Por: Adlai Stevenson Samper
La célebre frase «el pelotazo» fue dicha en tono triunfal por Ignacio González González para referirse al acto raponero de Canal Isabel II sobre la empresa barranquillera Triple A.
En el argot hispano significa un negocio ambiguo e ilegal en el que se gana mucho sin invertir nada. González; ex presidente de la Comunidad de Madrid, por obra y gracia delictiva con sus compinches, ingresó en prisión incondicional el 21 de abril de 2017 saliendo 202 días después del pago de una elevada fianza.
Le incautaron como parte de sus actuaciones administrativas 5,4 millones de dólares ocultas en cuentas de testaferros.
El 2 de enero de 2023 se acaba de frustrar un segundo «pelotazo» sobre el 82,16% de las acciones de la Triple A que tenía en calidad de administrador la Sociedad de Activos Especiales. Su anterior director Andrés Alberto Ávila, nombrado en la presidencia de Iván Duque quién por cierto estaba perfectamente al tanto del negocio abiertamente irregular e ilegal de la venta de las acciones a la empresa de economía mixta APBAQ (Alumbrado Público de Barranquilla), operación de la cual hizo gala pública el alcalde Jaime Pumarejo considerando en diciembre de 2021 que el Distrito de Barranquilla, sin colocar un solo peso, “recuperaba” las acciones de la empresa de servicios públicos
La operación de compra de las acciones de la Triple A fue cuidadosamente planeada en todos sus aspectos menos en la legalidad de los tramites. Todos viciados y bajo un supuesto precio de venta de las acciones bajo una valoración total muy baja de la empresa en $800.000 millones de pesos realizada por la empresa Deloitte especializada en asesorías, evaluaciones, tributación y finanzas. En el negocio el comprador APBAQ pagaría $500,000 mil millones por las acciones en dos cuotas. Una inicial ‘cash money’ por $250.000 mil millones desembolsada hace pocos días y el resto saldría del giro de las operaciones normales de la empresa en cómodas cuotas.
¿Ven que era otro «pelotazo»? El ex director de la SAE Ávila se auto nombró en la junta directiva, así como la amiga íntima y ex directora de Secretaría General de la Presidencia en la gestión Duque, la señora María Paula Correa. Obvio; la presidía, para que nadie sospechará que el control de la empresa no estaba en manos del distrito de Barranquilla, el alcalde Pumarejo. Todo perfectamente engranado para ladinamente apoderarse en forma ilegal de esta codiciada empresa de servicios públicos a quienes sus antiguos propietarios españoles de Canal Extensia y Canal Isabel II le llamaban, allende los mares «la Joya de la Corona».
Pero en las variables políticas dentro de las hipótesis a futuro del negocio (venía siendo hilvanado desde inicios del 2022 actuando el alcalde Pumarejo de intercesor para darle las acciones a un tercero privado; como lo dijo el secretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga en la radio La W), ni en la peor de sus pesadillas se imaginaron que la presidencia de la república fuese ganada por Gustavo Petro, conocedor desde sus épocas de congresista de las marañas tejidas sobre esta empresa de servicios y que con un programa ideológico diametralmente diferente a su antecesor juró en la toma de posesión luchar contra la corrupción y los negociados.
Se presagiaba un cambio en los paradigmas del negocio cuando uno de los socios decide salirse. El 22 de agosto del 2022, tras asumir el cargo de presidente de la república Gustavo Petro quince días antes, la empresa Alutrafic LED SAS, de la familia Daes, decide “ceder” en forma gratuita a la Alcaldía de Barranquilla la participación en las utilidades de la sociedad Barranquilla Capital de Luz -Alubaq, por la compra de acciones de la Triple A por intermedio de la sociedad de economía mixta Alumbrado Público de Barranquilla (APBAQ).
El comunicado oficial de la empresa Alutrafic LED S.A.S. indica que la cesión «significará una mayor participación accionaria y por ende un mayor ingreso para el Distrito al momento del reparto de utilidades producto de la actividad de la empresa Triple A S.A. E.S.P. Alutrafic LED S.A.S., a través de sus accionistas, deja constancia que la sociedad donante se abstendrá de deliberar o decidir a futuro sobre cualquier tema que se exponga en las asambleas de accionistas de Alubaq S.A.S. y que tenga relación directa o indirecta con Triple A S.A. E.S.P».
Había una calma tensa en los nuevos propietarios que seguramente, preavisados por abogados especializados en la acción de extinción de dominio les advirtieron lo que era un inminente y drástico cambio relacionado con la venta y propiedad del 82,16% de las acciones. Decidieron plantear entonces una especie de estrategia que les permitiera enredar cualquier intento por parte del nuevo director de la SAE Andrés Alberto Ávila y del Superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga de clarificar el irregular negocio de la compra venta accionaria.
Convocaron para tal efecto una asamblea extraordinaria en la última semana de diciembre del 2022 para efectos de proponer cambios en la junta directiva y en otros aspectos relacionados con los actuales estatutos. Desde Bogotá, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, advirtió “oficialmente” de las ilegalidades del negocio de compra venta, hecho advertido en forma reiterada en diversos medios de comunicación. Por supuesto la asamblea extraordinaria no se llevó a cabo, pero lo que era un presagio se convirtió en miedo para los “nuevos propietarios” de la Triple A.
