Por: Jorge Vergara Carbó

Desde, el mismo instante en que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, decidió intervenir a Electricaribe con fines de liquidación, manifestamos que el señor José Miguel Mendoza se había equivocado en esa toma de decisiones, como en el nombramiento del señor Javier Lastra, persona con antecedentes en la liquidación de Telecom y en el concejo de Bogotá, además por no tener idea del negocio de distribución y comercialización de energía.

Al intervenir Electricaribe, en vez de dejar que los españoles siguieran explotando el negocio hasta que se declararan en quiebra, ya que ellos no estaban interesados en capitalizar la empresa para poder realizar las inversiones que se necesitaban para prestar un mejor servicio.

Sus índices de gestión, se venían deteriorando significativamente y la SSPD tenía que tener conocimiento de ello, al tener acceso a la información financiera y técnica de la empresa. Lo que tenía que hacer el Superintendente era penalizar a la empresa por incumplimientos forzándolos así, a que se declararan en quiebra y le entregaran la empresa al gobierno central para no seguir perdiendo plata

Pero no, lo que hizo el señor José Miguel Mendoza fue actuar de común acuerdo con el Intergremial del Atlántico, por supuesto con el Ministro de Minas y Energía, el gobierno central y los españoles. Prueba de ello fue el nombramiento del presidente del Intergremial en un cargo en la empresa intervenida.

Esa fue una intervención negociada para que Energy pudiera tener justificación para una demanda tal como la hizo ante la CIADI (Tribunal de arbitramento del Banco Mundial), alegando expropiación de sus activos que son de ellos y, malos resultados administrativos de parte de la SSPD.

La administración de la empresa por parte de la SSPD, arrojó lo resultados que esperábamos quienes de una u otra forma conocemos el sector eléctrico y lo habíamos anunciado a tiempo. Los funcionarios designados para dirigir la empresa, carecen de experiencia.

En la intervención de hace 20 años, por parte de la Superservicios llevaron a las empresas a la quiebra con malos manejos. Hoy, en los dos años que llevan al frente del negocio han perdido $1.1 billón de pesos, para una pérdida acumulada de $1.5 billones, muy superior al capital suscrito de la misma. Contratación a dedo, sin existencia de junta directiva y sin ningún tipo de control. Afectando con su actuación el patrimonio público, al respecto ha dicho el Consejo de Estado “la afectación de patrimonio público implica de suyo la vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa eso implica que los recursos públicos sean administrados de manera eficiente, oportuna y responsable, con lo cual se evite el detrimento patrimonial.

Javier Lastra

La corrupción en Electricaribe

De nada han servido las denuncias presentadas en la Fiscalía y Procuraduría, en contra del señor Javier Lastra y de José Miguel Mendoza, persona esta que hoy es socio del hijo del Fiscal Néstor Humberto Martínez. No conocemos una sola investigación por parte de los Organismos de control. Tampoco hemos escuchado comentario alguno de la actual SSPD, Natasha Avendaño sobre los malos manejos al interior de Electricaribe y en especial de las altas pérdidas económicas que muestran sus estados financieros$1.2 billones.

Ni la CGR, ha vuelto a hablar de los desvíos de recursos en los programas PRONE, FOES,FAER y otros. Es un tapen–tapen. También se han resistido a realizar una auditoría forense a las cuentas de Electricaribe, para ver si detectan sobre precios o contratos ficticios como se dieron en la Triple A.

Ellos también utilizaban empresas filiales de Unión Fenosa para contratar. Esa es una de las varias formas para girar recursos a la casa matriz y, además pagar menos impuestos en el país. Eso fue lo que hizo la Triple A, por la falta de control y en Electricribe era más fácil este tipo de contratos porque no había control alguno.

Nunca la SSPD ejerció el mandato constitucional de controlar y vigilar a Electricaribe y a la Triple A. Cuyas juntas directivas, como el gerente era yo con yo. El Distrito era en la Triple A, un invitado de papel. En los últimos once años, revisando sus actas, nunca dijeron nada y todo lo aprobaron. Como tampoco los representantes en la junta de Electricaribe designados por el gobierno nunca dijeron nada.

Ahora resulta, que el gobierno colombiano está sentado con Energy para tratar de llegar a un arreglo con ellos, sobre el monto de la demanda por US$1.660 millones ($5.24 billones). Debido a que saben que la demanda la vamos a perder, ya van tres reuniones y tienen programada la cuarta.

