Un préstamo de $83.230 millones firmado en silencio, dos versiones del costo de la obra, $23.000 millones sin explicación y un banco que aparentemente desembolsó sin cumplir sus propios requisitos.
Por | corrupcionaldia.com | Marzo 2026
El 14 de octubre de 2025, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa firmó un contrato de empréstito con Bancolombia por $83.230 millones de pesos. Ese contrato solo apareció en el SECOP el 12 de marzo de 2026: cinco meses y veintiocho días después de su firma. Mientras tanto, las obras avanzaban, el gobernador inauguraba tramos, los medios aplaudían y usted, que paga el impuesto a la cerveza, al registro y a los vehículos, ignoraba que su bolsillo acababa de ser pignorado por una década.
EL MECANISMO EXPUESTO — LA ARITMÉTICA DEL ENGAÑO
El proyecto de recuperación de las playas de Santa Verónica es, en su propósito ambiental y social, legítimo. El corregimiento de Juan de Acosta lleva años viendo cómo el mar le come las playas, los negocios y las calles. La erosión costera es real, documentada por la Universidad del Magdalena (¿qué pasó con la universidad del Atlántico?) y verificada por la ANLA. Nadie discute la necesidad de actuar.
Lo que se discute —y lo que el gobernador prefirió no decirle al pueblo— es cómo se pagó, cuánto costó en realidad y por qué tardó cinco meses en aparecer en el sistema de contratación pública.
Verano inauguró las obras el 28 de octubre de 2025 anunciando una inversión de $71.205 millones, de los cuales $66.547 millones correspondían a la ejecución del Consorcio Playas Santa Verónica y $4.658 millones a la interventoría del Consorcio Protección Atlántico. En todos los comunicados oficiales y en los medios que los replicaron sin cuestionar, la frase era la misma: «financiado con recursos propios del departamento«.
«Financiado con recursos propios» — y dos semanas después, un banco tenía firmado un préstamo por $83.230 millones.
Lo que el gobernador no dijo —porque el SECOP se lo permitió durante cinco meses— es que el 14 de octubre de 2025, dos semanas antes de la inauguración de la primera piedra, la Gobernación del Atlántico había suscrito un contrato de empréstito con Bancolombia por $83.230 millones de pesos. Un préstamo a diez años. Con intereses. Con garantía. Y con una cláusula que la denuncia ciudadana detectó: para que el banco desembolsara, el contrato debía estar publicado en el SECOP. Esa publicación solo ocurrió el 12 de marzo de 2026.
La pregunta que la Gobernación no ha respondido: si el contrato requería publicación en SECOP para el desembolso, ¿cómo avanzaron las obras desde octubre de 2025? ¿Bancolombia desembolsó sin cumplir sus propios requisitos? ¿Existe otra fuente de financiación que el público desconoce? ¿O el banco, al igual que la Gobernación, decidió saltarse las reglas por «urgencia política» del gobernador?
LOS NÚMEROS QUE EL ATLÁNTICO NECESITA VER
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Costo anunciado por Verano (octubre 2025) | $71.205 millones |
| Costo real del contrato con Puerta de Oro | $94.000 millones |
| Préstamo con Bancolombia (firmado oct. 14, 2025) | $83.230 millones |
| Total a pagar en 10 años (con intereses) | Más de $150.000 millones |
| Solo intereses en 2 años de ‘gracia’ | ~$19.000 millones |
| Diferencia inexplicada entre contratos | $23.000 millones |
| Meses que el contrato estuvo oculto del SECOP | 5 meses |
Fuentes: SECOP II (Gobernación del Atlántico), comunicados oficiales de la Gobernación del Atlántico (oct. 2025), Emisora Atlántico, El Norte, Diario La Libertad, denuncia ciudadana publicada el 12 de marzo de 2026.
EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS CONTRACTUAL
Aquí la aritmética se pone aún más interesante —o más perturbadora, según desde dónde se mire.
