En el mes de mayo de 2021 la captura de dos fiscales en Cali puso al descubierto la podredumbre que ha rodeado a los aparatos de justicia en el Valle del Cauca desde hace ya varios años y su aparente contubernio con los más oscuro de bandas criminales y narcotraficantes. 

Ana Victoria Nieto

Los medios daban cuenta el 5 de mayo de las capturas de Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la Unidad Especializada de Cali, e Iván Aguirre, coordinador de Fiscalías de los Juzgados Especializados del Circuito de la capital vallecaucana, señalados de presionar a testigos y amenazarlos para delinquir a cambio de beneficios judiciales. 

Iván Aguirre Benavides

De acuerdo con las investigaciones, la fiscal Nieto habría presionado a testigos para que involucraran a la fiscal Silvana Uribe en el secuestro del empresario Víctor Franklin Monsalve ocurrido el 14 de junio de 2016; el comerciante fue interceptado en la vía que de Cali conduce a Dapa, cuando uniformados en una patrulla de policía lo detuvieron para requisarlo. Luego, un grupo de supuestos investigadores del CTI se unió a la diligencia, pero en realidad se trató de un secuestro que duró 61 días.  

La fiscal Victoria Nieto, quien logró al menos ocho condenas relacionadas con ese caso, ahora enfrentará un proceso penal por supuesto nexos ilegales con los responsables de aquel plagio. 

Los dos funcionarios de la Fiscalía, al parecer, también omitían órdenes de captura, direccionaban, dilataban o ‘engavetaban’ procesos contra personas investigadas por narcotráfico o vínculos con organizaciones criminales, a cambio de dádivas. 

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Si seguimos usando energías no renovables

Este es el tiempo que nos queda.

Uno de los presuntos favorecidos con estos actos de posible corrupción sería Jaír Sánchez Hernández, alias ‘Mueble Fino‘, considerado el último jefe de las oficinas de cobro del Cartel del Norte del Valle y quien fue enviado a prisión el 24 de mayo por los delitos de secuestro, homicidio agravado, y cohecho por dar u ofrecer. 

Jaír Sánchez Hernández, Alias Mueble fino

Cuando los dos fiscales fueron capturados el fiscal general Francisco Barbosa señaló que “Estos delitos se venían cometiendo desde noviembre del 2016 a la fecha aprovechando su investidura, estas personas presuntamente dejaron de judicializar a cabecillas de narcotraficantes, adicionalmente presentaban como cabecillas a quienes no ostentan dicha calidad“. 

Curioso que el propio fiscal Barbosa salga a decir con tanta precisión que este accionar delictivo comenzó en noviembre del 2016, es decir apenas unos meses después de cometido el secuestro del comerciante, por lo que los exonera de ese delito y queda la duda entonces de ¿qué interés tenían este par de fiscales en perjudicar a su compañera de labores, la que adelantaba de manera juiciosa la investigación para capturar a los responsables? 

“Estamos cansados”

La respuesta la dió otro grupo de funcionarios de la Fiscalía en Valle del Cauca que en un oficio (👉🏽 Ver oficio) que enviaron a la propia Fiscalía General, a la Procuraduría General de la Nación, Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia y a medios de comunicación, señalando estar “cansados” de la degradación, desacreditación y deshonra al que ha llegado el sistema judicial de Cali en sus distintas instituciones, por la corrupción, el narcotráfico, y la conducta inescrupulosa de algunos funcionarios que siguen campantes ante las autoridades” y en el que develan todo un delictivo y asqueroso andamiaje al interior de la Fiscalía con la participación de uniformados de la Policía y el Ejército en esa zona del país. 

Junto a esta carta que trae explosivas acusaciones, se reveló en abril un audio de la abogada Ruth García, hermana del señalado narco Javier García alias ‘Maracuyá’, y abogada del narco alias ‘06’, donde dice que la vicefiscal general Martha Janeth Mancera, aparentemente tiene intereses en proteger a la fiscal Ana Victoria Nieto, investigada por presunta corrupción judicial en Cali (https://caracol.com.co/radio/2021/04/30/judicial/1619805521_749162.html). 