La última semana de diciembre el alcalde Jaime Pumarejo, en tono eufórico, entusiasta, anunció la entrega formal del 50% inicial, que equivalían según los acuerdos de compra venta, a la suma de $250.000 millones de pesos. En la rueda de prensa del 2 de enero de 2023 el Superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga; en tono de extrañeza dijo que esa cantidad de dinero «no sabemos de dónde la sacaron pues de acuerdo a los estudios financieros de APBAQ no estaba en capacidad de proveerlos». Después acota el Superintendente «creemos que esa cantidad ha sido obtenida de un crédito que ante una caída del negocio podría colocar a APBAQ en grave inestabilidad financiera».
Tal dice el viejo refrán, les salió el tiro por la culata pues en esa misma asamblea ocurrió lo que era un hecho inminente. El director actual de la SAE, Daniel Rojas, en rueda de prensa del 2 de enero de 2023 presentó los resultados de un peritazgo sobre el verdadero valor de la empresa Triple A, acompañado por una serie de conceptos jurídicos de la Superintendencia de Servicios Públicos relacionados con hallazgos de ilegalidad en los procedimientos de venta de un activo patrimonial de la nación y de los barranquilleros.
Dijo Rojas que los procesos de enajenación de activos nacionales son públicos en virtud del artículo 209 de la Constitución Política: «La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones». Nada de este postulado se aplicó en la compra venta de acciones y es por ello que Rojas remata diciendo que «la labor de la SAE es administrar los bienes bajo su custodia con la mayor transparencia», hecho que no se le ocurrió aplicarlo a su antecesor en la dirección Andrés Ávila. Los hechos tozudos así lo demuestran.
La parte fantástica del «pelotazo» viene entonces pues el director de la SAE indica que se encargó un estudio de experticia para la valoración real de la Triple A, acompañados en ese proceso por la Superintendencia de Servicios Públicos, las cifras macro económicas del Banco de la Republica y los datos que arroja el SUI (Sistema Único de Información), una poderosa herramienta de información digital. Pues bien; estos análisis y estudios sobre el valor de la empresa Triple A, planteados; dijo, en un «escenario muy conservador» dan una valoración de 2,4 billones de pesos.
La SAE administra el 82,16% de las acciones lo que representa una valoración de 1,9 billones mientras que el contrato de compra venta señalaba la suma de $585.000 millones. La iban a vender por un precio absolutamente menor y en condiciones ventajosas pues una partida ($250,000 mil millones); ya se dijo, fue pagada a las volandas para tratar de amarrar el negocio, y la restante, otro «pelotazo» saldría de las mismas rentas de la empresa. Por ello la valoración inicial realizada por la empresa Deloitte deja serias dudas sobre los modelos de medición usados para ofrecer una cantidad que no responde a la realidad de la empresa ni las características a futuro de ese negocio de servicios públicos.
En la rueda de prensa el director de la SAE manifestó que pidieron un concepto al respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos que tras analizar los procedimientos legales—más bien ilegales— utilizados recomendó una suspensión temporal del contrato de compra venta de acciones de la Triple A hasta las decisiones sobre las partes en una reunión con la Contraloría General de la República el 14 de enero. En consecuencia, indicó el director de la SAE, «nos abstenemos de ceder la participación accionaria», rematando con una certera auto evaluación: «Es deber del funcionario público evitar que se configure un presunto dolo al patrimonio público del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO)».
Por su parte en la rueda de prensa el Superintendente de Servicios Públicos Quiroga señaló; tajantemente, que «se encontraron presuntas violaciones al ordenamiento jurídico pues se utilizó la figura de la enajenación temprana cuando la ley dice que su uso es excepcional y en condiciones específicas». Ya se había advertido en Corrupción al día desde diciembre de 2021 que se habían alterados de forma torticera los procedimientos de extinción de dominio pues se había vendido un bien sin sentencia debidamente ejecutoriada por un juez competente de extinción de dominio y sin colocar las acciones en subasta pública.
Para que no queden dudas de la opacidad, de lo difuso, de las penumbras de este extraño «pelotazo» otorgado por el gobierno Duque en diciembre de 2021, el Superintendente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga dijo, en tono lapidario «que este negocio de compra de acciones desconoció el principio de transparencia».
La suspensión o la abstención de venta de las acciones se refleja necesariamente en la junta directiva presidida por Jaime Pumarejo alcalde de Barranquilla que queda ‘ipso facto’, sin funciones reales y en estado de suspensión hasta una decisión de fondo que no puede ser otra que revertir el proceso colocando estas acciones a su real precio de 1,9 billones en el mercado en una oferta pública de acciones tal como lo indica la Ley 1708 del 2014.
Tal parece que la venta sin transparencia, sin observar tramites y procedimientos de las acciones para la Triple A no sigue por ahora con los posibles adquirientes. A lo anterior se añade una reciente reunión de la Defensa Jurídica del Estado Colombiano con los directivos españoles de Canal Isabel II respecto a su reclamación comercial ante los tribunales internacionales por las acciones de la Triple A. Otro problema derivado de la torpe extinción de dominio efectuada por el Fiscal Néstor Humberto Martínez.
Este proceso de venta de acciones sin observar la debida transparencia, careciendo de sentencia ejecutoriada y sin oferta pública de acciones fue sueño de una noche de verano de los creadores del fallido nuevo «pelotazo» y así lo definió; en las palabras de despedida de la rueda de prensa del 2 de enero de 2023, Daniel Rojas, director de la SAE: «Obramos bajo el principio de precaución y tengo instrucciones precisas; orden expresa del presidente Gustavo Petro de salvaguardar este patrimonio de los colombianos y los barranquilleros».
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