El show de los $10 millones
La Alcaldía de Cúcuta cree que la tranquilidad ciudadana se compra al menudeo: ofrece $10 millones de recompensa por información que lleve a la captura de los jefes de las bandas que tienen sitiados a Colinas del Tunal y Seis de Reyes.
El cartel, con fotos borrosas y rostros inciertos, parece más una broma cruel que una estrategia seria de seguridad. Mientras tanto, esos mismos delincuentes recogen —con absoluta impunidad— más de $1.000 millones mensuales en negocios de microtráfico, extorsión y sicariato.
¿Ingenuidad? ¿Desconexión? O tal vez solo un juego de apariencias para “mostrar gestión” ante los mandos superiores. Porque si algo denota el cartel no es valentía, sino la mediocridad de la inteligencia policial y la inexistencia de una estrategia real contra el crimen.
Un espejo en Barranquilla
La escena en Cúcuta recuerda demasiado lo que ocurre en Barranquilla, otra capital sitiada por las bandas criminales.
Un comerciante, dueño de un restaurante próspero en un barrio céntrico, paga religiosamente $2 millones mensuales en fajos de billetes de $50 mil. Dos hombres en motos de alto cilindraje llegan, recogen el dinero en una bolsa de manila y huyen raudos. Hasta ahí, la rutina extorsiva de cualquier ciudad tomada por el hampa.
Pero lo grotesco vino después: tres cuadras más adelante, el comerciante ve a esos mismos delincuentes entregándole el paquete de dinero a dos policías motorizados.
He aquí la radiografía más brutal: en Colombia, las líneas entre criminal y autoridad no solo se cruzan, se borran.
El mecanismo invisible de la impunidad
No nos digamos mentiras: los delincuentes mandan porque el Estado se retiró de los barrios populares, y porque las instituciones que deberían enfrentarlos se han convertido en su caja menor.
El problema no son solo las bandas. Es el sistema corrupto que las alimenta: políticos que fingen lucha, policías que protegen el negocio, ciudadanos resignados que pagan porque saben que denunciar es más peligroso que callar.
Actores del teatro macabro
- Los jefes de las bandas, que no necesitan esconderse mucho: saben que los capturan solo si conviene políticamente.
- Los policías corruptos, que han dejado de ser perseguidores para convertirse en socios operativos.
- La Alcaldía, que hace carteles de papel mientras las arcas municipales se inflan con contratos sospechosos.
- Los ciudadanos, que ven cómo la dignidad se empaca en bolsas de manila y se reparte entre criminales y uniformados.
El costo humano
Cada extorsión es un plato menos en la mesa de una familia.
Cada homicidio es un barrio que aprende a convivir con la muerte.
Cada peso entregado en una bolsa de manila es un ladrillo más en el muro de la impunidad.
El impacto real no es solo económico: es el miedo convertido en norma. Una sociedad donde callar parece más seguro que exigir justicia.
Un Estado cómplice por omisión
Lo de Cúcuta y Barranquilla no son historias aisladas: son síntomas de un mismo cáncer. El crimen se expande porque la corrupción estructural asegura que nunca falte un alcalde dispuesto a posar para la foto o un policía listo para recibir la cuota.
Y, por si fuera poco, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia sigue desaparecida en combate: no existe una sola estrategia anticorrupción visible que esté garantizando el buen uso de los recursos públicos.
Civismo y sociedad civil: el verdadero antídoto
Si la política y la Policía han decidido ser parte del problema, la salida está en la sociedad civil organizada. El civismo, esa “tecnología social olvidada”, y la fuerza de ciudadanos libres que vigilan al poder, son la única manera de arrebatarles el territorio a los corruptos y criminales.
Cada comunidad que se organiza, cada ciudadano que denuncia, cada colectivo que exige transparencia, es un muro contra la barbarie.
Porque al final, no se trata de esperar a que el Estado cumpla, sino de demostrar que la soberanía está en las manos de quienes se niegan a vivir de rodillas.