“Lo que dicen acá en Cali, es que ellas dos son muy amigas y la doctora Martha Janeth a toda costa (quiere) que la doctora Ana Victoria quede en limpio y que no pase nada, entonces, me imagino, quieren que no esté, esa es la situación y que detrás de todo este tringuilinguis (sic) porque sé que también capturaron a unos policías entre los abogados de esos policía a unos conocidos míos, por eso también estoy enterada del tema de los policías y que detrás de esos policías y de todo esto es ese señor que le dicen ‘Mueble Fino’ (el narco)”

García también es abogada del coronel José Mosquera Archila, mencionado en el escrito de acusación que la Fiscalía radicó contra el fiscal Iván Aguirre, y en cual quedó consignado que ese coronel aparentemente buscó a otro testigo del caso de la presunta corrupción de Cali, Cristian Paul González, para involucrar falsamente a la fiscal Silvana Uribe

En ese escrito de acusación se asegura que “este mismo ofrecimiento ya se lo había hecho Iván Aguirre Benavides y Ana Victoria Nieto Salazar”. 

Un paréntesis entonces para recordar que a finales de junio de 2021 fue revelado el informe anual de la Oficina de Control de Drogas de EEUU y la Oficina de ONU contra Droga y el Delito  (UNODC) en el cual se advierte que en el 2020 hubo el mayor crecimiento de áreas de cultivos ilícitos en el país desde hace más de 20 años, pasando de 212.000 hectáreas en el 2019 a 245.000. Y en el 2018 la cifra había sido de 208.000. 

Volviendo a la carta de los fiscales (👉🏽 Ver oficio), en ella aseguran que hay un grupo al interior de la Fiscalía al que denominan “El club de la calumnia” que desde hace mucho tiempo presuntamente integran “celebridades” del aparato judicial del Valle como el ahora ex fiscal Iván Aguirre, los jueces Javier Lenis, Freddy Velásquez y Flor Miryam Nieto; los fiscales Carlos Mauricio Escobar, Martha Coral y Ricardo Rivera (QEPD); el abogado Raimundo Tello (que presta servicios a narcotraficantes y políticos corruptos, y a quien acusan de ser el estratega detrás del accionar delictivo), la procuradora Ángela Londoño.

El club de la calumnia.

También incluyen en ese andamiaje a la actual Directora especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, María Elena Monsalve (quien laboró durante 30 años en la Fiscalía de Cali, siendo su último cargo el de Fiscal Dieciséis Especializada contra el Narcotráfico -DECN- en esa ciudad) y a la Vicefiscal general de la República, Martha Yaneth Mancera (pareja sentimental de Monsalve y quien también llegó a Bogotá procedente de la Fiscalía en Cali, donde su último cargo fue el de directora de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada hasta que Barbosa la nombró Vicefiscal). 

María Elena Monsalve
Martha Yaneth Mancera

Vale decir que María Elena Monsalve fue nombrada tras la llegada de Mancera a la vicefiscalía y el abrupto despido del director antinarcóticos, Ricardo Carriazo, un funcionario apreciado por sus colegas y por las agencias extranjeras que apoyan la lucha contra el narcotráfico. 

Los fiscales que denuncian la podredumbre en Cali, afirman que este grupo de amigos se dedican a fabricar procesos para esconder otros. 

Incluso achacan a Nieto la muerte de otro fiscal, Octavio Sanmiguel.

