La Fiscalía General de la Nacion imputará al general Mario Montoya por su presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales, mientras que la defensa del militar dice que el ente investigador no tiene competencia en el caso que adelanta la JEP.
La semana pasada un grupo de víctimas de los llamados falsos positivos, solicitaron a la Fiscalía que adelantara imputación de cargos contra el general retirado del Ejército, por su presunta responsabilidad en el homicidio de al menos 50 personas.
En efecto el fiscal Francisco Barbosa, anunció que en los próximos días le imputarán cargos al exmilitar por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales, dentro de las cuales, según manifestó, hay incluidos cinco menores de edad.
Montoya, quien se desempeñó como comandante del Ejército durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que lo investiga desde 2018 por estas ejecuciones. Estos homicidios, de acuerdo a lo dicho por el fiscal, fueron ejecutados por tropas del Ejército entre 2007 y 2008, años en los que estaba activa una directriz del Comando de las Fuerzas Militares, en la que se ordenaba dar prioridad a la desmovilización y captura de guerrilleros, que a dar de baja en combate a los mismos.
Con el surgimiento de la JEP, la Fiscalía perdió la competencia sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, por lo que no podía imputar a los presuntos responsables, especialmente si ellos se acogían a la jurisdicción especial como parte de lo acordado durante los diálogos de paz. De hecho, Montoya se acogió en octubre de 2018 a dicho órgano.
Ahora, este enredo jurídico se solucionó tras un nuevo acuerdo entre la Fiscalía y la JEP, según Barbosa, por lo que la justicia ordinaria ahora sí podría imputarlo. Algunos analistas apuntan a que este hecho podría ser una especie de advertencia y una presión adicional -ahora por parte de la Fiscalía- para que Montoya testifique con la verdad de estos crímenes. Si entrega una verdad exhaustiva ante el tribunal de paz, podría postularse a una sanción que no le implicaría estar tras las rejas.
Pese a estar dentro de la JEP y haberse comprometido a contar la verdad de estos crímenes, hasta el momento Montoya no ha revelado información clave sobre los ‘falsos positivos’ a los jueces y más bien, su única declaración estuvo envuelta en polémica luego de señalar como autores de estas muertes a “soldados de bajo estrato social”.
Pero la Fiscalía asegura tener pruebas suficientes de que a pesar de la mencionada directriz, las ejecuciones, según dicen, incentivadas por Montoya, se siguieron realizando. Por tal razón, según el fiscal general, pedirá la próxima semana una audiencia en la JEP para imputar al militar por el delito de homicidio agravado. Esta acción del ente investigador es posible, a pesar de que el caso está siendo llevado por la JEP, gracias a la circular 005 de 2021 de la Fiscalía. Antes de esta, no estaban facultados para actuar por la circular 003 de 2019, emitida por el exfiscal encargado Fabio Espitia.
La mencionada circular aclara que el ente investigador mantiene la competencia de los casos hasta tres meses antes de que la JEP anuncie la emisión de la resolución de conclusiones sobre los mismos. Sin embargo, dicho documento no permitía al ente investigador realizar práctica de pruebas, citaciones, imputaciones, archivos, interrogatorios o toma de testimonios, entre otros.
Ante estas imposibilidades de actuación para la Fiscalía, Francisco Barbosa, por petición e insistencia de las víctimas, expidió la circular 005 de 2021. Este documento, que no solo deroga la circular del 2019, faculta al ente investigador para adelantar todo tipo de acciones que permitan avanzar con la investigación de casos que se lleven en la JEP. Uno de los argumentos de Barbosa para la expedición de este, es que es imperativo que la Fiscalía avance en las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que son de competencia de la JEP, hasta el punto procesal máximo permitido.
La defensa de Montoya asegura que “lo que pretende la Fiscalía es un acto que va en contra de la ley, ya que todos estos hechos son llevados por la Justicia Especial para la Paz y una persona no puede ser juzgada por dos jurisdicciones en Colombia”. Y que quien se haya sometido voluntariamente a la JEP tiene que seguir siendo investigado y llevar el proceso en la JEP .
El abogado Andrés Garzón, quien dirige la defensa del ex militar aseguró que hasta el momento no ha sido notificado de ninguna actualización en el proceso. Y advirtió que ninguna persona en Colombia puede ser juzgada por dos instituciones diferentes.
Así mismo anunció que interpondrá ante la Corte Constitucional un conflicto de competencias, para que sea el alto tribunal el que determine ante qué jurisdicción deberá responder su defendido.
Montoya, quien desde su entrada a la JEP en 2018 dijo que no aceptaría culpas ni responsabilidades por los falsos positivos, se ha mantenido firme en sus declaraciones, tanto así, que en septiembre del año pasado las víctimas le solicitaron a esa jurisdicción que lo expulsara porque, según ellos, no estaba cumpliendo con la verdad. A pesar de sus múltiples negaciones, el general (r) Montoya ha sido señalado, por varios militares de distintos rangos, de haber participado e incentivado las ejecuciones de los civiles, ya que, según dicen los militares que lo señalaron, Montoya no exigía capturas sino bajas.
El excomandante Montoya estuvo en el Ejército durante 39 años, ocupando el mayor rango durante los años 2006 a 2008, en el segundo mandato del expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, investigado por una decena de delitos; muchos relacionados con violaciones de derechos humanos. El exdirigente ultraderechista, ha descrito al militar como “un héroe de la patria” y “uno de los mejores generales que ha tenido la República”.
Mario Montoya: un paso más en los procesos en su contra por ‘falsos positivos’ – Fundación Paz y Reconciliación https://t.co/T6aEFUIqYx
— León Valencia (@LeonVaLenciaA) August 4, 2021
“Mario Montoya fue comandante del Ejército en los 11 meses -septiembre de 2007 a agosto de 2008- en los que Uribe se enloqueció pensando que había una gran conspiración internacional contra él y se lanzó a las más brutales y audaces decisiones. Falsos positivos son parte de eso“, escribió en Twitter León Valencia, director de la ONG Fundación Paz y Reconciliación.
