El mayor responsable del pésimo servicio de la alimentación en las cárceles, denunciado reiteradamente por diferente organizaciones de derechos humanos, es  Ludwing Joel Valero, el director de la USPEC y por ello el Tribunal de Bogotá ordenó tres días de arresto para este funcionario por el desacato de una tutela relacionada con la falta de garantías en la alimentación de los internos de la cárcel La Picota de Bogotá.

Valero viene dirigiendo esta institución desde el gobierno de Iván Duque, y ha sido ratificado por el presidente Gustavo Petro. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, es una entidad -hija- del Ministerio de Justicia creada el 03 de noviembre de 2011 para desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en materia logística y administrativa para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios que debe brindar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

La USPEC maneja un presupuesto anual superior a los $1,4 billones de pesos y, entre muchas funciones, es la entidad responsable de la alimentación de los privados de la libertad en todas la cárceles de país. 

Ludwing Joel Valero, como director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, debe responderle al país por un servicio digno, eficiente y oportuno que nos cuesta la no despreciable suma de $813.000.000.000.  Es una de las arcas más apetecidas en la contratación pública. 

Pero, al parecer, ni Valero, ni a ninguna de las entidades de control, le importa la calidad del producto final de este servicio. Así lo entendió el Tribunal Administrativo de Bogotá, y después de haber transcurrido casi un año desde que se falló una tutela que amparaba los derechos de los privados a la libertad de una alimentación digna, ordenó el arresto de Valero el pasado 18 de diciembre.

De acuerdo a lo manifestado por organizaciones de derechos humanos, hoy en día la alimentación en La Picota es de pésima calidad, pues no se atiende a ninguno de los criterios indicados con anterioridad, se desconocen para su preparación y distribución todo tipo de medidas sanitarias, y es que basta con realizar una visita al rancho de la estructura número uno del penal.

El arresto por tres días también incluye al representante legal de la Unión Temporal Alimentar Sueños, Carlos Alberto Barrios, quien durante el trámite ante el Tribunal manifestó que se le ha dado cumplimiento a las observaciones hechas a los alimentos que hacen para la población carcelaria.

Sin embargo, la ponencia de la magistrada Isabel Álvarez dice que este hombre sólo realiza afirmaciones carentes de sustento probatorio, pues asegura que a través de sus funcionarios ha dado cumplimiento integral al contrato de suministro de alimentación suscrito con la Uspec, pese a que no la aportó al despacho.

Mientras que del director Valero resaltó el Tribunal que con sus argumentos se limita a indicar que solicita informe a la interventoría del contrato, sin demostrar acciones positivas en pro de mejorar las condiciones de la prestación del servicio de alimentación de los reclusos del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, exteriorizando con ello una intención de desatender la orden contenida en el fallo de tutela, desconociendo además su posición de garante respecto de los servicios esenciales de las personas privadas de la libertad.

Para Orlando Arciniegas, vocero de los internos, el nuevo contrato de alimentación en La Picota empezó el 6 de diciembre, y hasta el momento no se ha ingresado lo necesario para la ejecución.

También se hizo un llamado a los órganos de control, en especial a la Procuraduría, para que actúe frente a las irregularidades que han denunciado en los últimos meses con la alimentación, problemática que en los últimos días se ha extendido hasta otras cárceles como la de Cómbita.

Un contrato apetecido

En el colorido abanico de la contratación pública en Colombia, digamos que el color naranja se lo asignamos a las necesidades que tiene el Estado en materia de alimentación (para la primera infancia [ICBF], para los estudiantes de primaria [PAE], para los privados de la libertad [USPEC]). 

Cada uno de los colores de ese abanico tiene sus dueños en el congreso de la República, por eso hemos reiterado que el Eje del Mal (la corrupción) está en esas corporaciones del legislativo. 

Cada uno de los senadores y representantes tiene su área de interés, de acuerdo a sus propios negocios o a los de su familia. No obstante, muchos de ellos, después de conocer el tejemaneje de los recursos públicos desde el sillón privilegiado del senado, montan nuevos negocios o se asocian con amigos afines. Como ejemplo de estas ecuaciones recordemos la información privilegiada que manejaba el ex senador (QEDP) Mario Alberto Castaño Pérez para fortalecer su entramado de corrupción en varios departamentos.

O la influencia que ejerció el ex senador (QEDP) Roberto Gerlein Echeverría durante más de 50 años en su inamovible silla del senado para que su hermano Julio se convirtiera en uno de los contratistas más poderosos de Colombia. Recomendamos la página web https://cuestionpublica.com/sabemos-lo-que-hiciste/ de nuestro portal hermano cuestionpublica.com.

De eso se trata el ejercicio del poder en nuestro país, de beneficiar las arcas personales, las de la familia, las de los socios o las de los grandes patrocinadores.

En este orden de ideas, hemos encontrado senadores muy metidos en el tema de los dineros asignados en el presupuesto general de la nación a la alimentación en donde el Estado ha asumido esa responsabilidad. Como lo señalamos anteriormente, la varilla naranja del abanico multicolor de la contratación pública en Colombia tiene sus dueños.

De acuerdo con el portal La Nueva Prensa, los negocios de las cárceles han sido descritos como un gueto de los senadores liberales Miguel Ángel Pinto, de Santander y Fabio Raúl Amin Saleme, de Córdoba. Este último fue fórmula para el Congreso de la República de Juan Manuel López, condenado en 2008 por parapolítica.

Desde que usted entró a este artículo los corruptos se han robado esto de nuestro dinero público:

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El presidente Petro ha mantenido, en la dirección USPEC al abogado Ludwing Joel Valero Sáenz, aliado político del senador Miguel Ángel Pinto, quien maneja un presupuesto anual superior a los $1,4 billones de pesos. Valero Sáenz llegó en el gobierno pasado, continúa allí como director encargado y pertenece al clan del congresista Miguel Ángel Pinto.

Además de la alimentación, USPEC está a cargo de la contratación en las cárceles relacionada la sanidad, la seguridad y el control por medio de vigilancia electrónica, así como de inhibidores de señal de la telefonía celular.

La ONG Movimiento Cárceles al Desnudo advirtió que dineros de la contratación de la comida “irán a parar a la Comisión Primera del Senado, del que hace parte Amín Saleme”.

¿Por qué Cárceles al Desnudo afirma lo anterior? ¿Por qué son siempre las mismas empresas las que licitan por este apetecido contrato? ¿Por qué al final resultan los mismos ganadores? ¿Por qué persisten las quejas, las protestas y las denuncias sobre la pésimas calidad de los alimentos en las cárceles de Colombia?

Todo esto lo trataremos en la próxima entrega...

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