La semana pasada la revista Semana publicó una portada que causó polémica y recibió múltiples críticas, pues hubo muchos opinadores que la consideraron incendiaria, amarillista y desinformativa. 

La carátula traía una fotografía de la ministra de Salud, Carolina Corcho, junto a un titular que decía: Pánico en la salud, y debajo un subtítulo, donde palabras más, palabras menos califican a la ministra como un «terror para el sistema», tras anunciarse el proyecto de reforma a la salud que será llevado al Congreso. 

Y según la lectura, Corcho quiere causar un caos en este sector que justifique su reforma inmediata.

Algo así como un presunto plan orquestado para sacar del ruedo a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), o sea a las aseguradoras, las que captan los afiliados y que son intermediarias entre los usuarios y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), sean clínicas, hospitales, puestos de salud y demás servicios médicos especializados. 

Y aunque desde el gobierno de Gustavo Petro evidentemente muchos consideran que tal intermediación se volvió solo una forma más de lucrarse con la salud, lo cual no está poco alejado de la realidad, otros creen que debería haber un punto de equilibrio manteniendo la figura del aseguramiento.

Y otros, los que convocaron marchas para protestar, es decir el ala uribista opositora, afirman, de manera, esos sí, incendiaria, que la propuesta del Minsalud hará colapsar el sistema de salud. 

Esta última afirmación se cae de su propio peso, pues vale recordar que entre el 2019 y hasta cuando terminó el Gobierno de Iván Duque, habían sido liquidadas 13 EPS, teniendo que ser reubicados casi 10 millones de afiliados. Y el sistema no colapsó. 

La razón de las liquidaciones: la misma de siempre, la falta de oportunidad en la prestación del servicio de salud, para lo cual precisamente, el Gobierno las tiene de intermediarias y por lo que el Estado y los cotizantes, les pagan. 

Ahora bien, la crisis del sector salud, no es nueva y pese al sinnúmero de reformas que se han hecho, los males persisten, salvando leves mejorías, que toca decirlo se han dado luego de que la Corte Constitucional tomara cartas en el asunto en el 2008, cuando amparó el derecho a la salud de todos los colombianas y prácticamente forzara a las EPS a cumplir vía mandato constitucional, con lo que les ordena la norma. 

Llama entonces poderosamente la atención, que después de que la Corte les pusiera tatequieto, fue que las EPS comenzaron a entrar en crisis financiera, y salieron a relucir los casos de Saludcoop, de Caprecom (que era pública), de Cafésalud, Coomeva EPS comenzó a desmejorar los servicios, en síntesis se comenzó a caer el castillo de naipes. 

Salta la duda claro, ¿era que las EPS sí desviaban recursos de la salud para su propio lucro? En el caso de Saludcoop, quedó más que demostrado y fue escandalosas las corruptas prácticas desmanteladas. Así como también quedaron al descubierto acuerdos por debajo de la mesa que hacían EPS del régimen contributivo para establecer tarifas a pagar a las IPS. 

También se cuestionó entonces la figura de la verticalización de los servicios que supuestamente está prohibida por la normatividad, consistente en que EPS se asocian con IPS, bien que estén en funcionamiento o las crean, para contratar las prácticas médicas, es decir, el negocio redondo. 

Luego, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se decidió dar un plazo de siete años, los cuales ya se cumplieron, a las EPS con problemas financieros, para que recapitalizaran sus arcas, pero muchas no lo han conseguido. 

Y, en medio de todo este maremagnun, los que peor parte han llevado son los trabajadores de la salud, que ahora se les contrata por prestación de servicios y sueldos mucho más bajos, pues los socios tanto de EPS, como de IPS privadas, no quieren perder su margen de ganancias, que aluden, en privado, no son las mismas tras verse avocados a garantizar los servicios como aseguradoras que son y el equiparamiento de los regímenes contributivo y subsidiado. 

La deuda

Como resultado de todo este agobio en que vive el sector desde hace unos 18 años, la deuda que mantienen EPS, entidades territoriales y el propio Estado con las IPS, supera ya los $12 billones de pesos, según afirman gremios como  la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC). 

Y por la parte de hospitales públicos, algunos han solventado la situación como los ubicados en Medellín, pero no muy lejos de allí, los del Chocó, su departamento vecino, por el contrario han tenido que ser cerrados porque no había ni para un esparadrapo. 

