Justo cuando el Banco Mundial acaba de aprobar un préstamo de mil millones de dólares al Gobierno colombiano, específicamente para apoyar un programa dirigido a contribuir al desarrollo bajo en carbono de Colombia y acelerar la transformación con emisiones mínimas en los sectores de energía y transporte —y de esta forma, aumentar la capacidad de producción de energías renovables no convencionales y fortalecer la industria de hidrógeno verde, respaldaldando con ello la lucha de Colombia contra el Cambio Climático—, vuelve a revivir el tema de la acelerada deforestación que se ha dado en el país, principalmente en zonas ambientales protegidas. 

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Una de las banderas de campaña de Gustavo Petro, cuando aspiró a la Presidencia, fue precisamente el tema ambiental, en particular la protección de la Amazonia. En varios escenarios, como la Asamblea General de Naciones Unidas y la COP 27, centró su discurso en lo vital que es este ecosistema para la mitigación y adaptación al cambio climático, y, por tanto, para la supervivencia humana.  

Por eso, el ahora primer mandatario ha insistido ante entidades del Estado para que se identifique y capture a los principales agresores ambientales de esta región del país, que tiene una protección especial desde 2018 por decisión de la Corte Suprema de Justicia. 

En el 2021, WWF junto a Transparencia por Colombia, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), e InSight Crime, identificaron los hechos de corrupción y criminalidad detrás de los principales impulsores de la deforestación, la degradación forestal y la pérdida de biodiversidad en la Amazonia y el Pacífico colombianos.

Determinaron que los cuatro principales impulsores de estos problemas son la minería ilegal, la apropiación de tierras, la tala ilegal y el tráfico de fauna silvestre. 

Cifras del Ministerio de Ambiente dan parte de 50.400 hectáreas deforestadas entre enero y marzo de 2022, mientras que para igual periodo de 2021 fue de 45.500 hectáreas. Y en una actualización de cifras presentada por la misma cartera, en septiembre de este año, en las últimas dos décadas la pérdida de bosque en Colombia supera las 3 millones de hectáreas, la mitad de ellas en la Amazonia. Un panorama aún más complejo al revisar los resultados de reforestación -a todas luces insuficientes- que en 21 años llega a medio millón de hectáreas restauradas. 

Tras la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, la deforestación mantuvo un crecimiento permanente, que solo durante la pandemia mostró una leve desaceleración.Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia gran parte de la madera de origen ilegal en Colombia se extrae de dos regiones altamente biodiversas: la Amazonia y el Pacífico. 

Las zonas afectadas por este fenómeno son foco de grupos armados ilegales y de violencia, en donde las redes criminales participan en la extracción ilegal, el transporte, y la posterior comercialización de especies de madera, y se evidencia queen cada etapa de la cadena forestal la corrupción facilita el lavado de madera, es decir, comercializar madera de origen ilegal haciéndola parecer legal, con acciones como la falsificación de documentos para extraer la madera del bosque y para garantizar su tránsito fluido por las principales vías del país.  

En el mismo sentido la experta Briggitte Bapstiste, ha señalado que la deforestación se ha incrementado gracias a la corrupción, y es categórica al afirmar que la “deforestación es síntoma de corrupción y desajuste de la gobernabilidad en las regiones o entre las regiones y el gobierno central”, y que hay unos actores muy concretos que se están beneficiando o están apostándole a la deforestación como la fuente bien sea de su enriquecimiento personal o los grupos de interés de comunidades que ingenuamente todavía creen que reemplazando la selva por potreros ya no vamos a prosperar. 

De ahí el llamado que ha hecho Petro a los organismos de justicia del Estado, para que incrementen sus acciones contra los corruptos ambientales, pues como en todos los frentes, la corrupción en este tema, también tiene rostros y responsables.

Acciones judiciales

En hechos recientes, el mes pasado, la Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 presuntos integrantes de una red delictiva señala de deforestar algo más de 7.000 hectáreas de bosque nativo en varios municipios de Cundinamarca y Boyacá, obtener madera de especies protegidas y comercializarla. 

Dos de los procesados son funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y uno más es contratista de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Estas personas, al parecer, usaban sus cargos e influencia, y a cambio de dádivas, facilitaban la expedición de permisos para aprovechar el recurso maderable en zonas de reserva forestal o gestionaban salvoconductos que le permitían a la organización mover grandes cantidades de madera y darles apariencia de legalidad. 

Los delitos que se les imputaron fueron concierto para delinquir, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y cohecho por dar u ofrecer.

Entre los investigados están el ingeniero del ICA David Enrique Rodríguez Cifuentes, quien sería el responsable de emitir conceptos técnicos forestales que le permitían a la estructura ilegal explotar determinadas zonas; la servidora del ICA Sandra Liliana Páez Triviño, adscrita a un área de control fitosanitario, pero que, según las investigaciones, habría intervenido y gestionado la adquisición de salvoconductos para soportar la madera movilizada y comercializada; y el contratista de la CAR Jorge Augusto Cortés Rincón

Pero un caso emblemático de cómo la corrupción afecta el medio ambiente, y que ahora nuevamente salta a la palestra, está relacionado con la imputación que hizo en el 2019 la misma Fiscalía en su ‘Estrategia de Investigación contra la Deforestación en la Amazonía Colombiana’, contra los alcaldes de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal; y el alcalde de Miraflores, Jhonivar Cumbe, del departamento del Guaviare, al encontrarlos responsables de haber facilitado la construcción de una vía entre los dos municipios sin los permisos ni licencias ambientales.

