¿A quién le disgusta que le aumenten el salario, y sobre todo si es empleado público que lo hagan por encima de lo autorizado por el gobierno? Obviamente, a nadie.
Así lo hizo el nuevo rector de la universidad del Atlántico Danilo Hernández, en aparente arrebato de magnanimidad, en los primeros días del año 2022. Le incrementó el salario a los empleados del estamento educativo superior por encima de lo autorizado por el gobierno.
Para los beneficiados es una excelente noticia, pero conociendo el personaje, cómo llegó a la rectoría, sus padrinos políticos, y teniendo en cuenta que en los próximos meses se realizarán una elecciones muy importantes para la casa política que lo sentó en la silla de la rectoría, tenemos derecho a preguntarnos si detrás ese todo esto hay un manejo politiquero de los recursos públicos.
Danilo Hernández es acusado de falsas motivaciones e interpretaciones amañadas para autorizar el incremento salarial a los empleados administrativos y docentes de la institución, mayor al establecido por el gobierno nacional para todo el sector público colombiano, estando en un año electoral.
La decisión fue adoptada mediante resolución rectoral expedida el 17 de diciembre de 2020 registrada bajo el número 002756 y allí se establece un incremento del $0.39%, por encima del establecido por la presidencia de la república. (Ver Resolución de aumento salarial)
Las falsas motivaciones comienzan con el sentido que se le da a la autonomía universitaria otorgada por la ley 30 de 1992 por cuanto la autonomía no es una extraterritorialidad de las instituciones que la ostentan, no puede estar por encima de la ley ni ser contraria a las normas.
La autonomía universitaria no tiene alcances salariales para evitar los excesos que en el pasado padeció el sector público colombiano, cuando cada institución pública negociaba pliegos de peticiones de manera particular, por lo que casi conduce al Estado a la quiebra como el caso de Foncolpuertos y cientos de casos más. No se puede confundir la autonomía presupuestal y financiera con el ámbito salarial y prestacional.
El artículo 28 del Estatuto General de la institución define al rector, pero no le da competencias para fijar aumentos salariales por encima de los que establezca el gobierno nacional.
El reactor basa sus motivaciones en el contenido del decreto 160 de 2014 expedido por el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando reglamentó procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones o sindicatos, pero no se trata de negociaciones salariales pues éstas son potestad del gobierno nacional. (Ver decreto 160/2014)
Las negociaciones establecidas en este decreto están referidas a condiciones de empleo, y no se puede deducir que empleo es igual a salario, y, de allí, interpretar amañadamente que el decreto autoriza a los nominadores de las instituciones públicas a subirle los sueldos y salarios a sus empleados públicos por encima de lo que establezca el gobierno nacional en sus negociaciones con las centrales obreras. Las únicas negociaciones permitidas son con los trabajadores oficiales y en la universidad no existen trabajadores en esa categoría.
Universidad del Atlántico en cabeza del recién posesionado rector Danilo Hernández, en su esplendorosa luna de miel con los 6 sindicatos existentes (4 de empleados y 2 de docentes) negoció un pliego unificado, situación que no se veía en la institución desde los años 70 y a la que ningún rector accedió a tales pretensiones porque los sindicatos de empleados públicos saben que no pueden presentar pliegos de peticiones salariales sino solicitudes formales sin el carácter de pliego petitorio.
Además, el Consejo Superior presidido por la gobernadora, Elsa Noguera, del mismo grupo político de Danilo Hernández, no tiene facultades establecidas en el Estatuto General para autorizar al Rector para negociar incrementos de remuneraciones salariales por encima de lo establecido por el gobierno nacional.
Utilizar las negociaciones salariales en un año electoral no deja de tener cierto tufillo de populismo clientelar y sienta un mal precedente a las demás instituciones universitarias públicas nacionales a seguir el mismo camino lo que constituye en una amenaza a la estabilidad fiscal del Estado.
Por lo tanto, lo resuelto en la resolución citada de incrementar la remuneración básica a los empleados administrativos y docentes de la universidad en 0.39% por encima de lo establecido por el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, es ilegal a todas luces.
La universidad del Atlántico es una fuente importante de votos, a tal punto que con ella se eligen congresistas y concejales, por lo tanto estaremos atentos el camino que toma esta magnánima decisión del rector Danilo Hernández.
