El titular muestra claramente las dos posiciones del periodismo actual en Colombia. Por un lado los que buscan la verdad, y por otro, quienes hacen todo lo posible por desinformar y ocultar el trasfondo de los hechos y la realidad del país.

Los casos relacionados con Aida Merlano y alias Otoniel han servido para que el público analice quién realmente está informando con honestidad, profundidad y sin manipulación.

La periodista Vicky Dávila estuvo en el centro del escándalo cuando se supo que Aida Merlano le había entregado en Caracas algunas pruebas de sus denuncias, cuando estuvo entrevistándola a raíz de su captura en Venezuela. Dávila las ocultó y solo hasta ahora supimos de su existencia.

Hoy, un sector importante del periodismo colombiano reclama porque el gobierno le está poniendo trabas al trabajo de la Comisión de la Verdad para que Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, libre de cualquier presión, cuente toda su historia.

Pero la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, tuiteó lo siguiente:

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Exigir que cuente su historia sobre los 35 años de delincuencia, dejando dolor en muchas comunidades, masacres, violaciones a menores, no significa que se le está defendiendo. Simplemente, queremos saber la verdad y Otoniel está dispuesto a contarla.

Para nadie es un secreto que vivimos en un país sumido en la corrupción, “un país de bandidos” lo definen algunos estudiosos, en donde la delincuencia se empodera gracias a la connivencia con los estamentos judiciales, militares, policiales y gubernamentales.

Sí, tanto Aida Merlano como alias Otoniel, son unos delincuentes, pero tienen mucho que contar, y todos los colombianos tenemos derecho a saber cómo lo hicieron, cómo lo lograron, quiénes fueron sus cómplices y quiénes fueron sus víctimas.

Por eso nos parece importante, releer el editorial del director de El Espectador que a continuación publicamos.

Se percibe en el ambiente el miedo a lo que el bandido Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, pueda tener para decir. Eso ha quedado más que claro con los múltiples intentos de intimidación al trabajo de la Comisión de la Verdad la última semana. La pregunta, que precisamente puede empezar a responderse con las declaraciones de quien fue el máximo líder del Clan del Golfo, es quiénes están detrás de esos ataques. Es necesario que el sistema de justicia transicional tenga absolutas garantías para escuchar a Otoniel y la Corte Suprema de Justicia, en sus consideraciones sobre si extraditarlo, debería darle peso preferente a la verdad que podría aportar estando en Colombia.

El fin de semana el investigador de la Comisión de la Verdad que ha acompañado al comisionado Alejandro Valencia se levantó con su casa revolcada. Solo faltaba algo: las grabadoras con las que, un día antes, se había llevado a cabo la atropellada entrevista a Otoniel. Esta, por cierto, fue interrumpida por funcionarios de la Dijín diciendo que había riesgo de fuga del narcotraficante, aunque hay información que cuenta cómo hubo innecesaria agresividad hacia los miembros de la Comisión. Son hechos que no necesariamente están conectados entre sí, pero que sí suman hacia lo mismo: hay un claro interés por sembrar terror en torno a lo que pueda contar el líder del Clan del Golfo.

Por fortuna, la entrevista de Otoniel no se perdió. Los comisionados hicieron una copia, como dicta el protocolo, después del encuentro. Pero que puedan entrar a la casa de un miembro de la Comisión, esculcarla e irse de ahí en total impunidad es un acto de violencia que merece el mayor rechazo. ¿Cómo pueden sentirse seguros los miembros de la Comisión de la Verdad cuando la intimidad de sus hogares es vulnerada con tal facilidad y quién sabe con qué oscuras pretensiones?

“Uno sabe que hay intereses en que esta persona no hable y no aporte la verdad, pues son muchos sectores comprometidos en el conflicto”, dijo el comisionado Valencia hablando con Blu Radio. Eso nos parece innegable. También es una muestra de que la Comisión de la Verdad, tan vilipendiada desde ciertos sectores políticos, está logrando un punto esencial de su función: hablar con la mayor cantidad de actores en el conflicto para construir un relato complejo.

Por eso es fundamental que Otoniel pueda contar todo lo que sabe tanto ante la Comisión de la Verdad como frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ante el tribunal de paz, el escrito del narcotraficante en el que pide vincularse al proceso dice que quiere contar su “colaboración en acciones ilegales de graves violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército colombiano y el DAS, así como la promoción, planeación, organización y financiación de grupos paramilitares sucesores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entre los años 2006 y 2008″. Es algo que Colombia necesita conocer.

Entonces, dejen que Otoniel hable. Y si es desde Colombia por un tiempo, mejor. Los procesos de extradición han mostrado que la verdad en el país se aplaza durante años mientras opera la justicia estadounidense. Alterar el orden de los factores, en este caso, no es violar nuestro compromiso por la justicia, sino reconocer que el proceso que se adelanta en Colombia es urgente. Hay muchos que quieren que no conozcamos lo que el narcotraficante tiene por decir. No hay que dejarlos triunfar.

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