De manera ramplona e inconstitucional el Gobierno nacional le arrebató a municipios y departamentos más pobres la bicoca de $202 mil millones de pesos por concepto de transferencias del Sistema General de Participaciones. 

La historia se remonta a los resultados del censo del año 2018, el cual mostró que muchos municipios y departamentos del país superaron los índices de pobreza que tenían en el 2005 cuando se realizó el anterior censo. 

Resulta que mediante documentos SGP-042 y SGP-048 el Departamento Nacional de Planeación –DNP- distribuyó las transferencias del Sistema General de Participaciones –SGP– correspondientes al año 2020, a los municipios y departamentos del país, supuestamente basados en los nuevos resultados del Censo 2018, además, considerando que los datos de población y pobreza (NBI) se toman como base de liquidación de los recursos de Propósito General y agua potable del SGP, entre otros.  

Según explicó el economista y especialista en Finanzas Públicas de la ESAP, Edward Torres Ruidíaz, el Gobierno hizo una primera distribución en febrero de este año, mediante documento SGP-042, el cual efectivamente, aumentaba la asignación a las entidades a las que les había aumentado la pobreza relativa y las disminuía a aquellas donde la pobreza NBI había disminuido, es decir los considerados “ricos”.  

Haciendo uso de unas facultades de “transición” otorgadas por la ley 2008 del 2019, el documento SGP-042 distribuyó sólo 5 de las 11 mensualidades del 2020, en aquellas partidas afectadas por los cambios en pobreza y población, como son las de propósito general y salud pública asignada a alcaldías, y agua potable, asignada a alcaldías y gobernaciones, en espera del “ajuste” cuyo objetivo sería disminuir el incremento de recursos a los municipios “beneficiados” por la distribución anticipada por el documento SGP-042 de febrero pasado, para compensar la disminución de aquellos “perjudicados”. 

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Ya el Departamento Nacional de Planeación DNP, era conocedor de que el nuevo censo 2018 ocasionaría “cambios significativos en los resultados de la distribución del SGP” a las entidades territoriales, y era evidente que, a municipios y departamentos, que redujeron ostensiblemente sus cifras de pobreza NBI, verían reducir del mismo modo sus nuevas transferencias, al contrario de aquellos que en términos relativos la aumentaron o no les disminuyó tanto.  

Esta premisa de que las nuevas cifras de pobreza y población del censo 2018, beneficiaba con más recursos a los más pobres y perjudicaba a aquellos que, según estas, ya no lo eran tanto, se basa en los criterios legales de asignación y como lo estipula el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia que dice: “Todas las personas… gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”, y “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. En el mismo sentido, “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta…”. 

Este artículo constitucional es en el que se sustenta el criterio de focalización entendida como la estrategia de uso internacional para direccionar recursos a grupos de población socialmente desfavorecidos, una “discriminación positiva” (DNP. 2007), con el fin de que superen sus condiciones de desventaja y, en términos generales, reducir la desigualdad y la pobreza. 

Así las cosas, explicó Torres Ruidíaz, las proyecciones mostraban que los aproximadamente 400 municipios beneficiados por el documento SGP-042 con más recursos, se concentraban en los departamentos más pobres, en su orden Chocó, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Magdalena, entre otros.  

Mientras que, en la otra orilla, los aproximadamente 600 municipios “perjudicados” por el documento SGP-042 con la reducción de recursos, correspondían en mayor parte a los departamentos de Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, departamentos menos pobres del nuevo censo.  

Lo que nadie entiende

En el primer documento SGP de este año, eso se dio, pero llegado julio, el Gobierno debía distribuir los recursos correspondientes al resto del año. Para ello, expidió el Decreto 943 del 6 de julio de 2020 y dictó los lineamientos del “ajuste”, el cual resume los efectos así:  

