Como si no fueran pocas las inconsistencias y actos de corrupción que se han develado en la contratación de la Ruta del Sol, uno de los brazos del escándalo de Odebrecht, ahora la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a sus directivos de la Ruta del Sol, por supuestas entrega de sobornos y apropiaciones por parte de terceros.
Los pliegos cobijan al representante legal de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti; y a los miembros de la junta directiva, Yesid Augusto Arocha Alarcón y Alberto Mariño Samper, por presunto uso indebido y apropiación de más de $44.000 millones de pesos por parte de terceros.
El órgano de control cuestionó a los investigados porque al parecer permitieron que al interior de la Concesionaria Ruta del Sol SAS se utilizaran indebidamente recursos públicos que estaban destinados al cumplimiento del contrato No. 001 de 2010 suscrito entre el INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Ruta del Sol SAS para la construcción, operación y mantenimiento de la Ruta del Sol sector II.
Para la Procuraduría los particulares aparentemente actuaron de forma irregular al permitir la celebración, pago y ejecución de contratos que suman $44.674.286.964 de pesos, por fuera de los fines de la concesión.
En un segundo cargo, el ente de control cuestionó a Eder Paolo Ferracuti y Yesid Augusto Arocha Alarcón, porque pudieron haber realizado la conducta tipificada en la Código Penal como cohecho por dar y ofrecer ya que, como representante legal de la concesionaria y miembro de la junta directiva respectivamente, al parecer determinaron y realizaron la celebración y pago irregular de 24.510.750.650 pesos, recursos que salieron de la fiducia de la Concesionaria Ruta del Sol II para entregar presuntas coimas y sobornos a otros particulares y servidores públicos.
La Procuraduría recordó que Yesid Arocha Alarcón tuvo una actuación transversal en todas las presuntas irregularidades y comisión de delitos en la ejecución del contrato de concesión. Al parecer, participó en los primeros acercamientos y presiones al exviceministro Gabriel García Morales, y en la autorización de contratos y pagos irregulares relacionados en desarrollo del negocio jurídico.
Entre las declaraciones tenidas en cuenta dentro del proceso están las del exsenador Otto Nicolás Bula Bula y Federico Gaviria, quienes manifestaron la decidida intervención de Arocha Alarcón en el delito de ofrecer sobornos con cargo a los recursos públicos de la concesión, con el fin de mejorar las condiciones contractuales de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. ante la ANI.
En el caso de Mariño Samper, al parecer, permitió y toleró que la concesionaria utilizara indebidamente los recursos que tenían destinación exclusiva para la ejecución del contrato 001 de 2010, y al tener una función de vigilancia, orientación y control como miembro de la junta directiva, posiblemente actuó de forma omisiva al no impedir estas conductas irregulares, teniendo el deber jurídico de hacerlo.
Sobre Eder Paolo Ferracuti, el órgano de control le reprochó la suscripción de contratos, aceptación de órdenes de compra y autorización de pagos que no tenían ninguna relación con el contrato de concesión, es decir, que al parecer no solo tuvo conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando, también las cometió de manera directa.
La Procuraduría calificó provisionalmente las presuntas faltas de los investigados como gravísimas a título de dolo.
El órgano de control ordenó la compulsa de copias para que en un nuevo proceso disciplinario, se investigue a otros miembros de la junta directiva que pudieran estar comprometidos con las irregularidades en el manejo de los recursos para la construcción, operación y mantenimiento de la Ruta del Sol sector II.
La Procuraduría aclaró que los investigados son sujetos disciplinables según la Ley 734 de 2002, teniendo en cuenta que administraban y manejaban recursos públicos, así como también, ejercían una función administrativa que les fue delegada con ocasión de la ejecución del contrato de concesión.
Vale recordar que en septiembre del año pasado la Procuraduría consiguió que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitiera medidas cautelares contra la Concesión Ruta del Sol, fijó un plazo de 20 días para que la concesionaria entregara a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI – los cinco tramos que le fueron adjudicados en licitación.
Y se acordó poner en marcha un plan de acción de alto impacto que contempla la recuperación del corredor vial, la estabilización de la vía Ruta del Sol y su obras para garantizar la futura operación.
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