La Procuraduría confirma lo que todos sabíamos: las EPS son aspiradoras de recursos públicos disfrazadas de entidades de salud
Que levante la mano quien se sorprende de que las EPS se roben la plata destinada a la salud de los colombianos. Nadie, ¿verdad? Porque todos lo sabíamos, todos lo intuíamos, todos lo sentíamos en carne propia cada vez que un familiar moría esperando una cirugía o cuando nos negaban un medicamento «porque no está en el POS«. Pero ahora la Procuraduría nos regala la confirmación oficial de lo que llevamos décadas viviendo: el sistema de salud colombiano es una maquinaria de saqueo perfectamente aceitada.
La noticia no es que José Homero Cadena Bacca, el expresidente ejecutivo de EMSSANAR EPS, haya «omitido gestionar» el pago de $998.716 millones. La noticia tampoco es que más del 25% de esa deuda llevara entre 60 y 360 días de mora. La verdadera noticia es que el sistema está diseñado para que esto suceda, para que se normalice, para que sigamos aplaudiendo mientras nos saquean.
El Mecanismo Invisible: Cómo funciona la máquina de robar
Detrás de cada peso desviado hay un sistema perfectamente diseñado que opera con la precisión de un reloj suizo. Las EPS no son empresas de salud; son empresas de intermediación financiera que han encontrado en el sufrimiento humano su modelo de negocio más rentable.
¿Cómo lo hacen? Simple. Reciben los recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) que gira ADRES, dinero que por ley debe destinarse exclusivamente a la atención en salud. Pero en lugar de invertir esos recursos en médicos, medicamentos y tratamientos, los «redirigen» hacia otros conceptos. En el caso de la Nueva EPS, más de $1.000 millones se fueron al «Plan Semilla«, un supuesto plan de ahorro voluntario. En Mallamas, $73 millones se esfumaron en «indemnizaciones laborales«.
José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, tuvo la audacia de justificar este desvío clasificándolo como «gasto administrativo«. Porque claro, cuando te robas la plata destinada a salvar vidas, lo importante es encontrar la categoría contable correcta para que suene legal.
La Aritmética del Cinismo
Hablemos en números, porque los números no mienten como los políticos. EMSSANAR debía $998.716 millones. Para ponerlo en perspectiva: con esa plata se podrían haber construido 20 hospitales de segundo nivel o comprado 500.000 tratamientos de quimioterapia. Pero no. Esa plata estaba «en mora«, esperando mientras los pacientes se morían esperando.
Y la Procuraduría, con esa elegancia burocrática que los caracteriza, dice que esto «habría afectado el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud«. Habría afectado. Como si hubiera alguna duda. Como si los colombianos no lleváramos décadas siendo testigos de las consecuencias de este saqueo sistemático. Y solo hasta ahora denuncian el robo de cifras pírricas pero significatvos, pues el que se roba un huevo, se roba un buey.
La Nueva EPS se robó más de $1.000 millones. Mallamas, $73 millones. EMSSANAR, casi mil millones en mora. SOS y Asmet Salud también están en la mira. ¿El patrón? Siempre el mismo: recibir recursos públicos destinados a salud y usarlos para todo menos para salud.
El Ecosistema de la Impunidad
Pero aquí viene lo más perverso del asunto: este no es un problema de «manzanas podridas«. Esto es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Las EPS son el eslabón más visible de una cadena de corrupción que incluye políticos que diseñan las leyes, funcionarios que otorgan las licencias, contralores que «auditan» sin ver nada y ciudadanos que votan por los mismos de siempre esperando resultados diferentes.
¿Quieren saber por qué estos casos salen a la luz solo cuando las EPS ya están intervenidas o en crisis? Porque el sistema de control es parte del problema. La Contraloría emite informes, la Procuraduría formula cargos, la Fiscalía recibe denuncias. Todos hacen su trabajo… después de que el daño ya está hecho, después de que los recursos ya se perdieron, después de que los pacientes ya se murieron.
