Al parecer, la Fiscalía General de la República está dispuesta a escarbar en algunos frentes de la vasta corrupción que carcome todos los estamentos de la universidad del Atlántico. Así lo confirmó corrupcionaldia.com, al conocer una comunicación de la Subdirección de Policía Judicial CTI Atlántico al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP de este centro de estudios superiores.

Como se lee en la comunicación, la Fiscalía Tercera Especializada de Administración Pública adelanta una investigación por el delito de peculado por apropiación en el que presuntamente se encuentran involucrados varios profesores y el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP.

La orden de Policía Judicial No.6314023 solicita una inspección general de los archivos del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP con el fin de recabar información certificada de toda la documentación relacionada con la asignación de puntos salariales respecto de los docentes Milton Coba Salcedo y Guillermo Valencia, para las vigencias 2018, 2019 y 2020.

En junio de 2020, en corrupcionaldia.com publicamos la denuncia titulada En plena pandemia, feria de puntajes para subir salarios en Uniatlántico (https://corrupcionaldia.com/en-plena-pandemia-feria-de-puntajes-para-subir-salarios-en-uniatlantico/) donde explicábamos cómo un sinúmero de profesores de la universidad habían logrado aumentar significtivamente su salario mensual gracias a los puntajes obtenidos en el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP.

Como su nombre lo indica, el CIARP asigna puntajes a los profesores que publican artículos académicos de investigación en revistas indexadas. Hasta ahí todo parece perfecto, pero una veeduría se dió cuenta que las revistas indexadas donde publicaban los profesores no eran más que revistas internacionales depredadoras, y que es imposible que un profesor publicara en un año hasta 40 artículos de investigación.

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El desorden institucional

Debido a las denuncias de la veeduría, la Fiscalía General de la Nación, en diciembre del 2020, ofició a la Secretaria General de la Universidad del Atlántico, Josefa Cassiani, requiriendo información sobre una presunta corrupción en la asignación de puntos salariales a profesores por publicaciones fraudulentas en revistas predadoras internacionales.

La universidad no respondió y engavetó la solicitud de la Fiscalía. En vista de que la universidad no respondía, en febrero de este año, una comisión de Policía Judicial de la Fiscalía se presentó a las instalaciones de la universidad para practicar una inspección judicial en el CIARP.

De nuevo, funcionarios de la secretaría general de la universidad no supieron dar información sobre lo requerido por la Fiscalía, y explicaron que el CIARP no tiene oficinas ni lugar fijo donde se pudieran realizar la diligencias judiciales.

Lo anterior, lo corrobora la comunicación del CTI basada en la orden de Policía Judicial No.6314023.

Es imposible que la secretaria general de la Universidad del Atlántico, Josefa Cassiani, no sepa que el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP se reune en la Vicerrectoría de Docencia y que en esas oficinas reposan todos los documentos de este comité.

Además, solo tenía que llamar a los miembros de este comité y colaborar con la orden judicial. Pero todo esto no indica más que un desorden institucional resultado de la improvisación y la falta de conocimiento en la educación superior de los actuales dirigentes de la universidad, aseguró una fuente del ámbito administrativo.

Además, esto confirma que no existe hoy en la universidad una defensa jurídica institucional, a pesar de la gran cantidad de abogados contratados. La institución está en manos de unos bisoños.

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