Yondó: $68.089 millones contratados y un 86% sin competencia, mientras el agua falta y las veredas se toman el puente
La radiografía forense de los dos primeros años del alcalde Yerson Antonio Ariza Rivera: caja sana, deuda cero y $25.109 millones disponibles… pero convenios «aunar esfuerzos» con fondos mixtos cuestionados — Foncolombia ya tiene pliego de cargos de la Procuraduría— y una calificación de 5,05/10 (REGULAR, bajo vigilancia).
86,2%
Del valor, sin competencia plena
$ 25.109.361.788
Caja y bancos al cierre 2025
$0
Deuda pública y pignoración
Nos encontramos en el municipio de Yondó (Casabe), Antioquia. Vamos a auscultar la gestión municipal de Yondó, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Yerson Antonio Ariza Rivera. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: el CUIPO del portal del CHIP, el SECOP I y II, los informes del Sistema General de Regalías, las vigencias futuras, la deuda pública y el FURAG de Función Pública.
Lo que encontramos no es un robo a mano armada. Es algo más difícil de ver y más fácil de tolerar: un municipio que administra bien su maquinaria contable mientras el agua se apaga, las vías se deshacen, la gente se toma los puentes y el dinero —millones y millones— viaja por una tubería paralela de convenios directos con terceros que nunca concursaron. Como en Toluviejo con Salcedo Martínez y en Agua de Dios con Eliana Manzanares, aplicamos aquí la misma metodología: cruzar cinco fuentes independientes, línea por línea, hasta que los números digan lo que los discursos callan.
Bloque 1 · Radiografía financiera
La caja está llena. Esa nunca fue la pregunta.
Yondó no es un municipio quebrado. Es todo lo contrario, y ahí está parte del misterio. Al cierre de 2025 sus arcas guardaban $25.109 millones —un 15,7% más que los $21.712 millones de 2024—, su deuda pública es matemáticamente impecable: $0,00 en créditos, en intereses y en rentas pignoradas en ambas vigencias. No debe un peso ni a la Nación ni a la banca ni al INFIS. Sus compromisos presupuestales crecieron 24,8% en un año, de $29.838 a $37.234 millones. Sobre el papel, un alumno aplicado.
Pero el mismo CUIPO que la alcaldía publica en el CHIP delata lo que los boletines no dicen. En 2025, de los $37.234 millones comprometidos, solo se pagaron $27.052 millones: el 72,7%. La brecha se convierte en reservas, cuentas por pagar y cheques que nadie cobra: $2.340 millones de cuentas por pagar de la vigencia y $2.607 millones en cheques no cobrados que el plan de acción forense exige auditar porque podrían esconder pagos reales, duplicados o simplemente proveedores esperando el papel que paga la plata. A eso se suman $5.646 millones bajo el concepto de «recursos de terceros» cuya trazabilidad —origen, destino y no desvío al gasto corriente— es un deber funcional, no una cortesía.
Ejecución presupuestal: la brecha compromiso–pago
Cifras CUIPO en millones de pesos. En rojo, la vigencia 2025.
¿De dónde sale la plata de Yondó?
Composición de la caja al cierre de 2024 ($21.712 M).
- 78.3% — Destinación específica (recursos atados)
- 18.9% — Libre destinación (esfuerzo propio)
- 2.8% — Fondos especiales (salud / riesgo)
El radar de la gestión financiera (0-10)
Autonomía financiera: 2/10. El talón de Aquiles de un municipio con caja llena.
