La Corte Suprema condena en la sombra al hombre que denunció a Odebrecht, ocho años después de su muerte. Así funciona la justicia cuando el poder real la infiltra.
Por corrupcionaldia.com | 8 de abril de 2026
Jorge Enrique Pizano murió en 2018 denunciando la corrupción que nadie quería ver. En 2026, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia logró lo que sus perseguidores en vida no pudieron: mancharle el nombre sin que él pudiera defenderse. Bienvenidos al sistema judicial colombiano, donde los muertos no tienen derecho al debido proceso pero los vivos con toga sí tienen derecho a la impunidad.
El 6 de abril de 2026, El Espectador reveló una noticia que debería haber sacudido la conciencia de este país como lo haría un terremoto jurídico: la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia incluyó a Jorge Enrique Pizano —el ingeniero interventor que grabó en secreto las conversaciones que detonaron el escándalo de Odebrecht en Colombia— como parte del «carrusel de la contratación de Bogotá». Sin imputación. Sin defensa. Sin que él pudiera decir una sola palabra. Porque Pizano lleva ocho años muerto. Y en Colombia, aparentemente, eso no es obstáculo para que un tribunal le juzgue.
Esta no es solo una historia de injusticia procesal. Es la demostración más brutal del Ciclo Secreto que perpetúa la corrupción en las altas esferas del poder colombiano: el sistema que Pizano intentó denunciar terminó devorándolo en vida, y ahora, desde la tumba, sigue siendo una presa conveniente para quienes nunca quisieron que se supiera la verdad completa de la Ruta del Sol, Odebrecht y el Grupo Aval.
EL MECANISMO EXPUESTO — CÓMO SE CONDENA A UN MUERTO
La sentencia que involucra a Pizano se dictó en el marco del proceso contra Iván Moreno, el exsenador condenado por el carrusel de contratos en Bogotá. Se trató de una sentencia anticipada: Moreno aceptó su responsabilidad, no se practicaron pruebas a fondo, y el fallo se redactó con base en testimonios de tres confesos delincuentes. ¿El problema? Que en ese texto aparece Pizano señalado como partícipe. Sin que su abogado pudiera pronunciarse. Sin contraste de evidencias. Sin que el propio afectado —que ya no puede hablar porque está muerto— tuviera oportunidad de rebatir una sola afirmación.
Qué casualidad que los tres testigos que lo señalan sean delincuentes confesos con todos los incentivos del mundo para señalar a terceros y aliviar sus propias condenas.
Y qué casualidad, también, que la investigación judicial contra Pizano se hubiera reactivado en 2017 bajo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira, quien —detalle menor, sin duda— había sido antes el abogado protector de los intereses del Grupo Aval, la misma empresa que Pizano señalaba en sus denuncias sobre la Ruta del Sol. El mismo Martínez Neira que en 2015, cuando Pizano le confió los detalles de las irregularidades de Odebrecht, le pidió ser discreto y desestimó todo. El mismo que dos años después presidía la Fiscalía que de repente encontró al denunciante sospechoso.
Por fortuna, Pizano había grabado esas conversaciones. Cuando él murió en 2018, esas grabaciones —reveladas por periodistas de Noticias Uno y El Espectador— sacudieron al país y forzaron la renuncia de Martínez Neira. Pero en Colombia los procesos tienen cola larga. Y los magistrados de la Sala de Primera Instancia, al redactar su sentencia, decidieron ignorar todo ese contexto e incluir el nombre de Pizano en una narrativa corrupta construida sobre las palabras de tres delincuentes.
LOS ACTORES Y SUS ROLES — QUIÉN GANA CON ESTO
Jorge Enrique Pizano fue interventor de la Ruta del Sol. Descubrió irregularidades. Las denunció. Grabó pruebas. Fue ignorado por el fiscal que tenía conflicto de interés con la empresa denunciada. Fue perseguido judicialmente. Murió en 2018. Y ahora, ocho años después, es señalado en una sentencia de la Corte Suprema como parte del mismo «carrusel» que él denunció. Eso no es justicia. Eso es la justicia al servicio de quienes quieren reescribir la historia.