La Gobernación del Atlántico no contrató directamente las obras con el Consorcio Playas Santa Verónica. Lo hizo a través de un contrato interadministrativo con Puerta de Oro, una entidad que actuó como intermediaria. El valor de ese convenio interadministrativo asciende a $94.000 millones de pesos. La suma de la obra ($66.547 millones) más la interventoría ($4.658 millones) da exactamente $71.205 millones. Es decir: entre lo que Puerta de Oro va a recibir y lo que se va a ejecutar en obra e interventoría existe una diferencia de $22.795 millones de pesos —casi $23.000 millones— cuyo destino y concepto no han sido explicados públicamente.
El préstamo con Bancolombia es por $83.230 millones. El contrato con Puerta de Oro es por $94.000 millones. La diferencia entre ambos es de $10.770 millones. ¿De dónde salen esos recursos? La denuncia ciudadana lo plantea con claridad quirúrgica: «suma de dinero que no se sabe de dónde va a salir o de dónde salió«.
Estamos ante lo que se llama con precisión un «triángulo de las bermudas de la contratación«: la Gobernación del Atlántico contrató con Puerta de Oro por $94.000 millones, Puerta de Oro subcontrató la obra por $71.205 millones, y la Gobernación consiguió el dinero con un préstamo de $83.230 millones. Nadie explica los $23.000 millones de diferencia, nadie explica cómo funciona el desembolso cuando el contrato solo apareció en el SECOP cinco meses después de su firma, y nadie explica qué hace Puerta de Oro para justificar ser el intermediario en un proyecto de esta magnitud.
LA DEUDA QUE SUS IMPUESTOS PAGARÁN
El préstamo tiene una arquitectura financiera que conviene entender con precisión, porque es el dinero de todos los atlanticenses.
El contrato de empréstito con Bancolombia es a diez años. Los primeros dos años —que coinciden exactamente con el tiempo que le resta a Verano en la gobernación— son de «gracia»: el departamento solo paga intereses, sin abonar al capital. En esos dos años, la Gobernación pagará aproximadamente $19.000 millones solo en intereses. Es decir, cuando Verano entregue el cargo, el Atlántico habrá pagado casi $19.000 millones por una deuda que todavía no ha amortizado un solo peso de capital.
A lo largo de los diez años, el costo total del préstamo —incluyendo intereses— superará los $150.000 millones de pesos. Por una obra que fue presentada al público como una inversión de $71.205 millones. La diferencia entre lo que Verano anunció y lo que el Atlántico terminará pagando es de casi el doble.
Para garantizar el préstamo, la Gobernación pignoró tres rentas departamentales: el impuesto al consumo de cerveza, sifones y refajos; el impuesto de registro; y el impuesto vehicular. Eso significa que cada vez que un atlanticense registra una escritura, renueva su carro o consume una cerveza, una parte de ese dinero está comprometida durante diez años con Bancolombia. No con un hospital. No con una escuela. Con un banco. Por una obra que «se pagó con recursos propios«.
Si hoy tiene un hijo de 8 años, cuando termine de pagar esta deuda su hijo ya será mayor de edad y habrá vivido toda su adolescencia en un departamento financieramente empeñado.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE
Este caso no es una anomalía. Es un patrón. En febrero de 2026, corrupcionaldia.com documentó cómo seis contratos sociales por $6.000 millones fueron publicados en el SECOP II entre las 4:57 y las 5:43 de la tarde de un lunes de Carnaval —cuando el plazo de observaciones había vencido a las 4:00 de la tarde. La trampa del reloj: crear la apariencia de transparencia sin su contenido.
El préstamo con Bancolombia es la misma trampa a mayor escala. El SECOP existe precisamente para que los ciudadanos sepan qué hace el Estado con su dinero. Pero si un contrato de $83.230 millones tarda cinco meses en aparecer, el SECOP se convierte en una vitrina vacía: la forma de la transparencia sin su sustancia. Y mientras la vitrina está vacía, las obras avanzan, los contratos se ejecutan, los recursos fluyen y el pueblo, que es el que paga, no sabe nada.