- Capacidad de recaudo: 5/10 — Alta dependencia de SGP y SGR; esfuerzo fiscal propio débil
- Capacidad de gasto: 7/10 — Compromisos +24,8%; brecha persistente compromiso-pago
- Sostenibilidad deuda: 10/10 — Saldo de deuda $0 en 2024 y 2025; sin pignoración
- Saneamiento pasivos: 8/10 — Sin deuda bancaria; pasivos contingentes bajo control
- Autonomía financiera: 2/10 — 80,5% de la caja es recurso atado; dependencia estructural
Las alertas que pide auditar el expediente forense
Documento de tesorería y conciliación, cierre 2024.
| Concepto | Valor |
|---|---|
Cuentas por pagar de la vigencia Pasivos inmediatos que comprometen liquidez |
$ 2.340.171.360 |
Cheques no cobrados Auditar si son pagos reales, duplicados o retrasos injustificados |
$ 2.606.882.484 |
Recursos de terceros Verificar que no hayan sido desviados a gasto corriente |
$ 5.646.246.575 |
Saldo total caja y bancos (2024) Verificar existencia real y libre disposición |
$ 21.712.292.620 |
Vigencias futuras: lo que se le dejó servido a 2026
Acto Administrativo 014 del 5 de noviembre de 2025. Sin compromisos para 2027 o más allá (positivo).
| Sector | Proyecto | Fuente | Monto 2026 |
|---|---|---|---|
| Justicia y del Derecho | Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | $ 2.370.659.312 |
| Salud y Protección Social | Salud Pública | SGP-Salud-Salud Pública | $ 39.000.000 |
| Vivienda, Ciudad y Territorio | Acceso de la población a servicios de agua potable y saneamiento básico | SGP-Agua Potable y Saneamiento Básico | $ 315.412.445 |
| Total comprometido | $ 2.725.071.757 | ||
Bloque 2 · El mecanismo expuesto
«Aunar esfuerzos»: la frase que evita la licitación
La Ley 80 de 1993 es clara: la contratación directa es la excepción, no el camino. En Yondó, la excepción es la norma. Entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, el Municipio de Yondó firmó y publicó en SECOP II 873 contratos por $ 68.089.586.118. Suena a trabajo frenético. El problema es el cómo: $ 58.718.184.334 — el 86,2% del valor total— se adjudicó sin competencia plena (contratación directa más régimen especial). Solo el 13,8% del dinero pasó por modalidades donde más de un oferente puede concursar: subasta inversa, menor cuantía y mínima cuantía.
El sello de la casa es una frase que se repite objeto tras objeto: «AUNAR ESFUERZOS». Convenios interadministrativos de colaboración con fundaciones, cooperativas, fondos mixtos y la propia empresa de servicios públicos del municipio. Nadie compite porque nadie es convocado. Y cuando la competencia existe, es anecdótica: la operación de transporte escolar ($4.872 millones) es la única grande que se subastó — y la ganó una cooperativa local, en un caso ejemplar de cómo debió contratarse todo lo demás.
Modalidades de contratación (valor en millones)
Contratación directa (simple + con ofertas) = 789 contratos y $38.471 millones (56,5%); régimen especial $20.247 millones (29,7%). En conjunto, el 86,2% del valor se adjudicó sin competencia plena. Solo subasta inversa + menor cuantía + mínima cuantía (66 contratos; $9.371 millones; 13,8% del valor) pasaron por concurrencia de oferentes.
La «firmatón» del 7 de noviembre de 2025
En un solo día se firmaron 6 contratos por $8.231 millones: 3 con la Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial ($3.335 millones), 1 con Fomcolombia ($2.564 millones), 1 con la ESP Aguas y Aseo ($2.016 millones) y 1 con el Hospital Héctor Abad Gómez ($315 millones). Todos por ‘aunar esfuerzos’ vía contratación directa.
6
contratos en un día
$ 8.231.207.773
firmados el 7-nov-2025
$3.336 M
solo para una misma empresa (ENEDT)
Ese día —dos meses antes del cierre fiscal de 2025— la alcaldía suscribió: la adecuación de la Base Militar Casabe con la Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial S.A.S. ($2.722 millones), otras dos obras con la misma empresa ($448 y $165 millones), la limpieza de cuerpos hídricos con Fomcolombia ($2.564 millones), subsidios con la ESP ($2.016 millones) y un convenio de salud con el hospital ($315 millones). Todo por contratación directa. Todo «aunar esfuerzos».
