En el 2014, la Gobernación de San Andrés, bajo la administración de la exgobernadora Aury Guerrero Bowie firmó un contrato con la Unión Temporal Mega 2014 para la construcción del centro educativo Antonia Santos –Cemed

Aury Guerrero Bowie

El colegio beneficiaría a 1200 estudiantes de la isla. Tuvo un costo inicial de $32.000 millones y posteriormente, una adición de $14.000 millones, para un total de $46.000 millones

El contrato incluía la construcción y dotación del megacolegio ubicado en la zona de San Luis en la isla de San Andrés; tenía un plazo de construcción de 12 meses y la obra se inició el 11 de diciembre de 2014. El contrato inicial ha tenido tres ampliaciones en el plazo de ejecución; en la actualidad, es decir, casi 8 años después, la obra presenta un porcentaje de avance físico del 58,41 %

El contrato fue suspendido por problemas legales de los socios de la compañía y de algunos de los funcionarios de la Gobernación que hicieron imposible que el proyecto siguiera adelante. Hoy en día las obras que se alcanzaron a ejecutar se están deteriorando por las condiciones climáticas en la isla.. 

Pero lo más grave de este elefante blanco es la aberrante corrupción detrás de su frustrada construcción. 

El epílogo de esta obra inconclusa se dio en el 2019 cuando la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a más de 7 años y medio de prisión al exgobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, por hechos de corrupción cometidos durante su mandato. 

Ronald Housni Jaller

El alto tribunal lo condenó por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho y contrato sin cumplir requisitos legales. También lo condenó a pagar una multa de más de $2.435 millones de pesos. 

La condena se dio después de que el exgobernador aceptó los cargos que le fueron formulados y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General. Según el fallo, desde el 2015 se concertó con otros particulares para cometer delitos contra la administración pública. 

Ese año, dice el fallo, Hernán Moreno Pérez y Fernando León Díez acordaron con Housni Jaller que lo apoyarían para que llegara a la gobernación del departamento de San Andrés y Providencia, a cambio de que les siguiera entregando contratos que ellos venían disfrutando, al menos, desde el 2011.  

Incluso, como parte del compromiso, en el segundo semestre del 2015, los contratistas le entregaron a Ronald Housni $1.200 millones de pesos para gastos de su campaña de gobernación.

Para poder quedarse con la contratación, dice el expediente, acordaron darle al gobernador y a su hermano Jack Housni Jaller el 10 por ciento de cada contrato que obtuvieran. 

Así, el 25 de octubre del 2015 Ronald Housni fue elegido gobernador del Archipiélago, cargo en el que se posesionó el primero de enero del 2016. Otra parte del acuerdo consistió en que de los primeros pagos que hiciera la Gobernación se debían descontar los $1.200 millones que aportaron a su campaña. 

Como parte del acuerdo, dice la acusación, el entonces gobernador autorizó que se adicionara ciertos contratos que se venían ejecutando desde la administración anterior: un contrato del 6 de diciembre del 2013 para el que autorizó una adición de $967 millones de los cuales recibió $96 millones. También adicionó más recursos en otro contrato de diciembre del 2013, autorizando $6.703 millones de pesos de más, por lo que recibió $670 millones

En un tercer contrato autorizó adicionar $247 millones y, en consecuencia, recibió $24 millones. En el cuarto contrato de octubre del 2014, aceptó que la Gobernación adicionara $14.521 millones, quedándose el gobernador con $1.452. En el quinto, de noviembre del 2014 adicionó $1.136 millones y se ganó de comisión $515 millones, y en el sexto contrato de diciembre del 2014, aprobó una adición de $3.969 millones por lo que logró quedarse con $386 millones

Además de aprobar esas adiciones presupuestales para los contratos, en el 2016, Fernando León Díez Cardona le propuso al entonces gobernador una forma de contratación para agilizar los procesos y ejecutar las obras mediante convenios interadministrativos.

Así, el 22 de agosto del 2016 se suscribió un convenio interadministrativo para restaurar el hospital, entre otras obras, que tuvo un valor de $7.723 millones de pesos. Ese contrato fue liquidado un mes después por las presiones de los medios de comunicación y los gremios locales de construcción.  

El entramado de corrupción fue puesto al descubierto por la Fisalía en el 2018, cuando fue enviado a la cárcel el exgobernador Housny Jaller, y su antecesora Aury Guerrero Bowie, por concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

Los contratistas que se habían beneficiado con estas irregularidades serían Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y algunos de sus presuntos socios, ya que en las investigaciones se pudo establecer que para quedarse con la construcción de colegios y parques en el departamento, habrían pagado el 10 % del valor de los contratos, valor que había sido acordado con altos funcionarios del gobierno departamental.

Uno de los contratos adjudicados que se destacan es precisamente el de la construcción del ‘Centro de Educación Media Diversificada (Cemed) Antonia Santos. 

Contratistas se burlan de la justicia

De acuerdo con la Fiscalía, los testimonios, el material probatorio y la evidencia física darían cuenta que para este proyecto el constructor, diseñador e interventor pertenecían a una misma firma, que era liderada por Moreno Pérez y Diez Cardona, los cuales también participaron en el desfalco a los recursos de valorización en Armenia (Quíndio).

Pero, pese a que ambos ex mandatarios fueron imputados, detenidos y condenados, no ha ocurrido lo mismo con los contratistas. 

La última noticia que se supo sobre Diez Cardona, fue en el 2018, cuando la Fiscalía en efecto fue nuevamente imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, y enriquecimiento ilícito de particulares.

La representante del ente investigador señaló a Diez Cardona de celebrar convenios entre sus empresas y los gobiernos municipales del pasado período administrativo nacional en San Andrés y Armenia. 

El juez le preguntó al constructor acerca de su aceptación de cargos, a lo que respondió de manera negativa —a través de su abogado defensor— y ante lo dicho, el servidor judicial avaló la imputación. 

Como contratista de las obras de valorización en Armenia, fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de la capital quindiana a 14 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público. 

Diez Cardona recibió el 50% de descuento en su condena por haber aceptado cargos y colaborado con la justicia, pues según la Fiscalía, gracias a sus interrogatorios jurados se concretaron pruebas para incluir en la investigación a más personas involucradas. 

Los hechos ocurrieron en 2015, cuando la administración municipal, en cabeza de Luz Piedad Valencia Franco, ordenó un cobro por valorización por $126.000 millones de pesos, recursos que debían ser invertidos en mejoramiento de vías y construcción de puentes para la ciudad de Armenia. 

La entonces mandataria adjudicó dos contratos por un total de $110.000 millones de pesos a las uniones temporales Vías Armenia y Puentes Armenia, que estaban representadas por Fernando León Diez Cardona.

La Fiscalía determinó que, de esos recursos, $20.000 millones de pesos fueron a parar a arcas de particulares mediante la apropiación de la totalidad del anticipo y el soporte de facturas falsas.

En cuanto a Moreno Pérez, quien es uno de los más grandes contratistas en el país, fue capturado en marzo del 2019, pero aún su caso se mantiene en proceso investigativo y no se define nada de su situación jurídica. 

Mientras tantos los niños de San Andrés se mantienen sin donde estudiar, por cuenta de las actuaciones corruptas de empresarios y funcionarios públicos. 

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