Deforestación en la vía Calamar-Miraflores, en Guaviare.

El paso continuo de vehículos pesados y los asentamientos posteriores a la tala y quema de bosques, incidieron en el deterioro del área protegida y en la afectación a las fuentes hídricas de la región. 

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los mencionados alcaldes como presuntos responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada, en circunstancia de mayor punibilidad por la condición de funcionarios de los dos investigados. 

De acuerdo con las verificaciones, según el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la deforestación se triplicó en Guaviare durante el periodo de gobierno de los dos mandatarios locales.

Pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018. Varios de los focos de deforestación e incendios están relacionados con el área de influencia de la carretera ilegal. 

Durante la diligencia judicial del 2019, el juez de control de garantías de San José del Guaviare accedió a la petición de la Fiscalía, y decretó como medida cautelar el cierre inmediato de la vía y la prohibición del tránsito de vehículos pesados, incluidos los automotores de la Gobernación de Guaviare y maquinaria amarilla. 

La construcción de la vía ilegal de 138 kilómetros, arrancó cuando en 2016 el recién posesionado gobernador, Nebio Echeverry, fiel a su discurso de vías y progreso firmó una ordenanza en la que priorizaba la vía Calamar-Miraflores y que contaba con el apoyo del Ministerio de Transportes, logró que la Asamblea aprobara una ordenanza sin mayor discusión y sin tener en cuenta que las obras tendían problemas jurídicos por estar ubicadas en áreas con alguna protección ambiental. 

Por esta vía, se causó la deforestación de unas 11.000 hectáreas en el Guaviare (equivalentes a 8.460 plazas de Bolívar), que representan el 6 % del área deforestada en 2016 en Colombia.  

Un habitante de Miraflores, aseguró a la revista Cambio que detrás de la deforestación de los bosques contiguos a la vía se encuentran no solo grandes empresarios sino funcionarios de públicos de instituciones nacionales que utilizan su poder para evitar que se lleven a cabo procesos judiciales: “Acá en la vía no se están tumbando 5 o 10 hectáreas para sembrar coca, acá se tumban 200 o 500 hectáreas de una y todo a los ojos de todos. ¿Y quién dice algo? ¿Quién pelea? Nadie, porque el que lo hace se mete en problemas. Esto es de gente muy poderosa porque uno no se explica cómo ninguna autoridad hace algo”. 

Volviendo al tema de sanciones, en diciembre del 2019, paralelo al proceso en la Fiscalía, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) impuso una millonaria multa de $1.314.737.700 pesos a la Gobernación de Guaviare, en cabeza de Nebio de Jesús Echeverry Cadavid; a la Alcaldía de Miraflores en cabeza de su alcalde, Jhonivar Cumba; y a la Alcaldía de Calamar, en cabeza del alcalde Pedro Pablo Novoa Bernal. También a la ciudadana Hilda Cañón Cañón, acusada de comprar predios rurales (posteriormente objeto de la investigación) y que los ocupaba desde 2016, y la posterior tala de más de 500 hectáreas. 

Dentro del proceso de investigación se comprobó que los predios comprados correspondían en su mayoría a baldíos de la Nación ubicados en Zona tipo A de reserva forestal, donde está prohibida la ganadería extensiva; en zona de preservación del Distrito de Manejo Integrado Ariari-Guayabero, objeto de medidas especiales de conservación y protección. 

Mientras que la Fiscalía pidió una medida cautelar que se hizo efectiva, para el cierre definitivo de la vía y prohibir así su uso. 

Sin embargo, en abril del 2020, El juzgado primero promiscuo de San José del Guaviare, que hace parte del Distrito Judicial de Villavicencio, modificó la medida de protección sobre la carretera y levantó temporalmente las restricciones hasta el próximo 22 de abril. 

La decisión fue tomada el 22 de marzo por el juez Edwin Andrés Piñeros, en una audiencia virtual en la que participaron el gobernador del Guaviare Heyder Palacios y el secretario jurídico del Vaupés, Andrei Díaz. 

Este despacho invita a levantar temporalmente las restricciones que existen sobre la vía Calamar-Miraflores, por lo cual queda permitido el transporte terrestre de vehículos de carga de alimentos para consumo humano y animal, así como el combustible que se utilice para el servicio público de energía, en especial para los hospitales y centro de salud y de apoyo social”, cita el fallo. Y en 2021, por orden judicial, se restringió el tránsito a ambulancias, motos y vehículos particulares pequeños.  

Ahora bien, que, aunque son entendibles los reclamos de la población de la zona que piden vías para circular, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), “lo preocupante de esta situación es que las medidas cautelares y las restricciones poco han servido porque tras la autorización limitada de vehículos, los camiones pesados con ganado transitan sin que nadie les diga nada y el mercado de tierras continúa”. Y asegura que el aumento de la deforestación ocurrió “porque no estaba la guerrilla, quien tenía un plan ambiental autoritario que regulaba la deforestación y porque luego del proceso de paz el Estado no hizo presencia allí”. El vacío de autoridad y la expectativa de una nueva vía creó un mercado especulativo de tierras en el que, como es obvio, los potreros más cercanos a la vía son los más valiosos. 

A todas luces, lo que ocurre con los bosques colombianos, y las zonas de `protección ambiental, muestra que de los corruptos y de la debilidad del Estado para perseguirlos, no escapan ni los recursos naturales.  

Y de nada servirá que una entidad como el Banco Mundial otorgue millonarios préstamos al Gobierno colombiano para emprender acciones en favor del ambiente, si no se dan contundentes sanciones contra sus corruptos depredadores. 

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