Bloque 3 · Los actores y sus roles
Foncolombia, Fomcolombia y la empresa de los $240.000 millones
El 17 de julio de 2025, la Alcaldía de Yondó firmó con Foncolombia (Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia, NIT 901473251) un convenio de $588.701.350 para las Fiestas de San Miguel del Tigre: logística y presentación de artistas. Contratación directa, sin concurrencia. El 5 de noviembre de 2026, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja formuló pliego de cargos contra el alcalde Yerson Antonio Ariza Rivera —a quien señala de «justificar y firmar el documento»— y contra el secretario de Deportes, Cultura y Turismo, Virgilio Albeiro Ramos Romero —autor de los estudios previos—, por faltas presuntamente «gravísimas a título de culpa gravísima»: desconocer los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva, planeación y responsabilidad.
El historial del socio: en SECOP II, Foncolombia acumula 16 contratos públicos por $ 54.635.539.603 con municipios como Bucaramanga, Pamplona, Villa del Rosario, Chinácota y Florencia. En marzo de 2026, la misma Procuraduría le exigió suspender una licitación vial de $21.407 millones en Barrancabermeja porque publicó el concurso en su propia página web pero no en SECOP II, impidiendo la pluralidad de oferentes. Como recordó El Colombiano, se trata de una entidad constituida en abril de 2021, de segundo orden, que ya ha sido cuestionada por «hechos similares». Yondó le entregó $588 millones para unas fiestas. Y el 7 de noviembre de 2025 le abrió la puerta a su hermana gemela: Fomcolombia (NIT 901751864), recibió $2.564 millones para «limpieza de material vegetal en cuerpos hídricos del río Magdalena».
Pero Foncolombia no está sola en la lista de invitados. La Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial S.A.S. (NIT 901902466) suma en Colombia 19 contratos por $ 240.090.599.660 —un cuarto de billón de pesos— y en Yondó se llevó tres convenios en un solo día por $3.336 millones, incluida la Base Militar Casabe. Tejefu (NIT 900318743), empresa de seguridad privada ligada a escándalos de contratación en otras ciudades, recibió $1.055 millones, entre ellos $955 millones del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P., la sociedad municipal, concentra $14.875 millones (21,8% de todo lo contratado) en apenas 8 operaciones —exactamente el tercero que el plan de acción forense ordenó circularizar y auditar.
Concentración del gasto: 5 proveedores, 59,1% del total
En rojo, los proveedores con historial nacional cuestionado o modalidad 100% directa.
Los convenios bajo la lupa
Cruce SECOP II + Procuraduría + prensa nacional y regional.
Foncolombia (Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la Gestión Social de Colombia)
$ 588.701.350
Fiestas de San Miguel del Tigre: promoción de expresiones artísticas, culturales, deportivas y recreativas (logística y artistas)
Fomcolombia
$ 2.563.785.389
Limpieza manual de material vegetal emergente, medial y flotante en cuerpos hídricos que desembocan en el río Magdalena
Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial S.A.S.
$ 2.721.798.653
Adecuación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de la Base Militar Casabe (Segunda División del Ejército)
Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial S.A.S.
$ 448.494.938
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de instituciones y centros educativos urbanos y rurales
Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Territorial S.A.S.
$ 165.469.481
Adecuación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de infraestructura deportiva
Tejefu
$ 954.995.000
Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027
Aguas y Aseo de Yondó S.A. E.S.P.
$ 5.184.925.727
Mantenimiento y mejoramiento de ecosistemas + procesos de secretaría
Nota jurídica elemental: la formulación de cargos no equivale a responsabilidad. El alcalde y su secretario conservan plenamente su presunción de inocencia y el derecho a defenderse, como lo reconoció la propia Procuraduría. Este reportaje no afirma que haya corrupción probada: documenta patrones, cifras y procesos oficiales que la ciudadanía debe conocer y vigilar. Lo que los números muestran —el 86,2% del valor sin competencia— es un hecho verificable, no una acusación.