Néstor Humberto Martínez Neira: abogado del Grupo Aval, luego fiscal de la Nación, luego columnista en El Tiempo. Un recorrido tan fluido entre el poder privado y la institucionalidad que da vértigo. Su gestión como fiscal incluyó la reactivación de investigaciones contra Pizano y, según la voz pública de los comentaristas del caso, la presunta estrategia de perseguir exfuncionarios para distraer la atención del escándalo Odebrecht en el que él era actor principal.
Los tres magistrados de la Sala de Primera Instancia: juristas de «altas calidades», según el lenguaje diplomático. Pero que redactaron un fallo donde incluyeron señalamientos contra un muerto sin dedicar ni una sola línea a advertir que esos señalamientos provenían de delincuentes confesos, que Pizano nunca había sido procesado, que no había contraste de evidencias, y que la Corte no tenía competencia para juzgar a un ciudadano no aforado. Eso no es omisión involuntaria. Eso tiene nombre.
El Grupo Aval y Odebrecht: beneficiarios del silencio, del descrédito de su principal denunciante, y de un sistema que, incluso después de todos los escándalos, sigue generando sentencias que contaminan la verdad histórica.
EL IMPACTO REAL — LO QUE ESTÁ EN JUEGO
La Ruta del Sol fue uno de los contratos de infraestructura más grandes en la historia de Colombia: miles de millones de pesos de dinero público. Odebrecht y el Grupo Aval capturaron ese contrato mediante sobornos documentados. Y el hombre que denunció esa red terminó muerto, investigado por el fiscal con conflicto de interés, y ahora condenado en la sombra por una sentencia que usa su nombre para construir una narrativa conveniente para los mismos poderes que él enfrentó.
El mensaje para cualquier futuro denunciante es cristalino: si denuncias, te perseguimos en vida. Si mueres, te condenamos en papel. La familia de Pizano —su esposa, sus hijas— ahora carga con ese estigma. Sin posibilidad de defensa. Sin que el Estado que debía proteger al denunciante levante una sola ceja.
Y el costo para la sociedad colombiana va más allá. Cada vez que el sistema destruye la reputación de un denunciante, contribuye al sesgo del statu quo que mantiene a la ciudadanía paralizada: la convicción de que no vale la pena denunciar porque el sistema siempre termina favoreciendo a los poderosos. Es exactamente lo que describe James Buchanan: cuando las instituciones son capturadas por intereses privados, la sociedad civil pierde su capacidad de vigilar el poder y exigir rendición de cuentas.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE — LA ARQUITECTURA DE LA IMPUNIDAD
Lo que ocurrió con Pizano es el ejemplo perfecto del Estado Profundo en acción: esa red de intereses donde el poder económico, los reguladores, los tribunales y los medios mantienen lógicas heredadas que sobreviven a los cambios democráticos. Martínez Neira pasó del bufete del Grupo Aval a la Fiscalía sin que nadie levantara la mano. Los magistrados redactaron un fallo que deteriora la memoria del principal denunciante de Odebrecht sin que nadie los llame a cuentas. Y mientras tanto, Luis Carlos Sarmiento Angulo sigue siendo el hombre más rico de Colombia.
Lo que se necesita es lo que el análisis del desgobierno institucional plantea: eliminar el aforamiento para que los magistrados sean juzgados como cualquier ciudadano; crear auditorías independientes de sentencias que involucren a terceros no procesados; y proteger a los denunciantes y sus familias con mecanismos legales que no queden en decretos firmados mientras los cuerpos aparecen bajo el fango de la impunidad.
CIERRE
Colombia tiene una tradición sólida de matar a sus mensajeros. Primero los persigue, luego los ignora, luego los investiga, y si tienen la mala fortuna de morir antes de que los condenen, los condena de todas formas en el papel. Porque en este país, la corrupción no tiene fecha de vencimiento. Pero tampoco debería tenerla la memoria.
La pregunta no es si hubo irregularidades en la redacción de esa sentencia. La pregunta es quién se beneficia de que el nombre de Pizano aparezca manchado en un fallo histórico. Y esa pregunta, ciudadano, tiene una respuesta. Solo hay que saber dónde buscarla.
Entra a corrupcionaldia.com y no permitas que el olvido sea el último acto de injusticia contra Jorge Enrique Pizano.
