En Colombia, las iglesias cristianas acumulan un patrimonio líquido de $19 billones, casi el 2% del PIB nacional*, y disfrutan de una exención fiscal que les permite operar sin pagar impuestos. Esta situación, que en otros países sería impensable, ha generado un debate sobre la relación entre este privilegio y la corrupción en el país. ¿Hasta qué punto este estado de cosas está vinculado con prácticas corruptas?
Un patrimonio multimillonario sin control fiscal
Las iglesias en Colombia no solo están exentas de pagar impuestos, sino que además pueden recibir donaciones deducibles de impuestos por parte de sus feligreses. Esto significa que, indirectamente, reciben fondos públicos adicionales sin rendir cuentas claras sobre su uso. Según el estatuto tributario, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, ni pagan IVA o impuestos municipales.
Esta exención se justifica bajo el argumento de que las iglesias realizan labores sociales, como atender emergencias de fieles, asistir a enfermos y mantener fundaciones para niños, ancianos y personas en situación de calle. Sin embargo, la falta de vigilancia estricta sobre sus actividades financieras abre la puerta a desvíos y apropiaciones indebidas, como lo evidencian las lujosas edificaciones de algunas comunidades religiosas.
Comparativa internacional: ¿por qué otros países no permiten estas exenciones?
En contraste con Colombia, muchos países han implementado políticas fiscales que obligan a todas las instituciones religiosas a cumplir con sus obligaciones tributarias. Por ejemplo:
- Alemania: Las iglesias pagan un impuesto especial conocido como «Kirchensteuer», que grava directamente a los feligreses y se destina a financiar las actividades religiosas. Esto garantiza que las iglesias contribuyan al sistema fiscal sin depender de exenciones.
- Estados Unidos: Aunque las iglesias están exentas de impuestos federales, deben cumplir con estrictas regulaciones para mantener su estatus de exención. Cualquier desvío de fondos o actividades no relacionadas con su misión religiosa puede resultar en la pérdida de este beneficio.
- España: Las iglesias pagan el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) por sus propiedades, y aunque están exentas del IVA, deben rendir cuentas claras sobre sus ingresos y gastos.
Estos ejemplos muestran que es posible equilibrar el reconocimiento de la labor social de las iglesias con la necesidad de que contribuyan al sistema fiscal, evitando así la opacidad financiera que puede derivar en corrupción.
La conexión entre exenciones fiscales y corrupción
La exención fiscal de las iglesias en Colombia no solo representa una pérdida de ingresos para el Estado, sino que también crea un entorno propicio para la corrupción. La falta de transparencia en la gestión de sus recursos y la ausencia de supervisión efectiva permiten que algunas iglesias utilicen sus fondos para fines que poco tienen que ver con su misión religiosa o social.
Un ejemplo de esto es la propuesta de la representante Katherine Miranda en 2020, quien sugirió que las iglesias comenzaran a pagar un impuesto sobre la renta del 20%, lo que podría haber generado un recaudo de $1.8 billones. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó, lo que refuerza la idea de que las iglesias gozan de un privilegio que las coloca por encima de la ley.
Un sistema silencioso que perpetúa la injusticia
El vínculo entre el Estado colombiano y la Iglesia católica, que se remonta al Concordato de 1973, ha creado un sistema silencioso que perpetúa la injusticia fiscal. Aunque Colombia es un Estado laico desde 1991, la influencia de la Iglesia en la política y la sociedad sigue siendo evidente, lo que dificulta cualquier intento de reforma tributaria que incluya a las instituciones religiosas.
Este mecanismo invisible no solo afecta la equidad fiscal, sino que también refuerza la percepción de que las iglesias operan en un plano superior al del ciudadano común. Mientras tanto, los recursos que podrían destinarse a educación, salud o infraestructura se quedan en manos de instituciones que no rinden cuentas claras sobre su uso.
Conclusión: una puerta transparente hacia la justicia fiscal
La exención fiscal de las iglesias en Colombia es un reflejo de un sistema que permite la corrupción y la impunidad. Para cambiar esta realidad, es necesario abrir una puerta transparente hacia la justicia fiscal, exigiendo que todas las instituciones religiosas cumplan con sus obligaciones tributarias y rindan cuentas claras sobre sus finanzas.
Solo así podremos construir un país más equitativo, donde el peso fiscal no recaiga únicamente sobre los ciudadanos, y donde la transparencia y la rendición de cuentas sean la norma, no la excepción. ¿Estamos listos para enfrentar esta verdad y exigir el cambio que Colombia necesita?