Bloque 4 · El impacto real
Cinco promesas, cinco termómetros: cómo siente la gente el ‘Yondó Avanza’
El Plan de Desarrollo «Yondó Avanza: Inclusivo, Productivo y Competitivo 2024-2027» nació —según su propio documento— de «escuchar las inquietudes, necesidades, sueños y anhelos» de los yondosinos. El texto reconoce sin maquillaje el punto de partida: un IRCA (riesgo de calidad del agua) de 11,4 frente al 6,6 de Antioquia; una cobertura de acueducto con recursos equivalentes al 0,0% reportada por Superservicios (2021); apenas 12 policías para todo el municipio; un 53,38% de la población afiliada a la seguridad social en salud (11.200 de 20.984 habitantes); y un PAE con cobertura y calendario insuficientes. Esos son los cinco problemas que el alcalde se comprometió a resolver. Cinco indicadores, dos años, un veredicto:
1. Agua potable y saneamiento básico
INSUFICIENTE — 3/10Compromiso del Plan: Garantizar suministro continuo de agua potable; mejorar el acueducto urbano y veredal; PTAR de San Miguel del Tigre; PSMV.
Crisis de suministro recurrente 2025-2026: más de una semana sin agua potable; ~2.200 personas afectadas en zonas altas y veredas como Montebello; protestas y bloqueos del puente Guillermo Gaviria; mensajes de la comunidad tipo ‘Yondó no aguanta más’. La vigencia futura asignada a agua potable para 2026 es de apenas $315 millones (11,6% del total autorizado), mientras $2.370 millones (87%) se reservaron para infraestructura penitenciaria.
2. Vías e infraestructura (conexión Puerto Berrío — Yondó)
CRÍTICO — 4/10Compromiso del Plan: Mejorar vías urbanas y rurales; ‘Vía urbana mejorada’ con regalías (BPIN 2021058930016 y 2018058930089); recuperación del túnel ecológico.
El 5 de noviembre de 2026 campesinos y ganaderos bloquearon el puente Guillermo Gaviria exigiendo el mejoramiento de la vía a Puerto Berrío: ~22 veredas incomunicadas. La responsabilidad del corredor es departamental, pero dos años de gestiones no evitaron el estallido social. Obras menores ejecutadas con regalías (malla vial urbana, túnel ecológico).
3. Seguridad y convivencia ciudadana
DEFICIENTE — 4/10Compromiso del Plan: Incrementar pie de fuerza (base: solo 12 policías); cámaras y centro de mando; seguridad por cuadrantes; red de seguridad con comerciantes.
Asesinato del líder social y empresario Félix Estrada (3-oct-2026); alcalde denuncia amenazas de muerte; familias campesinas desplazadas por enfrentamientos entre grupos armados; crisis humanitaria en el Magdalena Medio. La respuesta institucional se apoyó en convenios directos con Tejefu ($955 millones) y en $2.722 millones para la Base Militar Casabe vía empresa con $240 mil millones de contratos nacionales.
4. Salud y aseguramiento
MIXTO — 5/10Compromiso del Plan: Elevar la cobertura de aseguramiento (base: 53,38% de 20.984 habitantes afiliados) y fortalecer el hospital Héctor Abad Gómez.
Luz y sombra: el ASIS (Análisis de Situación de Salud) de Yondó fue reconocido entre los mejores de Antioquia (oct-2025) y el hospital recibió convenios por $2.175 millones; pero la cobertura de aseguramiento, el drama de origen del Plan (53,38%), no muestra evidencia pública de haberse corregido sustancialmente en dos años.
5. Educación: PAE y transporte escolar
AVANCE PARCIAL — 6/10Compromiso del Plan: Ampliar cobertura del PAE y del transporte escolar; garantizar permanencia educativa durante todo el calendario.
El PAE se contrató en los dos años vía convenios de régimen especial con la Fundación Biointegral Transformando Vidas ($9.235 millones acumulados, 7 contratos) y el transporte escolar con la Cooperativa de Transporte Comunitario ($4.872 millones, única operación grande licitada por subasta inversa). Sin embargo, la modalidad de convenio —y la concentración en una sola fundación— replica el patrón de opacidad que el Plan prometía superar.
