Un verdadero escándalo alrededor de la vicefiscal general de la República Martha Mancera y su controvertida y dudoso accionar, es el que se ha suscitado en el país, luego de que en entrevista que concedió al periodista Daniel Coronell, no diera explicaciones concretas sobre las acusaciones que han venido haciendo dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, contra ella afirmando que los empezó a perseguir por atreverse a decir que Francisco Javier Martínez Ardila, coordinador del CTI en Buenaventura, está involucrado en narcotráfico y tráfico de armas.
Coronell reveló en días pasados que dichos agentes aseguran haber descubierto las andanzas del poderoso jefe del CTI en Buenaventura cuando infiltraron organizaciones criminales en Caldas, Cauca y el Valle.
De pronto el nombre de ‘Pacho’ se empezó a repetir y descubrieron, según ellos, que era el coordinador del CTI en Buenaventura, un antiguo agente del DAS.
Los agentes dicen que la vicefiscal conoció por ellos las denuncias y que, en lugar de investigar al hombre del CTI en Buenaventura, la emprendió en contra de los denunciantes.
Los agentes Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González León hablaron en el Reporte Coronell, y respaldaron lo que dicen con sus nombres y acreditaron con documentos que trabajaron como agentes encubiertos durante los años 2020, 2021 y 2022.
Hoy, por el contrario están procesados por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, fraude procesal y falsedad en documento público. Es decir de acusadores pasaron a acusados.
En cambio al coordinador del CTI en Buenaventura, denunciado por ellos, nadie lo investiga. Tampoco a la señora vicefiscal.
En su entrevista la vicefiscal dijo “los señores Pablo Bolaños y Fabio González por supuesto que los conocí. Quiero decir que las afirmaciones que se están haciendo (de Daniel Coronell) no son ciertas. Por eso, ante las informaciones tendenciosas decidimos salir a decir la verdad de lo que sucede”.
Añadiendo que “lo que están diciendo de que estoy favoreciendo a narcotraficantes, perdóneme, pero ya hay dos condenados en este caso”.
Asimismo, indicó que “este es un complot que se me está haciendo hace muchos meses para tratar de enlodarme a mí con temas con lo que definitivamente no tengo nada que ver, soy una funcionaria de 30 años”.
Por último, enfatizó en ella quería dejar claro que ella no es una “mafiosa” y que no defiende a delincuentes ni a narcotraficantes.
Martha Mancera quiere quedarse de fiscal general encargada para prolongar por otros meses la administración de Francisco Barbosa, veremos si la Corte Suprema les da gusto a ella y a él, según lo plantea Daniel Colronell.
Tras estas revelaciones hoy la Fiscalía anunció que abrió investigación a Martínez Ardila.
El ‘modus operandi’ de Mancera
Sin embargo, no es la primera vez que Mancera ha estado en el ojo del huracán por cuestionables actuaciones.
El 31 de octubre de 2016 aún estando en Cali, la propia Fiscalía General la demandó por presuntamente haber recibido dinero para no destruir una mercancía incautada por la Dian en Buenaventura, avaluada en $17 mil millones.
El proceso fue radicado ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cali. Un año después, el expediente llegó a manos del entonces magistrado Álvaro Acevedo Leguizamón, que resolvió no iniciar una indagación preliminar contra Mancera, según la Rama Judicial.
El caso estuvo detenido durante un año, hasta que en febrero de 2019, tras resolver una apelación, la magistrada Julia Emma Garzón de Gómez decidió que sí había mérito para continuar con la indagación. Garzón revocó la decisión de Acevedo y revivió el caso, que sigue su curso en el Consejo Superior de la Judicatura en etapa preliminar, y, por tanto, en reserva.
Tras inhibirse de actuar contra Mancera, Acevedo le dio vuelo a sus aspiraciones políticas y en 2019 fue elegido concejal de Bogotá por el Partido Liberal. La alegría le duró poco. Un año después, fue demandando junto a otros dos magistrados que trabajaron con él en la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional del Valle del Cauca: Luis Hernando Castillo Restrepo y Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez.
Los tres magistrados son investigados por posibles irregularidades en un caso que se adelantó en el juzgado 3 del circuito de Buenaventura. Aunque el expediente es reservado y no es claro qué proceso se llevó ante ese despacho, lo llamativo es que los tres magistrados recibieron entre 2009 y 2018 expedientes disciplinarios contra Martha Mancera: dos de ellos los archivaron y uno se inhibió para darle vida al caso.
Luego, en mayo del 2021, ya con el cargo de Vicefiscal donde la nombró Barbosa, se dio la captura de dos fiscales en Cali que puso al descubierto la podredumbre que ha rodeado a los aparatos de justicia en el Valle del Cauca desde hace ya varios años y su aparente contubernio con lo más oscuro de bandas criminales y narcotraficantes.
Ese mes del 2021, fueron capturados Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la Unidad Especializada de Cali, e Iván Aguirre, coordinador de Fiscalías de los Juzgados Especializados del Circuito de la capital vallecaucana, señalados de presionar a testigos y amenazarlos para delinquir a cambio de beneficios judiciales.
