La tapa de la corrupción: carros oficiales y escoltas para pasear mascotas y repartir tortas
Definitivamente los funcionarios públicos en Colombia, los mismos que viven de los impuestos de todos los ciudadanos, nunca dejan de sorprender cuando de ser corruptos y abusivos se trata.
En esta ocasión dan clara muestra de lo poco que les importa la vida de personas en alto riesgo, mientras las de ellos y hasta las de sus mascotas, son protegidas con recursos del Estado, y sin el mayor asomo de vergüenza.
Por un lado, esta semana se conoció la denuncia realizada por el medio digital Cambio que comprobó que la familia de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y su esposo, el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, no le dan un uso adecuado a las camionetas de la Unidad de Protección Nacional de Protección.
Quieren todo regalado!! pic.twitter.com/Qja0akO8JS
— Alana. (@CLAUDIA12264905) September 25, 2022
Según vecinos de este par de personajes, una camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), demora días parqueada en un andén del barrio La Soledad de Bogotá. Es una camioneta modelo Duster de color gris, que permanece al lado de camionetas de alta gama.
Periodistas de Cambio se dieron a la tarea de verificar la denuncia y durante tres días pasaron por el lugar a diferentes horas del día y de la noche y constataron que efectivamente la camioneta estaba parqueada sin que, en apariencia, se le diera uso.
Esta camioneta –al igual que las blindadas junto a las que regularmente se encuentran parqueadas– hace parte de un esquema de seguridad asignado por la UNP a la senadora del Cabal. Por esta camioneta, los colombianos pagan con sus impuestos $7.423.622 al mes.
Su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, tiene su propio esquema de protección asignado por dicha unidad, además de un vehículo de la Federación de Ganaderos.
El hogar Lafaurie-Cabal cuenta con siete vehículos asignados por la UNP, más 12 escoltas y cuatro policías, reveló Cambio.
Pero lo peor, es que, según los vecinos, estos automotores son también utilizados por sus hijos y la camioneta Duster, se utiliza eventualmente para llevar insumos al próspero negocio de postres de Luisa Lafaurie, hija menor del matrimonio.
Giovanny Gallo, presidente de Analtraseg, sindicato que asocia a escoltas de la UNP, aseguró que este caso contrasta con la situación de miles de defensores de derechos humanos, reclamantes de restitución de tierras y víctimas de violencia que solicitan protección sin que sus peticiones sean atendidas: «Es increíble que las personas no usen los vehículos y los tengan parqueados a sol y agua, mientras hay gente necesitando, esperando a que les asignen unas medidas que nunca les llegan. Hay personas que han muerto esperando esas medidas».
Según cifras de la UNP, el costo de un esquema de protección varía de acuerdo con la cantidad de hombres y tipos de vehículos asignados.
Un escolta vale $7.044.667 al mes; un vehículo blindado, $11.991.872; un vehículo sin blindaje, $7.423.622, y una motocicleta, $2.500.000. Pero hay otros valores adicionales: las armas, chalecos y otros implementos asignados a los esquemas de seguridad también tienen un costo mensual por el que la UNP paga.
Es decir que un esquema de seguridad como el de la familia Lafaurie-Cabal, que cuenta con 4 camionetas blindadas, 3 convencionales y 12 escoltas de la UNP, podría costar $161.557.730 al mes.
Pero lo grave y abusurdo de todo esto es mientras la familia Cabal-Lafaurie, se da el corrupto lujo de contar con un vehículo pagado del bolsillo de los colombianos, para estar parqueado todo el día en una calle y ser utilizado solo para “facilitarle” la vida a su hija menor, a otros miles de colombianos, cuyas vidas corren riesgo real, se les niega el derecho a ser protegidos.
Según cifras de la UNP, entre julio de 2021 y julio de 2022, 36.365 personas en todo el país solicitaron a la entidad medidas de protección. Solo a 6.644 personas les fueron concedidas.
Las personas que más le solicitaron protección a la UNP en el último año fueron activistas y representantes de organizaciones de derechos humanos, seguidos de servidores públicos y víctimas de violaciones de derechos humanos.
Siendo Bogotá, con 7.002 peticiones; Valle del Cauca, con 3.924; Cauca, con 3.007; Norte de Santander, con 2.236, y Magdalena, con 1.790, donde más solicitudes hubo.
Por ejemplo, en total, 529 periodistas solicitaron protección a la UNP, entre julio de 2021 y julio de 2022. Las peticiones negadas sumaron 401.
Y revela Cambio que este año, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública en la que participaron líderes sociales, defensores de derechos humanos y representantes de la UNP, la Fiscalía, la Procuraduría, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Presidencia de la República.
El motivo de la audiencia fue analizar las falencias en la protección de defensores de derechos humanos. En ese momento, el Alto Tribunal estudiaba nueve tutelas interpuestas por 18 defensores a quienes el Estado les había negado la protección.
Los perros de Barbosa
Pero si parece escandaloso el tema de la camioneta para repartir tortas de la hija de Cabal, el de las mascotas del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, supera hasta las más exclusivas costumbres de la realeza inglesa.
Resulta que en su más reciente columna en Cambio, Yohir Akerman reveló que los perritos mascotas del Fiscal General se desplazan en carro oficial y son llevados a pasear y a hacer sus necesidades por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
Se trata de un bulldog llamado Bell y una french poodle llamada Laica, que se movilizan en una camioneta Nissan Navarra de doble cabina.
La camioneta es un vehículo oficial, comprado y tanqueado con plata de los contribuyentes. Su matrícula es GAQ-057 pero en los registros públicos esa placa no aparece. Es una información reservada porque el carro está destinado a adelantar operaciones secretas para la Fiscalía General de la Nación.
Un equipo de la revista Cambio grabó la camioneta, mal estacionada en el parque de la 93 en Bogotá.
Y se percataron de que de ella bajaban dos funcionarios de la Fiscalía, miembros de la dirección de protección y asistencia. «Su labor teóricamente es escoltar dignatarios o cuidar testigos para que no los maten como mataron, por ejemplo, a Carlos Areiza o a Francisco Villalba», señala la columna.
Pero en vez de cuidar a personas amenazadas, los funcionarios cuidaban era a los perritos. El video muestra que cada perrito tiene su escolta paseador. Los guardaespaldas los llevan al parque a estirar las paticas, a que hagan sus necesidades fisiológicas y luego recogen los excrementos.
Los funcionarios resignados a la misión de pasear los perros del jefe del ente acusador están identificados y Akerman relata en su columna que se han hecho merecedores de ascensos.
Y por si fuera poco lo ya contado, Akerman denuncia que en Semana Santa cuando el fiscal Francisco Barbosa y su señora, Walfa Téllez, partieron a París, los perritos se quedaron retozando en el bunker al exquisito cuidado de funcionarios públicos.
La columna de Cambio indica también que el Fiscal tiene 44 escoltas que trabajan en dos turnos y que se traslada en una caravana de siete lujosas camionetas blindadas iguales.
Por último revela el medio digital que hace unas pocas semanas Francisco Barbosa presentó un proyecto de ley pidiendo 6.000 empleados adicionales para la entidad. La avidez burocrática del fiscal les costará a los colombianos un billón de pesos más cada año.
Lo dicho, en Colombia la corrupción y desfachatez de muchos funcionarios públicos, no tiene límites, y si no, que lo niegue el Fiscal Barbosa, el mismo que supuestamente se encarga de perseguir a los corruptos ladrones del erario público.
