Radiografía profunda de los dos primeros años de gobierno: más ejecución que transformación estructural
Seguimos en el departamento del Cesar. Vamos a auscultar la gestión municipal de El Paso, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Jesús Alberto Ortiz Cervantes. Haremos un estudio forense de la gestión realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana…
La conclusión general, antes de entrar al detalle, es esta: la administración de El Paso no puede ser presentada con seriedad ni como un desastre absoluto ni como un éxito rotundo. Los datos muestran una alcaldía que sí ejecuta recursos, que mantiene una alta proporción del gasto en inversión, y que exhibe actividad institucional visible en varios frentes. Pero también muestran una realidad menos cómoda: debilidad en autonomía fiscal, dependencia estructural de transferencias, desplome de regalías en 2025, vacíos de reporte, y una persistencia demasiado fuerte de problemas básicos en agua, saneamiento, salud y seguridad humana.
El corazón del análisis: más ingresos, pero no más fortaleza propia
Cuando se miran las cifras gruesas del bienio, lo primero que salta a la vista es un crecimiento de caja. El municipio pasó de COP 71.381 millones en ingresos totales en 2024 a COP 86.627 millones en 2025, mientras los pagos pasaron de COP 68.549 millones a COP 78.688 millones. Eso podría leerse como expansión administrativa. Sin embargo, el examen serio obliga a preguntar si ese crecimiento vino acompañado de mayor fortaleza fiscal local. Y la respuesta, por ahora, es no.
Tabla 1. Resumen forense de la estructura financiera 2024-2025
| Variable | 2024 | 2025 | Lectura crítica |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | COP 71,38 mil millones | COP 86,63 mil millones | Crecen 21,36 %, pero no por fortalecimiento tributario |
| Pagos totales | COP 68,55 mil millones | COP 78,69 mil millones | El gasto pagado sube 14,79 % |
| Balance aproximado | +COP 2,83 mil millones | +COP 7,94 mil millones | Hay holgura, pero no necesariamente salud estructural |
| Autonomía tributaria | 28,15 % | 21,07 % | Empeora con claridad |
| Dependencia de transferencias | 66,44 % | 61,89 % | Sigue siendo muy alta |
| Participación de inversión en el gasto | 83,87 % | 87,35 % | Señal positiva de orientación a proyectos |
| Servicio de deuda | COP 2,80 mil millones | COP 1,78 mil millones | Disminuye la presión financiera |
| Regalías ingreso | COP 38,26 mil millones | COP 7,42 mil millones | Desplome severo de 80,6 % |
| Ejecución aproximada de regalías | 84,4 % | 94,7 % | Buena ejecución de lo disponible |
La tabla revela el nudo del problema. El municipio crece en volumen, pero retrocede en autonomía. La carga tributaria propia cae de 28,15 % a 21,07 %, lo cual significa que el aumento presupuestal no está respaldado por una mayor capacidad de recaudo local. En un municipio que necesita estabilidad, esta es una mala noticia: más dinero no siempre significa más solvencia. A veces significa solo una dependencia más sofisticada. Source Source
El retroceso se nota mejor al revisar impuestos concretos. El predial cae cerca de 22,35 % y el ICA alrededor de 6,59 %. Es decir, incluso las dos señales más directas del vigor económico y de la gestión tributaria muestran deterioro. Esto limita la capacidad del alcalde para sostener políticas públicas con base propia y obliga a depender todavía del flujo de transferencias y recursos extraordinarios. Source Source
La cara favorable: la administración sí empuja inversión
Sería injusto reducir todo el análisis a debilidad fiscal. Hay un punto que juega a favor del alcalde: el gasto municipal estuvo fuertemente orientado a inversión. En 2024 la inversión representó 83,87 % del gasto y en 2025 subió a 87,35 %. Eso significa que la estructura presupuestal no está dominada, al menos en apariencia, por funcionamiento burocrático. El gobierno muestra intención de moverse hacia obras, programas y ejecución sectorial.
También hay una reducción del peso de la deuda en el gasto total. El servicio de la deuda cayó de alrededor de 4,08 % del gasto pagado en 2024 a 2,26 % en 2025. Ese dato importa porque indica que, de momento, la administración no está siendo absorbida por obligaciones financieras de corto plazo.
Sin embargo, en análisis forense siempre hay una segunda pregunta: ¿inversión para qué y con qué resultado?. Porque una alcaldía puede invertir mucho y transformar poco si la orientación no ataca las fracturas esenciales del territorio. Ese es, justamente, el punto en el que la evaluación se vuelve más exigente.
El desplome de regalías: una fractura presupuestal de fondo
Uno de los hallazgos más delicados del bienio es el comportamiento de las regalías. En 2024 el municipio registró COP 38.259 millones en ingresos por regalías. En 2025, esa cifra se redujo a COP 7.424 millones. La contracción aproximada de 80,6 % no puede considerarse un ajuste ordinario; es un cambio brusco que afecta la capacidad de apalancar inversión en transporte, vivienda, educación, cultura e inclusión.