  • “En la distribución de los recursos de la participación para Propósito General el número de municipios y distritos a los que se les disminuyen recursos por la aplicación de variables del CNPV 2018 es igual a 493, lo cual representa el 44,7% del total de entidades beneficiarias.
  • En la distribución de la participación para Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB), (…), el 44,5% de las entidades beneficiarias correspondiente a 499 entidades, entre municipios y áreas no municipalizadas, disminuyeron sus recursos frente a las once doceavas de la vigencia 2019.
  • En la distribución del subcomponente de salud pública de la participación para Salud con la aplicación del CNPV 2018 refleja que 179 anotando que entidades, entre municipios y áreas no municipalizadas, así como 10 departamentos, presentan una reducción de sus recursos frente a lo asignado en la vigencia 2019. 
  • Que el número de municipios y distritos a los que se les disminuyen sus recursos por la aplicación de variables del CNPV 2018 en la distribución de los recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar es igual a 831, lo cual representa el 75,4% del total de las entidades beneficiarias, por lo que en promedio dichas entidades dejan de recibir un 23,5% respecto de los recursos que recibieron en la vigencia anterior.”  

Conforme a ello, el decreto define como criterio de “ajuste” “para la distribución de las doce doceavas de la presente vigencia, (…) garantizar a los beneficiarios como mínimo lo asignado por concepto de las doce doceavas de la vigencia 2019, con sujeción a la disponibilidad presupuestal del valor apropiado para cada componente del SGP en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2020.”  

Quiso el Gobierno “garantizar” a las entidades territoriales “perjudicadas” en los criterios de pobreza y población por el nuevo censo 2018, los mismos recursos de 2019, lo que implica una bolsa fija de recursos, no una bolsa adicional, por lo que esa compensación se hará recortando los recursos a aquellos que les habían aumentado con el nuevo censo, que ahora son los nuevos “perjudicados”, esta vez por el decreto 943 de 2020. 

Luego lo que hizo el Gobierno fue desconocer los resultados del Censo 2018, al intentar “compensar” lo que habían “perdido” varias poblaciones por cuenta de la reducción de la pobreza que arrojó el nuevo conteo de la población colombiana. 

Ejemplos claros 

Para explicar esta tesis, el experto Edward Torres, menciona que en el departamento del Magdalena, alcaldías y gobernación perdieron $16.412 millones en el SGP propósito general y agua potable liquidados por pobreza y población, mientras que Boyacá, con pobreza de apenas 10% recibió por habitante el triple de transferencias que La Guajira, aunque la pobreza de esta última es cinco veces mayor con 52%.  

Y agrega que en total 19 departamentos se afectaron respecto a lo que percibieron con el documento SGP-042. Chocó fue el más afectado perdiendo sus alcaldías y Gobernación en un año -$47 mil millones, es decir más de $200 mil millones si se contabiliza el cuatrienio. Le siguen en su orden, como departamentos afectados en mayor medida, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Magdalena y Sucre. 

Y en contraparte, fueron beneficiadas las alcaldías y la gobernación de Boyacá que gracias al SGP-048, percibió $62 mil millones más de lo que le liquidaba el SGP-042 de febrero, siguiéndole en su orden Cundinamarca ($35 mil millones), Nariño, Cauca, Santander y Huila. 

“Son casi $202 mil millones que se quitan a las alcaldías y gobernaciones “más pobres”, ´como el Chocó y el Caribe, para trasladarlos a aquellas “menos pobres”, como Boyacá y Cundinamarca, para compensar los cambios en las cifras de pobreza del censo 2018 respecto al 2005. Que los pobres reciban menos transferencias de las que merecen y los ricos más de ello, puede explicar la persistente desigualdad de Colombia”, recalcó Torres. 

La forma amañada y corrupta como se hizo esta distribución lleva a preguntar, bajo qué criterios y con qué autoridad el Gobierno nacional desconoció de forma descarada lo que estipula la Constitución, y peor aún, desconociendo la realidad de las necesidades básicas de las regiones más pobres y vulnerables del país, y favoreciendo de manera arbitraria, quizás con intereses más politiqueros que cualquier otro, a zonas que evidentemente tienen mejores desempeños y necesidades que los anteriores. 

Para el economista y catedrático Edward Torres, municipios y gobernaciones afectadas deben actuar jurídicamente contra el SGP-048 invocando los derechos fundamentales del artículo 13 de la Constitución Política, rector de los principios de subsidiariedad y las estrategias de focalización, claramente violados pues, y “aprovechar la torpe justificación del recorte en la ley 2008/19, al llamar “efectos negativos” a las variaciones en las transferencias por el nuevo censo, que no aplica para más de 400 municipios “pobres” que se benefician por ello”. 

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