Esta funcionaria fue quien, con sus presiones y una persecución sin medida, aceleró la muerte de nuestro compañero Sanmiguel. Ella, a través de sus secuaces policías judiciales corruptos del Gaula, quisieron comprometerlo en sus actuaciones delictivas de extorsión y secuestro del empresario Juan Franklin. Dado a que él se negó a participar en tales actuaciones, se les convirtió en la piedra en el zapato; por lo que a través de montajes, falsos testimonios y pruebas ilícitas, la fiscal Nieto lo involucró en unos presuntos hechos delictivos en los que jamás participó. También capturó a José Luis Salas Pinilla, un humilde ciudadano que dicen es oriundo de Pitalito- Huila, haciéndolo pasar por otro Salas, un narcotraficante caleño que aún sigue en libertad y le pagó a Ana Victoria (a través de su esposo Diego Guevara que es el que recibe y negocia) y a los agentes del GAULA – Jorge Eliécer Lozano y al Comandante de la Policía en aquel entonces- coronel Edinson Mosquera para que lo dejaran libre y judicializaran al homónimo. Todos sabían que planearon capturar un homónimo para dejar impune al verdadero Salas”, relatan las gravísimas acusaciones y que por lo visto gozan de veracidad. 

Sobre el ex fiscal Iván Aguirre los denunciantes lo califican como peor “que los delincuentes que a diario capturamos y judicializamos, porque no solo corrompe la justicia, sino que persigue, destruye y hasta mata a los compañeros y servidores judiciales que se niegan a acceder a sus actuaciones delictivas”. 

Lo vinculan con el caso del exfiscal Alcibiades Libreros, quien fue asesinado en Cali el 29 de diciembre del 2019, presuntamente en un intento de robo. Sin embargo, el mismo juez que condenó a cuatro personas por estos hechos afirmó en la audiencia: “Me atrevo a afirmar que a Alcibíades no lo mataron por eso, sino por otra causa; sí, pero tampoco tengo un elemento probatorio que diga: aquí lo contrató Pedrito Pérez”. 

En la carta de los fiscales se afirma: “Quienes conocimos a Alcibiades sabemos quién era realmente él. Un hombre de temperamento fuerte y a veces emotivo, pero siempre correcto, honesto y justo. Hagámonos estos cuestionamientos: ¿Por qué corrió la Fiscalía General de la Nación a archivar el proceso en menos de 2 semanas sin imputar siquiera el delito de Concierto para Delinquir? ¿Por qué trajeron de su descanso en Pereira, al fiscal Jorge Iván Ríos (fue capturado en marzo de este año por vínculos con narcotraficantes), se reunieron en privado con él en San Francisco con la Vicefiscal y le dieron directrices para manejar el caso? Y, ¿por qué pusieron a pasear el expediente hasta que llegara justo a las manos del servil, corrupto y mediocre fiscal Jaime Ruíz? ¿Qué habría descubierto Alcibiades dentro de sus investigaciones que no le convenía a algunos Fiscales Especializados ni a la cúpula de las FF.MM? ¿Por qué Iván Aguirre, siendo el Coordinador de dicha unidad y su compañero, se mantuvo totalmente hermético frente a un hecho tan trágico, máxime cuando él conocía los procesos de Alcibiades?” 

Y van más allá y acusan a Aguirre de incluso sabotear varios operativos del fiscal inmolado para que no se hicieran los positivos y que presuntamente el operativo para capturar a alias “Mayimbú” (Leider Johani Noscué, narcotraficante quien cuenta con unos 250 hombres en armas que operan en el norte del Cauca, objetivo de alto valor, sindicado de varios crímenes como la masacre en que falleció la aspirante a la alcaldía de Suárez, Karina García).

“Este operativo fracasó porque Aguirre le dio aviso previo a este narco para que se escapara”. También afirman que Aguirre era conocedor de que Alcibiades había encontrado pruebas que vinculaban a funcionarios de la fiscalía especializada, jueces especializados y de garantías, con cabecillas del narcotráfico y oficinas de cobro como los Rastrojos y recalcan que este fiscal asesinado fue uno de los primeros fiscales que descubrió los falsos positivos judiciales que fraguaban las fiscalías especializadas y los Gaulas de la Policía y Ejército para cumplir con estadísticas, permisos, condecoraciones, viajes a EEUU, coimas y pagos de recompensas. 

Además argumentan que Libreros descubrió que Aguirre, Ana Victoria Nieto, otros funcionarios especializados, policías judiciales de la SIJIN y CTI y superiores de las Policía como el general Fernando Murillo y el coronel Edinson Mosquera estaban en la nómina de reconocidos cabecillas de bandas delincuenciales. 

