El pasado 19 de diciembre de 2022 el directorio ejecutivo del Banco Mundial anunciaba la aprobación de un financiamiento de US$1.000 millones para Colombia con el fin de acelerar la transición energética baja en carbono, promover el uso sostenible de la tierra, y reforzar la resiliencia y adaptación al cambio climático. 

El préstamo está encaminado a apoyar un programa de reformas dirigidas a contribuir al desarrollo bajo en carbono de Colombia acelerando la transformación a bajas emisiones de los sectores de energía y transporte. Esto incluye el aumento de la capacidad de producción de energías renovables no convencionales y el desarrollo de una industria de hidrógeno verde”, señala el comunicado del organismo internacional. 

«Hoy alcanzamos un gran hito en la relación de Colombia con la banca multilateral al aprobar la operación de apoyo presupuestal más grande en la historia del país. Este crédito por US$ 1.000 millones con el Banco Mundial es una clara señal de confianza en las instituciones colombianas y un reconocimiento a los esfuerzos de la Nación por integrar la agenda de cambio climático con una ambiciosa agenda social y económica”, dijo en respuesta, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo. 

Hasta ahí, la noticia suena halagüeña para las finanzas del país.  

Sin embargo, frente a este millonario desembolso, que viene a sumarse a la ya abultada deuda externa que mantiene el país, la preocupación que le asiste a veedurías y ciudadanía en general, está relacionado con el efectivo control que se ejercerá sobre las inversiones que se harán con estos dineros. 

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Y tal inquietud surge de de la deficiente gestión y control que los organismos fiscalizadores en el país han hecho por décadas a los dineros públicos, y más aún cuando se trata de créditos que internacionales, donde no existen aún proyectos concretos en los que se invertirán tales recursos. 

Y así lo demuestran las experiencias vividas, siendo un caso reciente, el de los recursos que se habrían destinado para el proceso de paz, a través del OCAD-Paz, que terminaron en los bolsillos de los corruptos, sin que aún haya claridad sobre el monto del raponazo. 

En esta ocasión, se trata de una operación “de gran relevancia para Colombia, la cual permitirá que, desde el Gobierno nacional, se aseguren recursos para lograr todos los cambios que en este Gobierno estamos desarrollando”, ha dicho por su parte Jorge Iván González, el director general del Departamento Nacional de Planeación. 

Y añadió que “Es un reconocimiento a nuestros propósitos en materia de protección a la biodiversidad, a las estrategias que proponemos para la resiliencia frente al cambio climático y a las grandes apuestas que tenemos para el logro de una transición energética sostenible, que harán de este país una Potencia Mundial de la Vida”. 

El ambicioso programa de línea ambiental del gobierno de Gustavo Petro, también buscará promover el uso sostenible de la tierra principalmente en páramos, aumentar la adopción de sistemas ganaderos sostenibles y acelerar la implementación del catastro multipropósito, una base importante para contener la deforestación. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación serán los responsables de la coordinación técnica e implementación de este préstamo. 

Y aquí vale recordar que funcionarios de Planeación Nacional resultaron salpicados con el escándalo de corrupción de los OCAD-Paz. 

En síntesis, como dice el refrán: el papel aguanta todo. Es decir, si el Gobierno no intensifica los mecanismos de control y fiscalización, ni blinda los proyectos y la contratación que se haga con este millonario préstamo, el loable propósito de frenar el Cambio Climático en Colombia, y proteger sus recursos naturales, será otro canto a la bandera. 

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