¿Hasta dónde cumplió el alcalde con los ODS?
Autoevaluación analítica sobre evidencia documental: agua (ODS 6) e instituciones (ODS 16) son los reprobados claros; educación y protección al adulto mayor, los avances relativos.
Bloque 5 · El sistema que lo permite
FURAG 2025: 64,75 sobre 100, en el tercio inferior del país
El Índice de Desempeño Institucional que mide Función Pública con el FURAG es de los pocos termómetros objetivos de la calidad de la gestión pública municipal. En la vigencia 2025 —medida entre 1.099 alcaldías—, Yondó obtuvo un IDI de 64,75, quedó en la posición 372 contando desde abajo: solo el 33,8% de los municipios del país tiene un índice igual o peor. Está por debajo del promedio nacional (70,19), de la mediana (71,27) y del promedio de su propio departamento, Antioquia (66,14). Su vecino de caso —Toluviejo, la referencia canónica de esta serie— anotó 64,74: prácticamente gemelos.
El hospital público del municipio (E.S.E. Héctor Abad Gómez) anotó 65,16 en la prueba piloto de entidades de salud, y el Concejo Municipal, curiosamente, no reportó IDI en la vigencia. Un índice bajo no siempre indica robo: mide planeación, presupuesto, talento humano, control interno y servicio al ciudadano. Lo que sí indica es que la maquinaria institucional —esa que firma 873 contratos en dos años— funciona por debajo del estándar nacional. Y cuando la maquinaria es débil, la contratación directa florece sin control.
IDI FURAG 2025: Yondó frente a los referentes
Escala 0-100. Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública.
El veredicto metodológico
La calificación: 5,05 sobre 10 — REGULAR, bajo vigilancia
La calificación final se calcula como promedio ponderado de seis componentes en escala de 0 a 10, siguiendo el método de la serie corrupcionaldia (Toluviejo / Agua de Dios). La escala no es absoluta: evalúa la gestión frente al punto de partida del municipio y los recursos disponibles. Y Yondó no es un municipio pobre de recursos: es un municipio rico en caja, en regalías y en potencial, que administra mal su única pobreza real — la transparencia competitiva.
Componentes y pesos
Puntaje 0-10 por componente. El aporte indica cuántos puntos de la escala final entrega cada uno.
| Componente | Peso | Puntaje | Aporte |
|---|---|---|---|
FURAG (IDI) IDI 64,75/100 → 6,5 base; penalización −0,5 por estar bajo el promedio nacional (70,19), bajo Antioquia (66,14) y en el tercio inferior del país. |
25% | 1.50 | |
Ejecución presupuestal CUIPO Caja +15,7%, deuda $0 y VF moderadas (positivo) contra 72,7% de pagos efectivos sobre compromisos 2025, $2.607 millones en cheques no cobrados, $5.646 millones en recursos de terceros por auditar y 80,5% de la caja atada. |
20% | 1.30 | |
Avance Plan de Desarrollo Promedio de los 5 indicadores: agua 3, vías 4, seguridad 4, salud 5, educación 6. |
20% | 4.5 | 0.90 |
Transparencia SECOP 86,2% del valor contratado por directa/régimen especial; solo 13,8% competitivo; pliego de cargos Procuraduría (Foncolombia $588M); ‘firmatón’ del 7-nov-2025 ($8.231M en un día); proveedores con historial nacional cuestionado. |
15% | 3.0 | 0.45 |
Cumplimiento ODS ODS 6 (agua) 2/10; ODS 16 (instituciones) 3/10; ODS 11 4/10; ODS 3 5/10; ODS 4 6/10; ODS 1-2 (adulto mayor) 6/10. |
10% | 4.5 | 0.45 |
Percepción ciudadana Bloqueos por agua y por vías, homicidio de líder social, desplazamiento y amenazas (negativo) contra rendición de cuentas anual publicada, mesas de participación y reconocimientos ASIS (positivo). |
10% | 4.5 | 0.45 |
| CALIFICACIÓN FINAL | 100% | 5,05 | 5,05 |
Rango: REGULAR — VIGILAR 🟡 — Gestión regular: aceptable en la maquinaria financiera, deficitaria en los problemas que la gente sufre. 5,05 ≤ 6,9 → SE ACTIVA EL ANÁLISIS JURÍDICO DEL PREVARICATO POR OMISIÓN. La maquinaria financiera (deuda cero, caja creciente, vigencias futuras moderadas) merece reconocimiento; pero un 5,05 significa que la administración, medida contra sus propios recursos y compromisos, opera por debajo del estándar en exactamente las áreas que la ley hace exigibles: competencia contractual, agua, vías e instituciones. Dos décimas más abajo estaría el terreno del «Mediocre/Preocupante».
