La Fiscalía documentó 480 contratos por 3,1 billones de pesos en 19 departamentos a través del Fondo Mixto Sierra Nevada. En corrupcionaldia.com diseccionamos este entramado en marzo. Hoy caen las primeras trece piezas y ocho mandatarios quedan bajo la lupa.
Nos encontramos en Valledupar, la capital del Cesar, donde nació una sigla de esas que no levantan sospechas: Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada. Un nombre largo, técnico, aburrido. El nombre perfecto para que nadie preguntara. En el papel prometía acueductos, escuelas, canchas, puestos de salud y vivienda rural para los municipios más pobres del país. En la realidad, según la Fiscalía General de la Nación, fue la fachada de una red que movió $3,1 billones de pesos de regalías a través de 480 contratos en 19 departamentos.
Esa cifra no es un error de digitación. Equivale al presupuesto anual de un ministerio entero. Y esta semana, tras meses de interceptaciones, agentes del CTI viajaron el mismo día a Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio para capturar a las primeras trece personas del entramado. La plata era de los pobres. El manual para repartírsela, según los investigadores, se lo escribieron ellos mismos.
El manual de contratación
El hallazgo más revelador del expediente no es una cifra. Es un documento. La Fiscalía sostiene que la organización adoptó un manual de contratación propio, un reglamento hecho a la medida para adjudicar contratos y subcontratos a terceros e incluso a integrantes de la misma red. Piénselo despacio. No violaron las reglas del juego. Escribieron unas nuevas y jugaron con ellas.
Ahí empieza a entenderse por qué un fondo mixto sirve para esto. Un fondo mixto es una figura legal. Permite que alcaldías y socios se organicen para ejecutar proyectos con dineros de regalías sin cumplir algunos de los requisitos de la Ley 80 de 1993, la ley de contratación estatal. No hay que licitar. No hay que competir en igualdad de condiciones. No hay que demostrar experiencia frente a otros. Solo hace falta que alguien con poder de firma diga que sí. La figura se creó para agilizar obras en territorios olvidados. Los que la cruzaron primero no fueron los territorios olvidados. Fueron los que sabían leer el vacío.
La lección de economía política
Hay una lección de economía política escondida en ese manual. El poder, cuando no encuentra un límite externo que lo discipline, termina escribiendo las reglas a su favor. Un fondo mixto sin veeduría ciudadana es exactamente eso: una regla del juego redactada por los mismos que iban a jugarlo. La trampa no estaba en violar la norma. Estaba en diseñar una norma que la trampa no necesitara violar. Para que la maquinaria no chirriara, según la Fiscalía, los contratos se soportaron en documentos, actas y registros falsos que indujeron en error a las autoridades de control. En cristiano: fabricaron papeles para que el sistema mirara hacia otro lado. Y funcionó durante cinco años.
En marzo de este año, corrupcionaldia.com ya había diseccionado este fondo. Documentamos entonces que había nacido en Valledupar con un capital irrisorio y que, en menos de cuatro años, había captado asignaciones por más de $2,7 billones de pesos del Sistema General de Regalías. Escribimos que operaba como una red familiar y política sobre los recursos del posconflicto. Lo titulamos sin eufemismos: la paz que se robaron en nombre de la paz. Cuatro meses después, la Fiscalía puso cifras oficiales, capturas y nombres. La cifra creció. La lógica era la misma.
Los csapturados
Los trece capturados incluyen a Ramiro González Mancilla, alcalde en ejercicio de María La Baja, Bolívar, y a Martín Zuleta, exalcalde de La Paz, Cesar, señalado por los investigadores como uno de los cerebros de la contratación. Junto a ellos cayeron Rafael González Daza, Camilo Andrés Piñeros, José Alejandro Funeme, Esteban Cleves, Luis Alejandro Martín, Alejandro Castro, Juan Carlos Betancourt, Jesús María Hernández, María Pérez Daza, Patricia Cerchiaro Carranza y Erika Andrea Cortés Guerra. Ninguno ha sido condenado. La Fiscalía los presentó ante un juez para legalizar las capturas y se apresta a imputarles concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción y por omisión. La presunción de inocencia los cobija. También cobija a quienes, según fuentes citadas por la prensa, se referían a sí mismos en interceptaciones como los nuevos Nule. El apodo, si es cierto, es una confesión de ambición.
Detenerse en los trece sería quedarse en el síntoma. El negocio no se movía solo con contratistas. Necesitaba firmas de arriba. Por eso la Fiscalía compulsó copias para indagar a cinco gobernadores en ejercicio y a tres exmandatarios. Los cinco en funciones son Óscar Enrique Sánchez, del Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, del Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, del Vaupés; Fulberto Guevara, del Vichada; y Yeison Ferney Rojas Martínez, del Guaviare. Los tres exmandatarios son Ramiro Barragán, exgobernador de Boyacá, vinculado con la villa olímpica que destapó todo; Rafael Alejandro Martínez y Álvaro Arley León Flórez. Conviene ser preciso, porque la precisión es lo primero que se pierde en estos escándalos. Ninguno de estos ocho está capturado. Ninguno está imputado. Están en indagación, la fase más temprana del proceso, y por tratarse de aforados su suerte la decidirá la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema. Que nadie los declare culpables antes de tiempo. Que nadie los declare inocentes por costumbre.