Siguen en su escrito develando que el “club de la infamia”, como lo llaman, a quienes representan un peligro para ellos “o no se preste para sus pretensiones delictivas, le siembran pruebas falsas con falsos testimonios, a los investigadores y policías judiciales los desacreditan judicialmente instaurando falsas denuncias para luego recusarlos o generar causales de impedimento o falta de credibilidad y que no vayan a juicio. También alteran y desaparecen material probatorio, compran testigos, los manipulan, o extorsionan, y a los fiscales y jueces que se interponen los acosan, los persiguen, amenazan”. 

En resumen ni la mafia Siciliana con toda su fama mundial se ha atrevido a tanto. 

La Vicefiscal Mancera 

Siguiendo con la denuncia de estos valientes fiscales, (👉🏽 Ver oficio), dedican buena parte al accionar de la ahora segunda al mando de la Fiscalía General de la Nación 

La señalan de haber estado siempre en contubernio con altos mandos militares y policiales durante más de dos décadas que permaneció en la seccional caleña, “para que las más grandes oficinas de BACRIMS lideradas por distintos capos del narcotráfico en Cali, pudieran movilizar la droga y el contrabando, mientras sus “peones judiciales” como Nieto, Aguirre, Carlos Mauricio Escobar, Jairo Fonseca, Héctor Neira Roldán y Ever Marino López fingían la supuesta desarticulación de estas bandas criminales mostrando al país resultados positivos con “golpes” al narcotráfico y que ahora ya sabemos que eran falsos positivos judiciales”. 

Y afirman que en el tiempo que permaneció como directora del CTI y luego de la seccional, hubo “los secuestros, las extorsiones y las desapariciones forzadas de muchas personas, algunas de las que hasta la fecha, aún se desconoce su paradero y empezaron a aparecer los falsos testigos, las falsas y millonarias recompensas cobradas por la Policía Nacional, y hay un sinnúmero de personas inocentes que hoy en día están pagando con cárcel, delitos que no cometieron”. 

Por eso, de manera categórica la señalan de haber hecho todo lo posible por conseguir que a Nieto y a Aguirre, no los enviaran a la cárcel, pese al material probatorio de su participación en los hechos delictivos de que los acusan, tras el secuestro del empresario Víctor Franklin Monsalve. 

En efecto, el pasado 30 de mayo, el Juzgado 11 Municipal de Control y Garantías no halló inferencia razonable de autoría para ninguno de los delitos imputados por la Fiscalía y dejó a los dos funcionarios en libertad. 

En la audiencia no se hicieron referencias a Jaír Sánchez Hernández, conocido como ‘Mueble fino’, quien sería el autor intelectual del secuestro del comerciante. 

Los dos fiscales deberían responder por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, prevaricato por omisión, falso testimonio, amenaza a testigos y soborno.

Los abogados Carlos Hernán Escobar, apoderado de Escobar, y Raimundo Tello, defensor de Nieto, destacan que el Juzgado acogió la postura de la defensa y del Ministerio Público frente a los siete cargos contra los fiscales. 

En medios se ha mencionado que se trata de presunto favorecimiento  en un caso de Jaír Sánchez Hernández, conocido como ‘Mueble Fino’, quien fue recapturado, por tercera vez, el pasado 20 de mayo. En este enredo hay un abogado detenido.
El proceso a Nieto y Aguirre también se ha relacionado a declaraciones de Juan David Rengifo Mendoza, alias ‘la R’ o ‘la J’, un expolicía procesado por secuestro y homicidio, vinculado con mafiosos del Valle. 

Rengifo asegura que se pagaron sobornos para que no prosperara un caso de secuestro y desaparición —de Jorge Mauricio Rivera Guerrero— en el que él participó, que habría sido ordenado por un grupo de excapos. 

Sobre este caso en particular, los fiscales denuncian que: 

“Al ser interrogada sobre Aguirre y Nieto, la Vicefiscal negó tener algún tipo de interés en dicho proceso y se había “declarado impedida” según anunció Caracol Radio. 