Esa demanda se pierde gracias a los señores: José Miguel Mendoza, Javier Lastra, Natasha Avendaño García y Ángela Patricia Rojas, ya que ellos son responsables por:

Primero de haber tomado la decisión de intervenirlos y no dejarlos que se quebraran,

Segundo, su mala gestión al frente de la empresa hasta el punto que en dos años perdieron el 270%, de lo que la empresa perdió en 19 años($1.2 billones VS $400.000 millones),

Tercero, al violar el contrato de seguridad inversionista firmado entre España y Colombia, por lo que afirmaron que les habían expropiado sus activos (Electricaribe no es una concesión),

Cuarto, la mala administración por parte de la SSPD, contribuyó a reafirmar lo que Unión Fenosa venía diciendo que el negocio era malo, que el recaudo era bajo, las pérdidas de energía eran altas, la cartera oficial seguía creciendo, por lo que había que modificar el marco regulatorio.

Lo que afectaba el flujo de caja y los resultados financieros impidiendo hacer inversiones y menos capitalizar la empresa. Ahora Energy dice, razón teníamos nosotros, ya que ustedes administrando la empresa en dos años, llevaron las pérdidas de energía a niveles del 25%, cuando nosotros las teníamos en el 18%, incrementaron la cartera al bajar los niveles de recaudo y aumentaron los daños en las redes. O sea, los españoles para su defensa no necesitan sino mostrar los resultados de la SSPD, que vuelve a fracasar en su segundo intento del manejo de Electricaribe.

Estamos en manos de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, no pueden pasar de agache, en este caso. Deben investigar por lo menos a los cuatro funcionarios que hemos señalado en este documento, no solo desde el punto de vista disciplinario, sino del penal´

Es posible que todo haya sido acordado con los españoles para después justificar la presentación de una demanda, que vale $5.24 billones, lo que significa que hay mucho dinero de por medio. Es que si la SSPD no los interviene vuelvo a recalcar señores entes de control, se quiebran y no nos hubiera costado un solo peso recibir esos activos.

Hoy todos los colombianos gracias a esos cuatro funcionarios, nos toca pagar la suma que acuerden los negociadores jurídicos del país, con los abogados de Naturgy, suma que estamos seguros no será inferior a los US$800 millones ($2.52 billones). Recuerden que Unión Fenosa compro en US$400 millones a Electricaribe y Electrocosta, que le habían costado a los venezolanos US$800 millones.

¿Serán capaces nuestros abogados de cobrarles a los señores de Energy, los $1.2 billones del pasivo pensional, los $1.8 billones que les quedaron debiendo al sector financiero y $1.6 billones a los contratistas y proveedores a quienes volvieron a quebrar? Hablamos de $4.6 billones, que propone Natasha Avendaño se lo regalemos a los privados asumiéndolos los colombianos, para conseguir un nuevo operador.

Mientras tanto, el culpable principal hoy está sentado en la oficina de abogados del hijo del señor Fiscal General de la República, excluido de todo tipo de investigaciones al igual de quienes lo apoyaron en la decisión de intervenir a Electricaribe y nombrar al señor Javier Lastra como gerente liquidador a pesar de sus antecedentes. Están protegidos como han estado quienes se han robado al país, en los casos de Reficar, Odebrecht, Navelena, Dragacol, Hidroituango, Tunel de la línea, autopista Bogotá-Girardot , Vía de la Prosperidad, el PAE, cartel de las aulas y tantos otros que se sería largo mencionarlos.

El nuevo operador

Por último, con relación a la convocatoria que se ha hecho nuevamente para conseguir uno o dos inversionistas privados, segmentando el mercado y, pagando los pasivos al corte de la intervención, creemos que si no se cambia el marco regulatorio del mercado de distribución y comercialización, en el sentido de permitir por una parte la integración vertical de la empresa y por la otra, modificar la participación en el mercado y volver a llevar a 2MW, la base para que las empresas puedan comprar energía en bloque(contrato a largo plazo) o en bolsa, el negocio no será rentable, ya que no podrá contar con clientes de alto consumo, lo de por sí, le ayuda a disfrazar los índices de pérdida de energía y a aumentar los niveles de recaudo.

De lo contrario, tendría que aumentar las tarifas en un 20%, lo que a su vez incrementaría el fraude y la cartera. Siguen con su terquedad, no quieren entender en el alto gobierno que la estructura de mercado de Electricaribe es mala, no es rentable y peor aún segmentada.

No debe seguirse dando vuelta al asunto, dado que el servicio cada día se deteriora más, volvamos al pasado creemos una empresa de economía mixta donde participen Gecelca, Urra, Transelca, las electrificadoras y de ser posibles los generadores térmicos de la Región Caribe. Eso sí, cambiando el marco regulatorio existente para poder competir y prestar un buen servicio a un bajo costo, de lo contrario les garantizo que seguiremos con los mismos problemas.

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