La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia el documento escrito en el que la exgobernadora de Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio es acusada por presunta participación en hechos de corrupción.
Hurtado, mandataria departamental entre 2012 y 2015, estaría involucrada en irregularidades detectadas en la suscripción de cuatros contratos de obra con fecha de 2015.
Según el ente judicial, algunas de las anomalías estarían relacionadas con el diseño y ajuste de los pliegos de condiciones que favorecen a uno de los consorcios identificado como el contratista José Carlos Vergara. Hurtado habría recibido a cambio el 15 % del valor total de dichos contratos.
La supuesta actividad ilícita significaría un detrimento patrimonial para el departamento de $3.443’361.864. La exgobernadora deberá afrontar cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
En 2018 la exmandataria fue destituida e inhabilitada por 12 años por haber suscrito seis convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío y la Promotora de Vivienda del Quindío, “sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales”.