En el Plan de Desarrollo del actual alcalde de Fundación (Magdalena), Carlos Alberto Sierra Sánchez, (2020-2023), los ingresos corrientes tributarios para la vigencia del 2020, fueron estipulados en $4.961’000.000 de pesos, de donde el recaudo del impuesto por alumbrado público está por el orden de los $1.267’101.000 de pesos, es decir que corresponden al 25,5% del total de ingresos tributarios del municipio, cifra superada solo por el impuesto de Industria y Comercio, cuyo recaudo se estima en $1.689.749.000 de pesos anuales.
Sin embargo, en ninguna parte de ese mismo Plan de Desarrollo se hace referencia alguna a la cobertura de ese servicio, ni a ninguna acción que tenga planeada realizar la administración para mejorar el alumbrado público. Y de hecho, este portal no pudo encontrar ningún documento, con información sobre su cobertura en esa población.
Lo peor del caso es que de los 13 mil hogares que viven en Fundación, más del 91% están conectados a la red eléctrica la empresa Air-e, que es la que cobra a su vez el impuesto de alumbrado público, los mismos hogares que pagan el mencionado impuesto sin que muchos gocen de luminarias en sus calles.
Según declaraciones dadas al portal Opinón Caribe en el 2017, la empresa Dolmen que es la maneja la concesión del alumbrado público y la que finalmente termina recibiendo buena parte del recaudo del impuesto, aseguró que Fundación solo tiene instaladas 1.674 luminarias, y si se tiene en cuenta que la Concesión de este servicio lleva más de 23 años funcionando, quiere decir que si acaso se habrán instalado unas 93 luminarias cada año.
Comparando estos datos con el municipio de Puerto Colombia (Atlántico), que tiene 54 mil habitantes, unos 15 mil menos que Fundación, cuentan en la actualidad con algo más de 4.512 luminarias, por lo que se puede inferir que lo más probable es que más de la mitad de Fundación mantiene sus calles a oscuras.
Pero no es sólo la actual administración, a la que poco le ha importado seguir cobrando por un servicio inexistente a miles de usuarios, sino a sus antecesores; y por lo visto tampoco ha despertado el interés de los organismos de control y vigilancia, que ha pasado de agache frente a las innumerables quejas.
En la pasada administración de la alcaldesa Mallat Martínez Cantillo, moradores de Fundación elevaron una queja ante la Procuraduría y la Contraloría, por el cobro que se les hace del impuesto de alumbrado público, sin contar con el servicio.
Pero, pasados seis años desde que supuestamente estos organismos de control iniciaron sendas investigaciones tanto a la empresa Dolmen como a la exalcaldesa, que ahora aspira a ser gobernadora del Magdalena por el partido Cambio Radical, nada ha ocurrido.
Antecedentes
En el 2016 se elevaron quejas por el mal servicio ante la Contraloría del Magdalena contra la empresa la Dolmen S.A.E.S.P. por tener a oscuras a varios sectores del municipio.
El ente de control sin embargo se limitó a decir que la administración de Martínez no había adoptado las medidas administrativas, técnicas y financieras frente a la empresa para la ejecución del proyecto de expansión de las redes solicitado por la empresa prestadora del servicio.
La Contraloría del Magdalena genero un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria que fue trasladado al despacho de la Procuraduría Regional, el 11 de junio de 2017.
Sin embargo, en el 2019 la Procuraduría decidió archivar el proceso al no encontrar mérito a la queja.
Esto a pesar de que la misma empresa Dolmen dio a conocer los oficios donde en dos oportunidades, a finales del 2017 y en el 2018 pedía al municipio considerar la financiación a las necesidades de expansión del sistema de alumbrado público y en los cuales se relacionaban los barrios con mayor necesidad.
De hecho la misma Dolmen mediante oficio del 6 de mayo del 2019, dirigido al entonces secretario de Planeación de Fundación, Javier María Segebre, confirma que entre el 2016 y 2019 la empresa solo había instalado 190 luminarias, lo que catalogó como un plan de expansión del servicio.
Pero, lo más llamativo del asunto es que en respuesta al veedor José Francisco ‘Tachi’ Nieto, uno de los quejosos, fechada en abril 20 del 2023, Dolmen indicó que durante las vigencias 2018 y 2019, la concesión ejecutó y financió estas expansiones, sin habérselas facturado al municipio.
Y entre quejas y respuestas el tiempo ha pasado. La única entidad que en su momento consideró que habría podido darse una conducta negligente por parte de la entonces alcaldesa Martínez fue la Contraloría Departamental, que en oficio del 25 de noviembre del 2019, señaló que: “De la presente investigación se presume, que la Administración Municipal de Fundación, se encuentra incumpliendo su deber legal, de tomar medidas administrativas, técnicas y financieras para cumplir con calidad el servicio de Alumbrado público Municipal; y es la Administración Municipal, quien debe realizar los movimientos financieros para poder ejecutar el proyecto de expansión debidamente estudiada y solicitada por la empresa Dolmen SA y no como manifiesta el denunciante que la inversión debe provenir por parte de la concesionaria”.
Y mientras Dolmen y la Alcaldía se tiran la pelota, buena parte de los habitantes de Fundación siguen con sus calles a oscuras, y lo peor, pagando por un servicio con el que no cuentan.
Mientras que la exalcaldesa Mallat Martínez aspira, sin sonrojarse, salir elegida en el mes de octubre como gobernadora del Magdalena por el partido Cambio Radical.
