos. Los contratos a dedo prosperan porque preferimos las «miniganancias» inmediatas que la transparencia a largo plazo. La corrupción se normalizó tanto que ya no escandaliza ver $133.000 millones perdidos en anticipos de obras que nunca se van a terminar.
La Radiografía Profunda: Anatomía de la Impunidad
El caso de los anticipos suspendidos revela los mecanismos invisibles que perpetúan la corrupción en Colombia:
- La Fragmentación del Control: Al dispersar los recursos entre múltiples fondos mixtos, se hace casi imposible el seguimiento efectivo. Cuando El Espectador pidió información a seis fondos, ninguno respondió.
- La Complicidad Institucional: El DNP identifica proyectos problemáticos y abre Procesos Administrativos de Control (PAC), pero los anticipos ya están perdidos. Es como cerrar el establo después de que se escaparon los caballos.
- La Prescripción Planificada: Con contratos suspendidos durante años, los responsables esperan que los delitos prescriban antes de que lleguen las investigaciones.
- La Socialización de las Pérdidas: Mientras los contratistas se embolsan los anticipos, las comunidades asumen el costo de las obras inconclusas y los ciudadanos pagan con sus impuestos la ineficiencia del sistema.
Más allá de los titulares: La Verdad que nadie cuenta
La investigación de El Espectador no solo reveló cifras. Construyó una base de datos que cualquier ciudadano puede consultar para verificar si hay proyectos en riesgo en su región. Esta transparencia activa es lo que realmente incomoda al sistema: que los ciudadanos puedan rastrear cómo se gastan sus recursos.
Pero la verdad va más profundo. Estos $133.000 millones perdidos representan hospitales que no se construyeron, escuelas que no se terminaron, vías que quedaron a medias, familias que siguen esperando. Cada peso desviado es una oportunidad de desarrollo que se esfumó en los bolsillos de quienes convirtieron la esperanza de paz en su negocio personal.
La corrupción no es un bug del sistema colombiano, es una feature. Los fondos mixtos, los contratos a dedo, los anticipos sin garantías reales, los políticos intermediarios: todo funciona exactamente como fue diseñado para funcionar. La pregunta no es si vamos a seguir permitiendo que nos roben $133.000 millones por obras fantasma. Es si estamos dispuestos a despertar de la resignación que nos convirtió en cómplices de nuestro propio saqueo.
Porque mientras sigamos creyendo que «todos son iguales» y que «así es Colombia«, los contratistas seguirán cobrando anticipos por obras que jamás van a terminar. Y las 18 familias de Pueblo Rico seguirán esperando un techo que se desplomó antes de ser habitado, como metáfora perfecta de un país que se acostumbró a construir sobre cimientos de mentiras.
El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.