El profesor Alejandro Nieto, en su análisis de cómo el aparato estatal es capturado por élites políticas, lo describe con precisión que aplica con exactitud al Atlántico: la corrupción estructural no es un problema de casos aislados sino una práctica sistemática integrada al funcionamiento del Estado. No es que la Gobernación haya cometido un error. Es que el sistema funciona exactamente así: la opacidad no es un fallo, es una política.
El GAULA, cuando no investiga. La Gobernación, cuando no publica. Bancolombia, cuando aparentemente desembolsa sin que se cumplan sus propios requisitos. Todos juntos construyen lo que en ciencia política se llama el Estado Profundo: una red de intereses que opera coordinada, que sobrevive a los cambios electorales y que garantiza que quien tiene la capacidad de mover los recursos siempre los mueva sin que el pueblo lo sepa.
Hay tres preguntas que Eduardo Verano de la Rosa debe responder ante la ciudadanía del Atlántico:
Primera: ¿Por qué anunció que la obra se financiaba con recursos propios cuando ya había firmado un préstamo con Bancolombia?
Segunda: ¿Cómo avanzaron las obras si el SECOP no tenía publicado el contrato de empréstito, que era requisito para el desembolso?
Tercera: ¿A dónde van los $23.000 millones que hay entre el contrato con Puerta de Oro y lo que se ejecutará en obra e interventoría?
ANÁLISIS JURÍDICO: EL DERECHO QUE SE VIOLÓ
La omisión de publicar en el SECOP no es una falla administrativa menor ni un olvido burocrático que se resuelve con una disculpa institucional. Es una violación concreta, verificable y sancionable del ordenamiento jurídico colombiano. El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 es inequívoco: la entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los tres días siguientes a su expedición. El contrato es, explícitamente, uno de esos documentos.
La Gobernación del Atlántico firmó el empréstito con Bancolombia el 14 de octubre de 2025. Tenía hasta el 17 de octubre para publicarlo. Lo publicó el 12 de marzo de 2026: ciento cuarenta y nueve días hábiles tarde. Eso no es un desliz; es una política. Y tiene nombre en el Estatuto General de Contratación: vulneración del principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que exige que toda la actividad contractual del Estado sea pública, verificable y accesible al ciudadano. La norma no deja espacio para interpretación: en ningún caso la información contractual podrá tener un rezago mayor a diez días.
La Gobernación del Atlántico superó ese límite en casi quince veces. Las consecuencias jurídicas son claras: responsabilidad disciplinaria para los funcionarios que omitieron la publicación —competencia de la Procuraduría General de la Nación—; posible responsabilidad fiscal si se acredita que el retraso ocultó irregularidades en la ejecución de los recursos —competencia de la Contraloría—; y, dependiendo de lo que revele la investigación sobre el desembolso de Bancolombia sin cumplir los requisitos del propio contrato, eventuales imputaciones penales por celebración indebida de contratos bajo el artículo 410 del Código Penal. El sistema jurídico tiene los instrumentos. Lo que falta, como siempre en Colombia, es la voluntad de usarlos.
CIERRE
El Atlántico es el tercer departamento con más hambre en Colombia, solo superado por La Guajira y Sucre. Y mientras su gente no tiene qué comer, su gobernador firmó en silencio una deuda de $83.230 millones que le costará al departamento más de $150.000 millones en una década. Sin decirlo. Sin explicarlo. Sin publicarlo en el SECOP durante cinco meses.
Eso no es un error administrativo. Es la lógica del poder cuando sabe que nadie está mirando.
Las preguntas están sobre la mesa. La Contraloría Departamental del Atlántico tiene el SECOP. La Procuraduría tiene competencia disciplinaria. La Fiscalía tiene experiencia reciente con funcionarios de la misma Gobernación. Lo que falta es la voluntad de actuar antes de que Verano termine su mandato, se vayan los dos años de «gracia» y el Atlántico quede con la deuda, los intereses y ninguna respuesta.
La pregunta no es si hubo irregularidades. Los números están en el SECOP. La pregunta es si los atlanticenses van a seguir siendo espectadores mientras su futuro se negocia en contratos que aparecen cinco meses tarde.
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