Análisis jurídico
Prevaricato por omisión: la ley que castiga al que no actúa
Porque la calificación (5,05) es igual o inferior a 6,9, la metodología obliga —como se hizo en Agua de Dios y Toluviejo— a someter esta gestión al examen del Artículo 414 del Código Penal Colombiano — Prevaricato por omisión, que sanciona con prisión de 4 a 8 años, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años al servidor público que «omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones». Este es el análisis elemental, conforme a los hechos documentados:
La Ley 80/1993 (arts. 25 y 209), la Ley 1474/2011 (art. 75) y el Decreto 1082/2015 imponen al alcalde y a sus secretarios el deber de garantizar la competencia, la selección objetiva y la publicidad de los procesos de contratación. La Procuraduría identificó ese deber y formuló cargos por desconocer los ‘principios de transparencia, igualdad, selección objetiva, planeación y responsabilidad’.
El patrón documentado en SECOP II (86,2% del valor contratado por directa/régimen especial; ‘firmatón’ de $8.231 millones en un solo día; convenios con fondos mixtos seriales que no concursan en franca lid) configura un esquema de omisión sistemática del deber de licitar, no un caso aislado.
Mientras $8.231 millones se firmaban en un día para fiestas, limpieza de cauces, base militar y deporte, el municipio seguía sin agua potable por más de una semana, con 22 veredas incomunicadas, un líder social asesinado y familias desplazadas. La función pública que no llega al ciudadano es la definición exacta de la perturbación que el legislador quiso castigar.
Debe probarse que la omisión fue deliberada. La reiteración del patrón (misma modalidad, mismos tipos de beneficiarios, mismas fechas de cierre fiscal) y la ausencia de justificaciones técnicas publicadas constituyen indicios —no certeza— que corresponderá esclarecer a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Con una calificación de 5,05/10, este ejercicio metodológico —idéntico al aplicado en Agua de Dios y Toluviejo— concluye que los indicios de omisión dolosa de deberes funcionales están documentados y son verificables en fuentes oficiales. El delito no se presume: se investiga. Corresponde a la justicia penal determinar la responsabilidad; a la ciudadanía, no mirar hacia otro lado. La presunción de inocencia protege al alcalde Yerson Ariza Rivera mientras la justicia decide; la historia administrativa, en cambio, ya tiene sus números escritos.
Cierre
En Yondó no faltó plata. Faltó competencia, faltó agua, faltaron las veredas comunicadas y faltó la pregunta incómoda en cada «aunar esfuerzos». La próxima vez que alguien abra la llave y no salga nada —o cruce el puente Guillermo Gaviria bloqueado para que lo oigan—, recuerde que la caja municipal registraba $25.109 millones y que 588 millones de esos pesos se firmaron en un convenio directo para unas fiestas. La pregunta no es si hubo corrupción. Es si vamos a seguir permitiendo que la ineficiencia se disfrace de prudencia contable mientras el municipio se apaga.
La verdad no solo se lee, se siente. Y en Yondó se siente en el agua que no llega, en la vía que no existe y en las fiestas que sí se hacen.