Posteriormente los fiscales investigados, así como sus abogados Raimundo Tello (abogado de narcopolíticos y paramilitares) y Carlos Escobar (hijo del desaparecido “hombre de blanco”) inician una campaña de persecución, presión mediática, amenazas y desprestigio en contra del Fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali, José Fredy Restrepo, quien llevaba la investigación, así como también en contra de todo su equipo de investigación-Dijín Anticorrupción. Esta persecución y hostigamiento la orquestaron incluso, presentando falsas denuncias ante la Fiscalía Delegada ante la Corte, con el fin de conseguir una presunta imputación de cargos en contra del Fiscal y poder sacarlo del proceso mediante recusación, confirmando así el modus operandi que expusimos arriba. Todo esto fue de amplio conocimiento en Cali y en toda Colombia porque también salieron varias noticias en los distintos medios de comunicación nacional. 

Pero como lo anterior no les funcionó, con la ayuda de la Vicefiscal, lograron cambiar de Fiscal y la investigación llegó al despacho de los fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Bogotá, Álvaro Betancourth y Daniel Hernández, quienes finalmente confirmaron que efectivamente Aguirre, Nieto y otros funcionarios judiciales y de la Policía Nacional, habrían incurrido en un sinnúmero de delitos conexos en complicidad con capos del narcotráfico como alias “Mueble Fino”, dice el escrito. 

El pasado 24 de mayo se libró orden de capturas contra los exfuncionarios, pero luego fueron dejados en libertad. 

Resulta que el Juez 11 Penal municipal con funciones de garantía de Cali, Andrés Fernando muñoz Quintero, coadyuvado por el Delegado del Ministerio Público, Juan Alejandro Rodríguez, no encontraron en “la más mínima inferencia razonable” de que el par de acusados hubiesen sido los autores de dichos delitos, como si la encontró el juez que ordenó la intramural contra Jorge Iván Ríos y Héctor Alirio Rojas

¿Qué cómo entra a jugar la vicefiscal en esta decisión? Según los denunciantes, Mario Andrés Burgos Patiño, quien es la mano derecha de la Vicefiscal Mancera, y el juez Muñoz Quintero se conocen desde antaño y son grandes amigos. Y habría sido Burgos quien sirvió de puente entre Mancera y Muñoz para que éste último no profiriera la medida de aseguramiento en contra de Nieto y Aguirre

Así mismo la acusan de estar nombrando a ex militares y ex policías como directores de las distintas sedes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), pasando incluso por al alto el ordenamiento de escalafones de quienes llevan muchos años en la institución. 

Estos nombramientos los está haciendo en los municipios más recónditos del país donde ya, muchos de los investigadores, están siendo agredidos y maltratados por estos Ex -militares reincorporados, incluso obligándolos a desobedecer las políticas institucionales. 

No somos fuerza pública y no recibimos órdenes ni adiestramiento de los mandos militares. Sólo recibimos órdenes del Fiscal General, de nuestro director nacional de CTI y de nuestros superiores jerárquicos seccionales y eso es algo que la señora Mancera no ha querido aceptar desde que fue Directora Seccional en Cali y en Buga y nuestra Coordinadora de la Especializada (antes de Carlos Escobar e Iván Aguirre). Se le ha convertido en una obsesión el querer militarizarnos y convertirnos en otro brazo armado institucional, pero eso tampoco se lo vamos a permitir. Ella debe entender que el hecho de que somos agentes del CTI y aunque portemos armamento oficial, nuestro fin constitucional y legal es la investigación criminal y la ejecución de las órdenes proferidas por nuestros jueces y fiscales de la república, no de los mandos militares. La vicefiscal Mancera jamás ha querido aceptar y entender que el CTI está al servicio de la justicia, no de la guerra”, indican. 

Finalmente los funcionarios, mencionan a otros fiscales a quienes también acusan de corrupción para beneficiar a políticos de Valle del Cauca. 

Lo que deja ver todo lo revelado es el grado de podredumbre que desde hace muchos años viene padeciendo la justicia en Colombia, tan alto que ya ni sus mismos integrantes se soportan la fetidez. 

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