Pareciera que los altos funcionarios del presidente Iván Duque se hubieran puesto de acuerdo para acabar hasta con el “nido de la perra”, es decir, no dejar, ni la pega en el caldero.
No pasa un mes cuando otra vez alguno vuelve a ser noticia por un escándalo de corrupción y de abuso de poder.
Esta vez el turno fue para el asesor personal de nada menos y nada más que la super jefe de gabinete de Duque, la muy renombrada María Paula Correa.
La esposa de su asesor Andrés Mauricio Mayorquín, firmó en un lapso de 19 meses apenas Mayorquín fue nombrado en la Presidencia de la República, un total de 24 contratos por los cuales le fueron pagados más de 1.200 millones de pesos.
Karen Liseth Vaquiro, una economista caqueteña egresada de la Universidad Sergio Arboleda en el 2017, se convirtió desde enero del 2020, tres meses después de que su esposo llegara a la Presidencia, en contratista de más de quince entidades del Estado.
Sin ningún asomo de vergüenza, ni de ella, ni de su esposo, la próspera” contratista no dudó un segundo en utilizar el cargo de su cónyuge para conseguir estos contratos, pues varios de los objetos eran asesorar para hacer seguimiento al quehacer legislativo y su trámite en las comisiones. También debía brindar informes y consultoría para muchas entidades. Todo eso mientras su esposo (Andrés Mayorquin) se encarga de articular y velar por los intereses del Gobierno en el Congreso. Un privilegio en términos de información delicada y apalancamiento profesional que pocos contratistas se pueden dar.
Poco le importó tampoco quebrantar la ley pues por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades Vaquiro no podía firmar dos de sus 24 contratos. Uno con el DAPRE en la Consejería Presidencial para la Participación con Personas con Discapacidad por 53 millones de pesos y otro con la misma Consejería por 44 millones de pesos. El artículo 8 de la ley 80 de 1993 es claro: “Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: El cónyuge compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. (…)”. Andrés Mayorquin, su esposo, trabajaba para el DAPRE en el momento en que se ganó esos dos contratos.
La investigación que reveló Blu Radio además encontró que en su declaración de bienes y rentas Vaquiro, dijo no tener actividades de carácter privado pero de acuerdo a los documentos es la representante legal de Link Consultores SAS, junto con su esposo.
También negó tener “Cónyuge o compañero permanente”. Y como para rematar, su perfil en Función Pública está caído actualmente. Podría decirse que no existe.
Pero como si fuera poco, es tal su grado de descaro, al igual que el de su esposo, que sin siquiera ruborizarse ejercieron un tráfico de influencias indiscutible, pues no es posible que una joven recién egresada, cuya única referencia laboral era la de gerenciar una sucursal del Banco de Bogotá, ganándose un salario de 3`400.00, ahora fuera una exitosa contratista.
Vaquiro, con apenas dos años de experiencia como analista financiera en un banco, en un abrir y cerrar de ojos, terminó siendo contratada en la Agencia Nacional de Tierras, el Icetex, la presidencia del Senado, la alcaldía de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca, el Dapre, el DPS, los Ministerios de Justicia, de Deporte y de Cultura, el Archivo General de la Nación, la Esap y la Aeronáutica Civil, entre otras entidades. Son en suma 24 contratos ganados en 22 meses por 1.243 millones de pesos.
Luego de conocerse la investigación hecha por Blu Radio, Mayorquín fue retirado de su cargo de forma inmediata. Y su jefa, María Paula Correa ha dicho que fue asaltada en buena fe.
Varias voces que afirman que no solamente Mayorquín debió salir de su cargo, sino que la misma funcionaria, quien se desempeña como jefe de gabinete del gobierno Duque, debería renunciar.
Este es el pedido que han realizado varias figuras de la bancada de la oposición en el Congreso, y una de ellas es Katherine Miranda, quien afirmó que no basta con el despido de Mayorquín y que Correa debe abandonar su cargo.
“Resulta insólito creer que ella -María Paula Correa- no conocía de estos multimillonarios contratos, así que debería renunciar por responsabilidad política frente al país”, petición de la representante a la Cámara que fue apoyada por Wilson Arias, senador del Polo Democrático, y hasta relacionó este caso con el de la exministra de TIC Karen Abudinen, y el escándalo del contrato del que permanecen perdidos 70 mil millones de pesos del adelanto otorgado al consorcio Centros Poblados.
“Los que se escandalizaron tanto por el presupuesto de la Comisión de la Verdad, ¿dirán algo sobre los contratos que le dieron a la esposa del asesor presidencial de Duque por más de 1.200 millones o con el contrato del Fiscal por más 1.400 millones? O ¿esos no importan?”, expresó en un trino la parlamentaria del Partido Comunes, Sandra Ramírez.
