Esta semana que termina la Procuraduría General de la Nación dio a conocer un comunicado en el que informa que solicitó al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, definir acciones que permitan el pago de los más de mil millones de pesos que adeudan los habitantes de Providencia por concepto del servicio público de energía. 

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En respuesta a la solicitud del organismo de control, el mandatario señaló que no ha usado recursos públicos para pagar la facturación de los usuarios de las islas de Providencia y Santa Catalina, luego de que la comunidad del municipio denunciara irregularidades en la facturación de energía

Y aclaró que el tema no es de su competencia, sino de la Superintendencia de Servicios Públicos, mientras pobladores de Providencia protestaron porque los incrementos en la facturación eran altos, teniendo presente que por el paso del huracán Iota muchos se quedaron sin casas y sin electrodomésticos, por lo que no entienden el costo elevado en la facturación

Hawkins invitó a la empresa generadora de energía SOPESA S.A. a pensar en la comunidad antes de facturar a vecinos que no tienen viviendas. 

Por responsabilidad social la empresa Sopesa debe, de alguna manera, en este momento de calamidad contribuir y no cortar el servicio a la comunidad de providencia mientras resolvemos el tema en una mesa de trabajo
Everth Julio Hawkins Sjogreen
Gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Esta nueva actuación de la Procuraduría, no deja de llamar la atención, por cuanto, si bien, entre sus funciones está la de vigilar a los funcionarios públicos para que cumplan a cabalidad con las obligaciones inherentes a su cargo, no es de resorte del órgano de vigilancia hacer las veces de “chepito” en favor de una entidad de carácter privado, y en cambio no llama la atención a la Comisión Nacional de Regulación y Energía (CREG), encargada de definir las tarifas del servicio o a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entidad bajo cuya responsabilidad recaen las soluciones a corto y mediano plazo ante eventos catastróficos, como el ocurrido en la isla en noviembre del 2020. 

Tampoco la Procuraduría hace un llamado al Gobierno nacional para que dé solución al tema, frente a la ya difícil situación que atraviesan los habitantes del archipiélago. 

Pero no es de extrañar este pronunciamiento de la Procuraduría, que desde que asumió su dirección Margarita Cabello, ha venido profiriendo una serie de fallos y actuaciones que dejan mucho que pensar. 

Desde el 15 de enero, día en que se posesionó Cabello, varios han sido los procesos de investigación disciplinaria archivados en la Procuraduría. 

Ese mes por ejemplo, se archivó el proceso en contra de la expresidenta de la empresa de mensajería oficial 4/72, Adriana Barragán, por un millonario contrato suscrito entre esta entidad y el Sena, que en ese entonces era dirigido por su esposo Alfonso Prada. También la investigación preliminar al excomandante del Ejército Nicacio Martínez por las directrices dadas al Ejército para «mejorar los resultados operacionales», que fueron denunciadas por The New York Times por ser bastante parecidas a las que en otrora suscitaron los, al menos, 6402 falsos positivos por cuenta de las Fuerzas Armadas. 

La Procuraduría también engabetó los procesos disciplinarios contra dos generales que estaban siendo investigados por fallas en lo protocolos de seguridad cuando se perpetró el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, en 2019, y que dejó un saldo de 22 cadetes muertos. 

Y hablando de San Andrés, no pasó nada en la Procuraduría con la investigación que se abrió contra el fiscal Francisco Barbosa, por haber viajado en plena pandemia en un avión oficial llevando a su hija a vacacionar a la Isla. 

También archivó la investigación disciplinaria que desarrollaba en contra del general (r) Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), por unas declaraciones que el uniformado entregó en una rueda de prensa el 18 de octubre de 2019. Ese día, el general aseguró que una banda de traficantes conocida como “Mercaderes de la Muerte” habría aportado las armas a los asesinos de la candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), Karina García Sierra, masacrada el 1 de septiembre, Ante esa revelación, el entonces director de la seccional Cauca de la Fiscalía, Raúl Humberto González le pidió al oficial las pruebas de lo que decía, pero este negó tal declaración. 

Más recientemente, en mayo, se conoció que el organismo de vigilancia disciplinaria archivó las investigaciones que adelantaba contra ex directivos de Ecopetrol por las irregularidades en el proyecto Reficar, que es probablemente el peor caso de corrupción de la historia del país . 

Para la Procuraduría, “la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., partió del principio de buena fe y confianza en la capacidad de la administración que propuso CB&I en el proyecto Reficar dada su complejidad. Confianza que ha de entenderse razonable, precisamente por los conocimientos específicos y la experiencia en la materia de CB&I”, dejando claro que los miembros de Ecopetrol no eran expertos en las técnicas necesarias para la construcción del presupuesto de inversión y que precisamente, por ello, confiaron en las proyecciones de CB&I que era el contratista con mayor experiencia en este asunto. 

Semejante argumento para archivar una investigación que partió  de febrero de 2016 cuando ese organismo de control decidió ponerle la lupa a la responsabilidad que tendrían los directivos de Ecopetrol en el aumento del presupuesto del proyecto que entre el 2011 y 2015 pasó de $3.777 millones a $8.016 millones de dólares.

Además, de retrasos en el cronograma de terminación del proyecto pues inicialmente se tenía previsto un arranque de las unidades en junio de 2013, pero tal pronóstico se extendió hasta julio de 2017 cuando finalmente el proyecto quedó en funcionamiento, es decir, cuatro años después. 

Igual suerte tuvo la indagación preliminar contra un general, dos coroneles y otros militares por manejo indebido de recursos que, tenía un robusto acerbo probatorio para dar por ciertas, por lo menos fácticamente, las denuncias de varios militares.  

En resumen, en poco más de seis meses que lleva en el cargo, Margarita Cabello ha dejado libres de toda culpa a funcionarios y ex funcionarios que seguramente le habrán quedado agradecidos por sus buenos oficios, para no “dañarles” sus hojas de vida y de paso dejarles el camino expedito para que a futuro lleguen otra vez a cargos públicos si así lo desean. 

En cambio, Margarita Cabello se dedicó completamente a sacar adelante en el Congreso la reforma al Código General Disciplinario, con la que se le otorga mayor poder a la Procuraduría y, burlando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de julio de 2020 en contra del Estado colombiano. 

Pareciera que el nuevo talante de la Procuraduría no representará ningún peligro para los corruptos, pero sí, por las actuaciones recientes, para quienes de una u otra manera levantan su voz en contra o no son amigos del Gobierno. 

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