Mientras miles de estudiantes colombianos iniciaban este lunes 17 de enero su año escolar de manera presencial, tras permanecer con clases virtuales durante más de un año por la pandemia del Covid-19, unos 900 alumnos de la Institución Educativa El Rodeo, del corregimiento del mismo nombre en el municipio de Lorica (Córdoba), tendrán que permanecer en la virtualidad, por culpa de la corrupción. 

La infraestructura educativa que debía haber sido entregada hace más de tres años totalmente remodelada y dotada, se llena pero de maleza sin que haya habido autoridad alguna capaz de entregar a los niños un lugar decente donde estudiar. 

Por eso este lunes, en vez de llegar los alumnos hasta allí arribaron los padres de familia para protestar por enésima vez por el atraso en las obras que van camino a convertirse en elefante blanco. 

Los trabajos fueron contratados en el 2018 por el Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, con la firma Mota Engil, sin embargo, actualmente la obra se encuentra detenida y lo único que avanza es el crecimiento de la maleza que se traga los salones y escenarios deportivos. 

En tres ocasiones han cambiado de contratistas y en octubre del año pasado, el último encargado, dejó abandonada la obra por presuntas extorsiones de las que estaban siendo víctimas. 

Desde el Ministerio de Educación nadie responde ni por las obras ni por los recursos. 

La remodelación de este plantel eduativo hacía parte de las inversions que hizo el FFIE y por las cuales la Contraloría General de la República abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal, en cuantía de $559.853 millones de pesos, por irregularidades relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura educativa para la Jornada Única Escolar. 

Protesta de los habitantes de El Roble

“A nuestros hijos se le está violando el derecho a una educación digna” 

Los miembros de la protesta dejaron claro que si no reciben respuesta de la Alcaldía, la próxima movilización sería en el casco urbano de Lorica.

Estos recursos estaban destinados a la construcción de 541 proyectos de infraestructura educativa en todo el país, tanto colegios nuevos como ampliaciones de existentes, para que cumplieran con los criterios económicos y especificaciones técnicas del denominado “Colegio Tipo 10” para la Jornada Única Escolar y las metas de cobertura, de acuerdo a lo establecido en el Conpes 3831 de 2015. 

Según los estándares y especificaciones de la norma técnica NTC 4595, actualizada, los colegios debían cumplir, con otros espacios mínimos, además de las aulas: biblioteca, laboratorios de física y química, laboratorio de multimedia y bilingüismo, comedor, cocina, áreas recreativas y zonas deportivas, de acuerdo con la priorización de proyectos a cargo de la Junta Administradora del FFIE. 

La CGR identificó 6 fuentes de afectación fiscal que dan lugar al detrimento de los recursos públicos del FFIE, que se administran a través de un patrimonio autónomo: 

*Por obras abandonadas: afectación fiscal por $79.814 millones. De 311 Instituciones Educativas investigadas por la CGR, hay 71 abandonadas. 

*Por mayores valores pagados por metro cuadrado: afectación fiscal por $270.309 millones. 223 Instituciones Educativas están en esta situación. 

*Por pagos en exceso del precio global fijo por obras complementarias: afectación fiscal por $67.142 millones. 104 Instituciones Educativas están en esta situación. 

*Por ambientes escolares no construidos: afectación fiscal por $76.816 millones. 133 Instituciones Educativas están en esta situación. 

*Por costos desproporcionados de interventoría: afectación fiscal por $22.425 millones. 

*Y por gastos administrativos sin pertinencia ni eficiencia, asociados a la Unidad de Gestión del FFIE: afectación fiscal por $43.345 millones. 

Vinculados 

A este proceso de responsabilidad fiscal fueron vinculados 65 presuntos responsables fiscales, que incluyen miembros de la Junta Administradora del FFIE, miembros del Comité Fiduciario, contratistas de obra, contratistas interventores de obra e integrantes del consorcio FFIE Alianza BBVA. 

La Contraloría citó en diciembre de 2019 a 47 vinculados, pero dos años después, como suele suceder, las investigaciones y las condenas por el raponazo a recursos públicos, quedan en meros anuncios noticiosos. 

Por lo pronto, los niños de El Rodeo se quedarán un año más sin dónde estudiar. 

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