Siete años después de su captura y once después de ocurridos los hechos de corrupción, un juez de la República condenó a 3 años y un mes de prisión a Emerson Segundo Pinto Camargo, quien fungía como secretario de Salud del municipio de Albania en el 2011.
La Fiscalía General de la Nación demostró que, siendo secretario de Salud, Pinto Camargo, firmó en el 2011 de manera irregular tres convenios interadministrativos con el Hospital San Rafael, que tenían como objeto desarrollar planes de acción para reducir la mortalidad infantil, especialmente, en comunidades indígenas.
En la investigación se constató que el exsecretario de salud de Albania (La Guajira), como supervisor de los convenios, elaboró y aprobó actas de inicio, ejecución y liquidación de los contratos y de las interventorías. Con estos documentos se avaló el pago de más de $18.990 millones de pesos.
Asimismo, se estableció que los convenios fueron entregados a 10 particulares que no cumplieron a cabalidad las actividades previstas, ni se entregó a la totalidad de los grupos indígenas ayudas alimenticias, agua potable, medicamentos y atención médica profesional.
Se encontró por ejemplo que las personas contratadas para dictar las charlas sobre mortalidad infantil no reunían el perfil porque eran, entre otros, albañiles, mecánicos y técnicos en sistemas.
Con relación a las etapas previas de la contratación se identificaron inconsistencias como carencia de estudios técnicos y financieros, y ausencia de un censo de la población a beneficiar y su ubicación geográfica. Mientras que en la fase de ejecución se conoció que fueron contratadas 1.459 personas a quienes se les pago un valor diferente al reflejado en las órdenes de prestación de servicios. Adicionalmente, quedaron en evidencia sobrecostos y múltiples labores que nunca se realizaron, pero fueron cobradas
Además se demostró que los recursos involucrados en estos convenios habrían sido desviados para financiar una campaña política a la gobernación del departamento, es decir, la de Oneida Pinto, prima tercera del implicado y uno de sus aliados políticos.
Antecedentes del proceso
En noviembre del 2015, la Fiscalía capturó a 11 personas por irregularidades en la contratación en el municipio de Albania, población en la que, la entonces gobernadora de La Guajira Oneida Pinto, había consolidado su pequeño imperio político. Uno de los capturados fue su primero tercero y secretario de Salud, Emerson Pinto y el alcalde de ese entonces, Yan Keller Hernández, exescolta de la gobernadora.
Pese a esta orden de captura, Emerson Pinto estuvo de candidato a la Alcaldía de Albania ese mismo año, en fórmula con Oneida (ambos avalados por Cambio Radical) y ya había sido secretario de Salud municipal en 2011, cuando el alcalde era Yan Keller.
Yan Keller Hernández
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Yan Keller Hernández, por su parte, se entregó en abril de 2016, y tenía tres órdenes de captura por los mismos hechos y otros delitos, todos relacionados con corrupción en la contratación con recursos públicos. Para el periodo en que se celebraron los contratos él era el mandatario de Albania. A ese cargo llegó como el heredero de Oneida Pinto, de quien había sido conductor y escolta.
En la época de los hechos, según fuentes locales que lo saben de primera mano, allí no se movía una hoja sin el visto bueno de la llamada “princesa negra”.
Pinto mandaba desde 2004 en ese municipio: fue la alcaldesa entre ese año y 2007. Después logró poner como su sucesor a Hernández, quien no tenía experiencia política. Y hoy su grupo cuenta con el actual mandatario: Aurelio Arregocés Peñaranda, avalado por Cambio Radical.
Aurelio Arregocés Peñaranda
Actual alcalde de Albania, también respaldado por Cambio Radical. Todas las lupas anticorrupción están puestas sobre su gestión.
Al exalcalde Hernández la Procuraduría Regional de La Guajira también lo sancionó e inhabilitó en el 2014 para ejercer cargos públicos durante 12 años, por firmar un contrato de manera directa con un particular.
Y durante su mandato los programas de promoción de buenos hábitos y de prevención del sector salud solían ser usados con fines burocráticos y no técnicos para mejorar las condiciones de vida de los albaneses.
Y mientras sus mandatarios locales hacían festín con los recursos públicos los niños y niñas indígenas guajiros, supuestos beneficiarios de estos recursos, seguían padeciendo la hambruna, enfermedades y el olvido del Estado.
Por el tiempo de la condena, lo más seguro es que el primo de Oneida Pinto termine siendo beneficiado con la casa por cárcel.