José Homero Cadena ejerció su cargo entre febrero de 2020 y noviembre de 2021. Casi dos años manejando casi un billón de pesos de deuda en mora. ¿En serio nadie se dio cuenta? ¿En serio nadie vio las alarmas? ¿O será que todos vieron y todos callaron porque así funciona el negocio?
La Verdad que duele
El informe de la Procuraduría revela algo que debería avergonzar a cualquier sociedad civilizada: «los recursos fueron girados, pero no ejecutados en los servicios contractuales, sino redirigidos a pagos sin soporte o justificación, algunos incluso con destino a paraísos fiscales«.
Paraísos fiscales. Mientras usted, lector, espera meses por una cita con especialista, mientras su hijo con cáncer batalla contra el sistema para conseguir un medicamento, mientras su padre diabético se queda sin insulina, los recursos de su salud están veraneando en una cuenta bancaria en las Islas Caimán.
¿Y saben qué es lo más cruel? Que todo esto se hace bajo el paraguas de la «seguridad social«. Nos venden la idea de que estamos «asegurados«, de que tenemos «derecho» a la salud, de que las EPS nos «protegen«. La realidad es que somos productos en una línea de ensamblaje diseñada para extractar el máximo valor de nuestro sufrimiento.
El costo real de la Corrupción
No se trata solo de plata. Se trata de vidas. Cada peso desviado es un colombiano que no recibió el tratamiento que necesitaba. Cada «redireccionamiento» de recursos es una familia quebrada por los gastos médicos que el sistema debería cubrir. Cada «Plan Semilla» es un niño que se quedó sin cirugía.
Pero el daño va más allá. Esta corrupción sistemática destruye la confianza ciudadana en las instituciones, normaliza el robo como método de gestión y perpetúa un círculo vicioso donde los corruptos ganan porque la sociedad se acostumbró a perder.
¿Cuántos José Homero Cadena siguen operando en el sistema? ¿Cuántos José Fernando Cardona están «administrando» recursos públicos mientras usted lee este artículo? ¿Cuántos Segundo Libardo Tapié están convirtiendo su derecho a la salud en su patrimonio personal?
La Pregunta Incómoda
La Procuraduría habla de «presunta omisión en la gestión«. Los medios hablan de «irregularidades«. Los políticos hablan de «fortalecer los controles«. Pero nadie hace la pregunta fundamental: ¿Por qué un sistema que genera tantos casos de corrupción sigue existiendo tal como está?
La respuesta es simple y aterradora: porque funciona. No para los pacientes, no para los médicos, no para la salud pública. Funciona para quienes se benefician del saqueo. Y mientras los beneficiarios del sistema sean quienes tienen el poder para cambiarlo, nada va a cambiar.
Cada proceso disciplinario que abre la Procuraduría es un parche en una tubería rota. Cada investigación de la Contraloría es una aspirina para un cáncer terminal. Cada titular de prensa es una cortina de humo para ocultar que el problema no son los corruptos: es la corrupción sistémica.
El Sistema que nos merecemos
Al final, el sistema de salud colombiano es el espejo perfecto de nuestra sociedad. Un país que aplaude al corrupto que «al menos hace algo» merece que le roben hasta el derecho a morirse dignamente. Un pueblo que vota por los mismos partidos que diseñaron este entramado de saqueo merece morir esperando en las filas de las EPS.
Porque el problema no es José Homero Cadena ni José Fernando Cardona ni Segundo Libardo Tapié. El problema somos nosotros, que seguimos creyendo que el próximo gobierno va a ser diferente, que la próxima reforma va a solucionar todo, que el próximo escándalo va a ser el último.
La Procuraduría seguirá formulando cargos. La Contraloría seguirá emitiendo informes. La Fiscalía seguirá recibiendo denuncias. Y los colombianos seguiremos muriendo mientras nuestros recursos de salud siguen su camino hacia los paraísos fiscales.
Hasta que no entendamos que la verdadera enfermedad no está en las EPS sino en nosotros, seguiremos siendo pacientes terminales de un sistema que nos ve como números en una hoja de balance.
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