Los lunares negros de la justicia en Colombia: ausencia de política criminal y fracaso carcelario
El sistema de justicia en Colombia enfrenta dos de sus mayores crisis: la ausencia de una política criminal coherente con la realidad del país y una política carcelaria mediocre que ha llevado al colapso del sistema penitenciario. Estos dos problemas no solo reflejan la ineficiencia del Estado, sino que también están directamente correlacionados con la violencia y la corrupción que se viven dentro de las prisiones, como lo demuestra el alarmante número de reclusos asesinados en los últimos años.
En los últimos 10 años, 346 personas privadas de la libertad han muerto violentamente en centros de reclusión o en prisión domiciliaria. Este dato, por sí solo, es una radiografía profunda de un sistema que ha fracasado en su deber de proteger a quienes están bajo su custodia. Pero más allá de las cifras, este problema revela una red subterránea de complicidad, negligencia y corrupción que ha convertido las cárceles colombianas en espacios donde la violencia y la impunidad reinan sin control.
La ausencia de una política criminal coherente
Colombia carece de una política criminal que responda a las necesidades y realidades del país. En lugar de un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la criminalidad, el sistema penal se ha centrado en medidas punitivas que no han logrado reducir la violencia ni la corrupción. Este vacío ha permitido que el tráfico de influencias, la corrupción y la impunidad se arraiguen en todas las instancias del sistema judicial, desde los juzgados hasta las prisiones.
Un ejemplo de esta falta de coherencia es la manera en que se manejan las condenas y la reclusión. En muchos casos, los reclusos no son clasificados adecuadamente según su nivel de peligrosidad, lo que lleva a que convictos de alta peligrosidad compartan espacios con delincuentes menores. Esta mezcla no solo pone en riesgo la seguridad de los reclusos, sino que también facilita la perpetuación de dinámicas criminales dentro de las cárceles.
El caso de Francisco Luis Correa, considerado el cerebro del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, es un claro ejemplo de cómo la falta de una política criminal coherente puede tener consecuencias fatales. Correa fue asesinado en la cárcel La Picota de Bogotá, un lugar donde, irónicamente, se suponía que debía estar protegido. Su muerte no solo revela la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los reclusos, sino también la falta de estrategias efectivas para manejar a criminales de alto perfil.
El fracaso de la política carcelaria
La política carcelaria en Colombia es, en el mejor de los casos, mediocre. Las cárceles del país están colapsadas, con niveles de hacinamiento que la Corte Constitucional ha calificado como un «estado de cosas inconstitucional». Este hacinamiento no solo viola los derechos humanos de los reclusos, sino que también crea un caldo de cultivo para la violencia y la corrupción.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, 346 reclusos han muerto violentamente en los últimos 10 años, con un promedio de 34 muertes por año. La mayoría de estas muertes fueron causadas por armas de fuego (54%), seguidas de armas cortopunzantes (24%) y objetos contundentes (6%). Estas cifras no solo reflejan la brutalidad de las condiciones carcelarias, sino también la incapacidad del sistema penitenciario para prevenir y controlar la violencia.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reporta menos muertes que las registradas por Medicina Legal, lo que sugiere un subregistro preocupante. Esta discrepancia no solo pone en duda la transparencia del sistema, sino que también revela una lógica invisible que permite que la violencia y la corrupción se normalicen dentro de las prisiones.
La ONG Temblores ha señalado que la falta de protocolos claros para el uso de la fuerza y la supervisión de armas dentro de las cárceles es uno de los principales problemas. «Se debe hacer un seguimiento del uso de la fuerza en el interior de las cárceles. Debe haber protocolos claros sobre el armamento con el que cuentan los funcionarios y transparencia sobre el uso que se les da a estas armas», declaró Lina Porras, investigadora del Observatorio de Violencia Institucional de la ONG.
La conexión entre política criminal y política carcelaria
La ausencia de una política criminal coherente y el fracaso de la política carcelaria están intrínsecamente conectados. La falta de estrategias efectivas para prevenir y controlar la criminalidad fuera de las cárceles se refleja en el caos que se vive dentro de ellas. Sin una política criminal que aborde las causas estructurales de la violencia y la corrupción, las cárceles se convierten en espacios donde estos problemas se reproducen y amplifican.
Por otro lado, una política carcelaria deficiente no solo pone en riesgo la seguridad de los reclusos, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y corrupción que se extiende más allá de las paredes de las prisiones. La falta de clasificación adecuada de reclusos, el hacinamiento y la ausencia de programas de rehabilitación efectivos son solo algunos de los factores que contribuyen a este problema.
Conclusión: una puerta transparente hacia el cambio
El sistema de justicia en Colombia está en crisis. La ausencia de una política criminal coherente y el fracaso de la política carcelaria han creado un entorno donde la violencia, la corrupción y la impunidad campan a sus anchas. Sin embargo, estos problemas no son inevitables. A través de la transparencia, la rendición de cuentas y la implementación de políticas efectivas, es posible transformar el sistema y garantizar que los derechos de los reclusos sean respetados.
Es hora de abrir una puerta transparente hacia el cambio, de iluminar las sombras del poder y de recuperar la confianza en nuestras instituciones. Solo así podremos construir un país donde la justicia prevalezca sobre la corrupción y la violencia.