Con la pandemia del Covid -19, supuestamente se le inyectaron recursos nuevos al sistema, pero las cifras dan cuenta que Colombia siempre se mantuvo entre los países con más fallecidos por Covid por cada 100 habitantes. Demás está recordar los miles de testimonios de personas que reclamaron atención oportuna que nunca llegó. 

Ahora, nuevamente, como cada cierto tiempo, vuelve a calentarse el tema con los anuncios de la reforma y la ministra Corcho, ha calificado de mentiras, tergiversación e infundios lo dicho por la oposición uribista. 

Corcho presentó las cifras del déficit fiscal, resultados de la anterior administración y que representa una desventaja significativa para la administración que la recibe: «Estamos entrando a negociar un presupuesto con un déficit que ya se proyecta a 5,7 billones y esto ya lo conoce el Congreso»

Teniendo en cuenta los datos, la ministra explicó que se hizo una proyección que mostraría que se necesita $15 billones de pesos, un poco más de lo que se pretende recaudar con la reforma tributaria, en este sentido, aseguró: 

«Evidentemente, a un solo ministerio no le van a dar ese presupuesto, por lo que se deben hacer ajustes. Ahí es donde se hace un ajuste y la solicitud queda en 10,6 billones. Es el más alto de la historia de Colombia. No es cierto que se haya disminuido el presupuesto para la salud. Es mentira»

Y que hay diferentes entidades prestadoras de salud que tienen que recibir dineros del Estado, por ejemplo, existen diferentes clínicas y hospitales que reportan pagos pendientes por más de $20 billones

«No tenemos las cuentas claras de cuanto es la deuda porque no hay un sistema de información. En tres décadas este sistema de salud nunca tuvo un sistema de información, no lo tiene, que permita saber una vez que los recursos salen de Adress y entran al sistema de intermediación ¿Qué pasa?», puntualizó. 

Y añadió que este gobierno y sus representantes no van a comenzar una crisis en el sistema, pues, ésta ya existe y viene de las administraciones anteriores:  

«No es cierto que estemos tratando de apretar las EPS para acabarlas. Estamos aumentando el recurso para las EPS, pero también es cierto que el superintendente del gobierno de Iván Duque, dejó en proceso de intervención 11 EPS, por lo cual, según dijo, no es el gobierno Petro el que busca acabar con esas entidades», dijo la funcionaria. 

Pero, lo más llamativo de toda esta andanada de críticas que le han llovido a la Ministra por su supuesta arremetida contra las EPS, es que fue el propio superintendente de Salud del gobierno de Iván Duque, el señor Fabio Aristizábal, quien días antes de finalizar su gestión, le entregó a Carolina Corcho una relación de cuáles eran los grifos por los cuales se escapaban los recursos de la salud, donde se observa que al menos la mitad de las fugas están en las EPS y la otra mitad en las IPS. 

El nuevo superintendente 

Por su parte, el nuevo superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, ha reiterado que no está persiguiendo a las EPS, pero, advirtió que si no cumplen con la normatividad, él sí ejercerá su labor de vigilancia y les recordó que su rol (el de las EPS) y sus obligaciones, es garantizar el derecho a la salud. «Cuando no lo cumplen debo actuar así se generen decisiones impopulares», sentenció. 

Y recordó que un 35% de los afiliados ponen en riesgo sus vidas por falta de medicación y de atención.  

Señaló que en este momento hay 11 EPS intervenidas, cuatro liquidadas y una en liquidación voluntaria: «En mi periodo decreté la liquidación de Comfamiliar Huila y Convida, así que yo no llegué a acabar las EPS, antes de mi llegada ya estaban varias en proceso liquidatorio, ellas se liquidan solas por incumplir los parámetros». 

Y puso de presente que «cada día en Colombia se ponen 250 tutelas reclamando el derecho a la salud y más del 70% no tendrían que haber sido interpuestas, porque hacen parte del plan de beneficios», es decir, de las obligaciones de las EPS. 

«Las EPS no caracterizan la población que tienen, hay una desatención en prevención, ellas reciben la UPC para prevención y mantener sana a la gente, y cuando esto no se gasta en la población no puedo permitir que sigan», cuestionó. 

Así mismo, advirtió el superintendente que no sé están pagando las obligaciones a quienes atienden a los pacientes y las IPS: «Deben casi $10 billones»

Por ello, concluyó Beltrán, «las EPS no pueden seguir determinando quién vive y quién muere. (...) No podemos permitir que se sigan muriendo maternas o recién nacidos que no tenían que morirse»

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