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Corrupto y abusivo

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer funciones públicas al exalcalde de Morroa, Sucre (2012 – 2015), Juan Gregorio Domínguez Carrascal, por irregularidades en siete contratos. 

La Procuraduría Provincial de Sincelejo encontró responsable al exalcalde de cinco cargos. El primero, porque eludió el proceso de licitación pública y utilizó la contratación directa en los procesos  070/JD 2012 y 071/JD 2012, firmados en mayo y junio de 2012 con la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Morroa S.A. E.S.P., para la realización de obras en el acueducto del municipio. 

El ente de control probó un segundo cargo contra Domínguez Carrascal por celebrar directamente el Contrato 064-MM/JD 2012, bajo la denominación de prestación de servicios con la Corporación Élite (Corpoelite), sin tener en cuenta que correspondía a una consultoría, con lo que omitió el concurso de méritos que por ley debía realizar. 

También halló responsable al exalcalde de un tercer cargo por la celebración el 24 de mayo de 2012 del Contrato 069-MM/JD 2012, por $30 millones con Calixto Antonio Zúñiga Cuadrado,  sin demostrar la idoneidad y experiencia para la prestación de servicios profesionales de “asesoría, elaboración e implementación del Plan de Auditorías y Planes de Mejoramiento Interno para el Perfeccionamiento de los Procesos y Procedimientos de Control Interno en el Municipio de Morroa” 

La Procuraduría comprobó un cuarto cargo contra el exmandatario municipal, porque celebró directamente el Convenio Interadministrativo 062/JD 2012 con la Organización Folclórica Caribe Tamboo, sin tener en cuenta que no tenía naturaleza jurídica pública, con lo que ejerció su competencia de representante legal de la entidad territorial para un fin distinto a los previstos en la norma contractual. 

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Igualmente halló responsable a Domínguez Carrascal del quinto cargo, por utilizar las facultades otorgadas por el concejo municipal,  en el Acuerdo No. 014 de 22 de mayo de 2012, previsto para el arriendo de vehículos con opción de compra, para adquirir una planta eléctrica a través del Contrato de Compraventa 088-MM/JD 2012 con la empresa Industria Agrícola Metalmecánica Inamec, una finalidad diferente a la prevista inicialmente. 

El Ministerio público calificó la conducta del exalcalde como faltas gravísimas, para el primero, segundo, tercero y quinto cargo a título de dolo, y para el cuarto a título de culpa grave, por “participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual (…) con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal (…)” como el de transparencia, y por  “ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante”. 

Cabe recordar que en 2017 cuando ya había salido de su cargo el ex alcalde fue suspendido por dos meses por parte de la Procuraduría. 

Antes, en el 2015, estuvo en prisión domiciliaria, luego de que en marzo de ese año, el Juez Promiscuo Municipal de Betulia le impusiera esta pena junto al gerente de la ESE San Blas, Javier Meza Domínguez por los delitos de fraude procesal en concurso con fraude de resolución judicial o administrativa de Policía. 

El caso tuvo que ver con una denuncia instaurada por el odontólogo Orlando Coley Hernández ante la Fiscalía General de la Nación, señalando que Domínguez Carrascal y Meza Domínguez hicieron incurrir en error a un juez de Bogotá. 

Supuestamente, el Alcalde hizo creer, a través de un documento, que había suspendido del cargo de gerente de la ESE a Javier Meza, pero esto fue desmentido por el odontólogo, quien hacía dos años atrás había ganado el concurso para ejercer la dirección de la mencionada entidad. 

Coley Hernández comentó supuestamente a las autoridades que Meza Domínguez siguió cobrando sus mesadas hasta la fecha y que nunca dejó de ejercer el cargo, tipificándose un desacato a la decisión que las autoridades habían tomado para que el denunciante entrara a tomar el cargo. 

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