Algunos de esos gobernadores comparten un dato político incómodo: hicieron parte del llamado bloque de gobernadores que el presidente Petro reunió en 2023 en la Casa de Nariño. No es prueba de nada por sí solo, y así hay que decirlo. Pero un periodismo que se respete anota las coincidencias y deja que el lector saque conclusiones. La cercanía al poder de turno nunca ha sido antídoto contra la tentación. En este país, con demasiada frecuencia, ha sido su acelerante.
Donde todo empezó
El daño no es una abstracción contable. Todo empezó por una villa olímpica en Tunja. Una fiscal de Boyacá le puso la lupa a ese contrato, encontró al Fondo Mixto Sierra Nevada detrás y, al jalar el hilo, la madeja se desenrolló hasta 19 departamentos. En varias de esas obras, según los investigadores, se gastaron los anticipos y el avance físico apenas llegó al 30 o 40 por ciento. Traduzcamos eso a la vida real. Son escuelas a medio levantar. Acueductos que no dan agua. Canchas que son un rectángulo de tierra. Puestos de salud sin paredes. Esos 480 contratos iban dirigidos, precisamente, a los municipios con menos presupuesto, los que más necesitaban la obra y menos podían defenderse del engaño.
Pongámoslo en la unidad de medida que de verdad importa. Con $3,1 billones de pesos se habrían podido construir más de medio millar de acueductos rurales del tamaño del que nunca funcionó en Doña María, Fundación, ese que ejecutó el 99 por ciento del presupuesto y entregó cero gotas de agua potable, y que también documentamos en este portal. Cada contrato inflado de Sierra Nevada tiene un rostro en alguna vereda. Una familia que sigue cargando el agua en baldes. Un niño que estudia bajo un techo de zinc prestado. Un enfermo que viaja horas porque el puesto de salud quedó en cemento y promesa. La corrupción de regalías tiene esa crueldad particular. Roba el desarrollo justo donde el desarrollo era la única salida.
Un caso de corrupción que supera a los más sonados
Aquí el caso deja de ser noticia y se vuelve patrón. La Fiscalía misma lo dijo: este escándalo supera lo perdido en Centros Poblados, durante el gobierno de Iván Duque, y en la UNGRD, durante el de Gustavo Petro. Supera incluso el billón de pesos hallado hace meses en Aremca, la Asociación Regional de Municipios del Caribe, que también diseccionamos en su momento. Cambian las siglas. Cambian los gobiernos. Cambian los departamentos. La arquitectura no cambia. Un vehículo legal que permite evadir la licitación, un puñado de operadores que lo capturan, unos controles que llegan tarde y una ciudadanía que se entera cuando la plata ya voló.
El profesor Alejandro Nieto lo escribió con otras palabras: la corrupción no es un problema de casos aislados, es una práctica sistemática integrada en el funcionamiento del Estado. Sierra Nevada no es una manzana podrida. Es el árbol diseñado para producir esa fruta. Mientras el Sistema General de Regalías siga ofreciendo atajos sin veeduría real, y mientras los municipios PDET, esos que la guerra dejó de últimos, sigan siendo el mercado más rentable para estos operadores, el próximo fondo con nombre de montaña ya se está constituyendo en alguna notaría. Con capital irrisorio. Con nombre aburrido. Con manual propio.
En marzo lo advertimos y sonó a denuncia solitaria. Hoy hay trece capturados, ocho mandatarios bajo la lupa y una cifra que marea. La pregunta ya no es si el Fondo Mixto Sierra Nevada fue un cartel. De eso se está encargando la Fiscalía. La pregunta es cuántos carteles más estamos financiando ahora mismo con la plata de los que menos tienen, mientras miramos para otro lado. Porque el manual de contratación se puede quemar. La costumbre de no mirar, esa, sigue intacta.
DEBATE DE TRES EXPERTOS
James Buchanan (economía constitucional, elección pública): Lo que ustedes llaman corrupción yo lo llamo búsqueda de rentas en estado puro. El funcionario no es un ángel ni un demonio: es un individuo que maximiza su interés dentro de las reglas que le pusieron. Si la regla, el fondo mixto sin licitación, no impone un límite externo, el resultado no es una sorpresa, es una predicción. El verdadero delito se cometió antes del primer contrato: cuando se diseñó una norma que dejó a los jugadores redactar su propio reglamento. La sociedad civil es el único soberano capaz de disciplinar ese poder, y en 19 departamentos estuvo ausente.
Alejandro Nieto (desgobierno de lo público): Coincido en el diagnóstico, discrepo en el acento. Buchanan ve incentivos; yo veo captura. Esto no es un defecto de diseño que se corrige con una cláusula. Es el Estado convertido en botín de una casta que ya no distingue lo público de lo propio. Cuatrocientos ochenta contratos en cinco años no son una falla del sistema: son el sistema funcionando como fue capturado para funcionar. Mientras el control fiscal llegue después del anticipo gastado, seguiremos administrando autopsias, no prevención.
Alberto Brandolini (ley de la asimetría del bullshit): Y ahí es donde pierden los dos, señores. Ustedes tardaron cien investigadores y meses en documentar lo que la defensa desmontará en una frase: los fondos mixtos son legales, actuamos de buena fe, la Ley 80 lo permite. Refutar esa mentira cuesta diez veces más energía que producirla. Por eso corrupcionaldia.com hizo lo correcto en marzo: no esperó la refutación, se adelantó con el dato. Contra la asimetría del bullshit solo hay una defensa, y es llegar primero con la evidencia. Lo demás es correr detrás del rumor.