Eso no significa que la administración ejecutara mal lo que tuvo. De hecho, la ejecución del monto disponible fue alta. Pero la caída del flujo de regalías deja claro que en 2025 el municipio operó con mucho menos margen extraordinario. Esta circunstancia es clave para leer el segundo año del gobierno: varios problemas no pueden explicarse solo por mala gestión, pero tampoco pueden exonerarse bajo el argumento de escasez, porque la calidad de una administración también se mide por cómo responde cuando el recurso se estrecha.
El contraste más duro: plan de desarrollo contra realidad social
Aquí es donde el relato institucional empieza a perder fuerza. Los documentos territoriales de salud muestran un municipio con IRCA de 56,01, con 28,8 % de hogares sin acceso a agua mejorada, con 44,4 % de eliminación inadecuada de excretas, con violencia intrafamiliar y de género muy alta, con barreras rurales de acceso a salud y con insuficiencia en participación ciudadana. En otras palabras, el territorio sigue cargando rezagos propios de una administración que aún no logra alterar las bases materiales del bienestar.
La tensión entre narrativa y realidad se vuelve más visible cuando se contrasta este diagnóstico con la imagen pública del gobierno. Hay difusión de actividades en deporte, cultura, emprendimiento, inclusión, adulto mayor y educación. Eso existe. Pero el “sentir de la gente” no se mide solo por actos visibles; se mide por la calidad del agua, la seguridad del hogar, la atención en salud, la transitabilidad de las vías, el acceso rural y la confianza en que la alcaldía reporta todo con claridad.
Los cinco problemas centrales del municipio y su traducción en indicadores de gestión
Para aterrizar la evaluación, identifiqué cinco problemas comunitarios estructurales y construí cinco indicadores de desempeño en escala de 0 a 10. No se trata solo de mirar presupuesto, sino de medir hasta qué punto la gestión del alcalde se acercó a resolver los nudos principales del municipio.
Tabla 2. Cinco problemas, cinco indicadores y puntaje
| Problema comunitario | Indicador de evaluación | Puntaje |
|---|---|---|
| Agua y saneamiento | Capacidad de reducir brechas de calidad, cobertura y saneamiento básico | 4,5 |
| Salud y protección social | Respuesta frente a dengue, violencia, embarazo adolescente y ruralidad sanitaria | 4,8 |
| Vías y movilidad | Conversión de inversión y regalías en conectividad y mejoramiento visible | 6,3 |
| Educación, cultura e inclusión | Prioridad efectiva a población vulnerable, educación, cultura y tejido social | 7,2 |
| Gestión fiscal y transparencia | Fortaleza del recaudo propio, disciplina financiera y calidad del reporte público | 5,4 |
Fuente de la tabla: Indicadores generados del análisis
El promedio de estos cinco indicadores arroja 5,6 sobre 10, lo que ubica la gestión en la categoría regular. No basta con inaugurar o ejecutar; lo decisivo es si se alteran los problemas esenciales. En El Paso, la evidencia dice que esa alteración ha sido parcial, desigual y todavía insuficiente. Source
Desarrollo ampliado de los problemas e indicadores
Agua y saneamiento — Puntaje: 4,5/10
Este es uno de los frentes más delicados del municipio. Un IRCA de 56,01 no es una incomodidad técnica: es una señal seria de riesgo en calidad del agua. Además, casi tres de cada diez hogares carecen de acceso a agua mejorada y casi la mitad enfrenta eliminación inadecuada de excretas. Cuando un gobierno local no logra mover con claridad estos indicadores, la deuda no es solo de infraestructura; es una deuda con la salud pública, con la dignidad doméstica y con la confianza ciudadana.
El puntaje de 4,5 no significa inacción total. De hecho, hubo recursos comprometidos en agua, saneamiento y vivienda-ciudad-territorio, y el debate sobre el empréstito mostró que la administración pretende intervenir sistemas como Potrerillo y Cuatro Vientos. Pero en evaluación de gestión importa tanto la intención como el resultado. Y hoy, visto desde el rezago acumulado, la respuesta aún no está a la altura del problema.
Salud y protección social — Puntaje: 4,8/10
El diagnóstico territorial muestra incidencias altas o preocupantes en violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, mortalidad por causas externas, barreras de acceso rural y dificultades en vacunación y prevención. Esto configura un escenario donde la salud no puede leerse solo desde el hospital o el centro médico, sino desde el entramado social: familia, movilidad, acceso, prevención y cuidado comunitario.
La gestión merece un puntaje ligeramente superior al del agua porque sí hay evidencia de trabajo institucional, articulación social y actividades en frentes de protección y bienestar; pero el resultado global sigue siendo bajo porque las brechas territoriales siguen muy abiertas, especialmente en zonas rurales y en problemas de salud ligados a violencia, adolescencia y acceso efectivo. Es una gestión que actúa, pero aún no reordena el mapa del riesgo social.
