Por: Jorge Vergara Carbó
Hoy domingo, 5 de julio de 2020, el periódico El Espectador publica un artículo donde señala que el Tribunal de Arbitramento de las Naciones Unidas con sede en Washington está a punto de fallar la demanda que los españoles impetraran contra el gobierno colombiano al intervenir el 16 de noviembre de 2016, a la empresa de su propiedad “Electricaribe”
Sobre este tema publicamos un artículo en abril 21 del 2019 “A pagar la demanda de Energy por US$1.626 millones”, donde explicamos los argumentos de los españoles para presentar su demanda https://corrupcionaldia.com/gracias-a-la-corrupcion-y-la-ineficiencia-estatal-todos-tendremos-que-pagar-la-demanda-de-los-espanoles-por-intervenir-electricaribe/.
Lo que se afirma en el artículo de hoy, es grave y ratifica lo que planteamos en el artículo del año pasado, dicen los españoles “la intervención fue ordenada por el gobierno Santos a cambio de votos de congresistas costeños en proyectos claves”. Habría que preguntarles a los españoles que quisieron decir con esto.
En este artículo se platea, algo parecido en el sentido que “la intervención fue acordada con el gobierno nacional, las SSPD, algunos gobernadores y parlamentarios e inclusive de común acuerdo con los españoles”. Manifestamos que esa intervención no tenía sentido debido a que esa empresa Electricaribe estaba a punto de quebrarse, bastaba nada más que la SSPD cumpliera con su deber y apretara a la empresa con multas, para que acelerara su quiebra y de esa forma recibir la empresa el gobierno sin que tener que pagar un solo pesos, ni enfrentar una demanda como la que está en curso actualmente.
Pero primó el interés particular, y el negocio a nuestro juicio estaba en intervenir la empresa para que demandara. Recuerden que esa intervención fue tan negociada con los españoles, y por supuesto con el intergremial del Atlántico, cuyo presidente de ese entonces dejó su cargo para ocupar la presidencia de Electricaribe, y también tuvo el respaldo, como lo dicen los españoles, de algunos gobernadores y parlamentarios del Caribe colombiano.
Señala el artículo de El Espectador algunos argumentos de la demanda, estos son:
- Conexiones ilegales, 8% de los usuarios
- Falta de pago privada y pública
- Falta de investigaciones y mano dura del gobierno
A parte, señalan los españoles unas declaraciones del alcalde Alex Char incitando según ellos a la gente a protestar contra Electricaribe. Para los españoles esa declaración hizo incrementar el fraude y la cartera.
Creo que los argumentos de los españoles, serán más consistentes. Ello a mi juicio planteará una expropiación de la empresa violando los acuerdos entre los dos gobiernos y el otro argumento serán los resultados obtenidos por la SSPD, de noviembre de 2016, a la fecha. Con esos resultados tan malos tratarán de demostrar que ellos tenían razón, que la empresa no era rentable y que el mismo Estado colombiano no era capaz de controlar las pérdidas de energía y los bajos recaudos, lo que origino que en los tres años de intervención perdieran $3.2 billones de pesos, cundo ellos en 16 años, perdieron $800.000 millones. Eso no lo dice Camilo Gómez.
Vemos flojos los argumentos de la defensa del país, con su contrademanda por US$514 millones, que debería pagar Electricaribe de ganar el fallo, pretender ganar el pelito argumentando que Electricaribe NO hizo las inversiones necesarias para garantizar un buen servicio y pagar la energía que le tocaba comprar al sistema.
En parte ese fue el documento utilizado por el SSPD de esa época José Miguel Mendoza, a quién denunciamos por esa decisión, y no hay manera de investigarlo, pues ahora es funcionario del buffete del ex fiscal Humberto Martínez.
El argumento del gobierno, si es ese, es débil y fácil de contradecir, porque si eso fue cierto, como realmente lo fue, la culpa es de la SSPD, el Ministerio de Minas y Energía y la Super Intendencia de Sociedades, que no cumplieron con sus funciones obligando a los españoles, primero a que realizaran las inversiones necesarias para prestar un buen servicio, como también a exigirles una capitalización de la empresa para poder cumplir con sus compromisos.
El único ganador con la intervención son los españoles y por supuesto los que participaron en la toma de decisiones para que se interviniera la empresa originando un gran negocio para la empresa.
La pregunta del millón es ¿qué pasará si perdemos esa demanda US$1.626 millones, $5.9 billones?, ¿quién responderá? Luego, entonces, vamos a pagar una suma considerable, intervinimos la empresa asumiendo el riesgo de invertir $4 billones que se perdieron por mala gestión de la SSPD, para terminar vendiendo la empresa por unos $700.000 millones, unos US$191.8 millones. Brillante el negocio. Invertimos US$1.095.9 millones ($4 billones) para recuperar la empresa, cosa que no hicimos porque la quebramos más , para terminar vendiéndola aproximadamente por US$191.8 millones.
¿Quién responde presidente Duque por este negocio? ¿Por qué la CGR, no ha vuelto a decir nada? ¿Pesa mucho la amistad entre el Vicecontralor y la Agente Especial? ¿Cuándo vamos a saber cuál fue el precio real de venta? ¿Alguien responderá por el detrimento patrimonial de los colombianos?
Anexo: otro artículo sobre el tema https://corrupcionaldia.com/los-colombianos-pagaremos-12-6-billones-por-los-errores-de-electricaribe/.
