Pierre García, quien fungió como director encargado del Departamento de Prosperidad Social (DPS) durante el mandato de Iván Duque, se enfrenta a cargos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía lo imputó este martes como parte de una investigación vinculada a presuntas prácticas corruptas que condujeron al encarcelamiento del senador Ciro Ramírez. García afirmó su inocencia durante la audiencia.
Según la Fiscalía, el exfuncionario habría abusado de su posición y participación en los comités de contratación del DPS en 2021 para influir de manera irregular en la suscripción del contrato interadministrativo No. 670 de 2021, valuado en 48.660 millones de pesos, entre el DPS y Proyecta Quindío. Este contrato, junto con otros 27 proyectos asociados, incluía la financiación de obras de infraestructura en Tolima, Quindío y Valle del Cauca.

Adicionalmente, la Fiscalía sostiene que García, mientras era director del DPS, habría mantenido reuniones en 2022 con Katherine Rivera, asesora en la UTL de Ciro Ramírez en ese momento, quien ya enfrenta cargos por estos hechos. El ente investigador destaca la relevancia de Pablo César Herrera Correa, entonces director de Proyecta, a quien se le atribuye la dirección de varios contratos.
Durante la audiencia, la fiscal del caso señaló que García fue visitado por el senador Miguel Ángel Barreto en diversas ocasiones en 2022, subrayando la importancia de estas interacciones en el marco de la investigación por concierto para delinquir. También se afirmó que García, aparentemente, no solo actuaba en función de los senadores sino que también seguía instrucciones de Pablo César Herrera.
La defensa de García expresó dudas sobre la presentación de la Fiscalía durante la audiencia, pero este último rechazó los cargos, afirmando su inocencia y anunciando que presentará pruebas en su defensa. Cabe mencionar que el senador Ciro Ramírez fue enviado a prisión recientemente por hechos relacionados.
La investigación, a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda Soto de la Corte Suprema de Justicia, se inició en junio y apunta a presuntas irregularidades en la intervención y direccionamiento de contratos para la construcción de obras en Quindío y Tolima, con alegados actos de corrupción.

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