Cuando $3.762 millones se evaporan en «promoción turística» sin dejar rastro
El mecanismo que nadie quiere ver
Mientras Santa Marta celebraba sus 500 años de fundación, el Instituto Distrital de Turismo decidía que el mejor regalo para la ciudad sería entregar $3.762 millones a una fundación de Barranquilla que nunca había promocionado ni siquiera una empanada, mucho menos un destino turístico. Porque claro, para promocionar la Perla del Caribe en la era digital, lo más lógico era contratar una ESAL sin página web activa. ¿O acaso la estrategia era mantener a Santa Marta como el secreto mejor guardado del turismo colombiano?
José Domingo Dávila Morales, director del Indetur, firmó este convenio con Fundaforo el 11 de octubre del año pasado como si fuera la decisión más natural del mundo. El 70% lo aportaría el instituto público, el 30% restante la fundación privada. Un esquema perfecto donde todos ganan… excepto los samarios que esperaban ver resultados.
Los actores de esta farsa perfecta
David Javier Quiroz Cabarcas, representante legal de Fundaforo, debió sentirse como ganador de lotería cuando su fundación, dedicada exclusivamente a «programas de convivencia y pacificación entre jóvenes», de repente se convirtió en experta en promoción turística. ¿Cómo logró esta metamorfosis profesional? Simple: presentando cinco contratos que supuestamente demostraban su experiencia en el sector, contratos que curiosamente no aparecen en la plataforma SECOP II. Debe ser que la transparencia también está en modo vacaciones.
El comité evaluador del Indetur, con la diligencia que caracteriza a estos procesos, aceptó balances financieros de 2016 —ocho años desactualizados— y una certificación bancaria con saldo superior a $1.500 millones que tampoco reposa en el expediente. Porque verificar documentos está sobrevalorado cuando se tiene prisa por entregar contratos.
El impacto que duele
Mientras Fundaforo se embolsillaba millones sin mover un dedo por el turismo samario, la capital del Magdalena siguió esperando esa promoción que nunca llegó. Las playas siguieron sin la difusión prometida, los hoteles sin los turistas esperados, y los comerciantes sin las ventas proyectadas. Cada peso desviado representaba una oportunidad perdida para una ciudad que tiene todo para ser un referente turístico mundial.
¿El resultado de esta millonaria inversión en «promoción turística«? En la plataforma SECOP II no aparecen actas de finalización ni recibido a satisfacción. El contrato terminó en diciembre, pero los resultados brillan por su ausencia. Tres mil setecientos sesenta y dos millones se esfumaron como espejismo en el desierto de la Guajira, dejando a Santa Marta exactamente donde estaba: hermosa, pero invisible para el mundo.
El sistema que protege a los ladrones
Este caso no es un episodio aislado de incompetencia gubernamental. Es la manifestación perfecta de un sistema diseñado para facilitar el saqueo sistemático de recursos públicos. Fundaforo ya había mostrado su verdadera cara en 2016, cuando la Contraloría del Atlántico (que nuca encuantra irregulariudades) la señaló por irregularidades en un contrato de $1.130 millones con la Gobernación del Atlántico, donde solo aportó $80 millones de los $339 millones que debía contribuir.
La supervisora de aquel contrato, Elaine Zabaleta Montero, autorizó pagos anticipados del 50% y aprobó adiciones sin justificación técnica, en un déjà vu que se repite ahora en Santa Marta. Porque cuando el sistema funciona para los corruptos, ¿para qué cambiar las fórmulas ganadoras?
El círculo se cierra cuando recordamos las palabras que resuenan como profecía autocumplida: «Una sociedad que aplaude al corrupto merece sus cadenas«. Mientras los samarios no exijan cuentas claras, mientras los funcionarios sigan confundiendo gestión pública con reparto de contratos entre amigos, Santa Marta seguirá siendo rehén de quienes ven en cada celebración una oportunidad de negocio personal.
El despertar que aún no llega
La pregunta no es si hubo corrupción en este contrato —las evidencias hablan por sí solas—. La pregunta es si los ciudadanos de Santa Marta van a seguir permitiendo que su ciudad sea el botín personal de funcionarios y ONG que han convertido la contratación pública en su mina de oro particular.
Cada peso robado es una playa sin promocionar, un hotel sin turistas, un futuro sin construir. Cada silencio cómplice es una complicidad con el saqueo. Mientras sigamos normalizando que «todos roban pero este hace algo«, seguiremos siendo cómplices de nuestro propio empobrecimiento.
El sistema no cambia solo, pero tampoco puede cambiar sin que despertemos de la resignación que nos tiene postrados. Santa Marta se merece más que funcionarios que confunden gestión con latrocinio y ONG que ven en cada contrato público una oportunidad de enriquecimiento personal.