Vías y movilidad — Puntaje: 6,3/10
Este es uno de los pocos frentes donde la gestión luce relativamente mejor. Las regalías de 2024 muestran asignaciones importantes al sector transporte, y hay referencias públicas a proyectos viales y de mejoramiento urbano. Incluso el debate sobre el endeudamiento incluye componentes de maquinaria y fortalecimiento operativo que, si se ejecutan correctamente, pueden mejorar capacidad de respuesta territorial.
Sin embargo, el 6,3 tampoco autoriza triunfalismo. El puntaje reconoce que en vías sí hay señales más visibles de inversión y resultados potenciales, pero no llega a un nivel alto porque no se dispone aún de evidencia contundente de transformación generalizada de la conectividad municipal ni de cierre estructural de la brecha vial rural y urbana. Es un frente con mejor balance relativo, no un caso de éxito rotundo.
Educación, cultura e inclusión — Puntaje: 7,2/10
Aquí se concentra la mejor cara política y social de la administración. Existen señales públicas de apoyo a educación, actividades con personas con discapacidad, promoción cultural, adulto mayor, emprendimiento y tejido comunitario. También se observan asignaciones importantes en regalías a cultura y educación, y presencia institucional que al menos demuestra prioridad narrativa y operativa.
El 7,2 reconoce un desempeño comparativamente superior porque en estos campos sí se ve una relación más clara entre agenda pública, inversión y acciones visibles. Aun así, el puntaje no sube más porque parte de estas políticas todavía se perciben más como presencia institucional y acompañamiento que como transformación estructural con indicadores duros consolidados. En otras palabras, es el mejor frente del gobierno, pero aún no uno excelente.
Gestión fiscal y transparencia — Puntaje: 5,4/10
Este indicador resume varias tensiones. Por un lado, la alcaldía mantiene alta inversión, reduce la presión relativa de la deuda y sostiene operación presupuestal. Por otro, pierde autonomía tributaria, sigue dependiendo fuertemente de transferencias, enfrenta un colapso de regalías y deja vacíos documentales en vigencias futuras. Además, el debate público sobre el empréstito revela que parte de la ciudadanía no vio suficiente claridad en la planeación del endeudamiento. Source Source Source Source Source
El 5,4 refleja una gestión mixta: no es una administración desordenada en términos absolutos, pero tampoco una referencia de fortaleza fiscal ni de transparencia impecable. Está en la mitad del tablero porque combina capacidad operativa con fragilidad estructural. Y esa mezcla, en un municipio con tantas necesidades, impide una calificación más generosa. Source Source
La deuda y el empréstito: donde la luz amarilla se enciende
Los archivos de deuda pública muestran que el municipio ha manejado créditos con Banco Agrario, Banco de Bogotá y Bancolombia en sectores sensibles. Para 2025 aparecen cifras de control por COP 24.666 millones, registros repetidos y operaciones con estados que exigen revisión. Esto no permite concluir automáticamente ilegalidad, pero sí obliga a un examen más estricto de trazabilidad, consistencia y soporte técnico.
La polémica sobre el empréstito debatido en 2025 profundiza esa preocupación. Las críticas públicas apuntaron a la claridad del monto real, a la fuente de recursos complementarios y a la posibilidad de modificar destinaciones. En finanzas públicas, el endeudamiento solo es sano cuando la planeación es sólida, el destino es verificable y la ciudadanía puede entender con precisión para qué se compromete el futuro. Si eso no ocurre, el crédito deja de ser herramienta y se convierte en factor de desconfianza.
¿Hay base para hablar de prevaricato por omisión?
La respuesta responsable es: no de forma concluyente, con lo actualmente probado. El artículo 414 del Código Penal exige que el servidor público omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, y la jurisprudencia ha recordado que esa omisión debe ser voluntaria, consciente y dolosa. El estándar penal es alto. La mala gestión, la opacidad parcial o la debilidad documental no equivalen automáticamente a delito.
Lo que sí existe es suficiente material para exigir control político, veeduría social, revisión fiscal y mayor transparencia activa. En una democracia local seria, no hace falta fabricar un delito para justificar el escrutinio. Basta con demostrar que hay vacíos, inconsistencias o debilidades que afectan el control ciudadano sobre lo público.
Veredicto final
La gestión de Jesús Alberto Ortiz Cervantes en El Paso, Cesar, durante 2024 y 2025 merece una calificación de 5,6 sobre 10. La etiqueta correcta es regular.
No es mediocre porque hay inversión alta, presencia institucional, acciones visibles en educación, cultura e inclusión, y una reducción relativa en la presión del servicio de la deuda. Pero tampoco es buena, porque la autonomía tributaria cae, la dependencia externa sigue siendo alta, las regalías se desploman, los vacíos documentales persisten y los problemas esenciales del territorio continúan demasiado intactos.
El Paso no necesita una narrativa autocomplaciente. Necesita una administración capaz de transformar sus fundamentos: agua segura, saneamiento digno, salud accesible, mejor fortaleza fiscal, y transparencia que no obligue al ciudadano a adivinar. Por ahora, el gobierno municipal parece administrar el presente con cierta energía, pero todavía no cambia con suficiente contundencia el destino estructural del municipio. Y esa distancia entre ejecutar y transformar es la que explica, al final, la nota obtenida. Source
