¿Por qué es importante conocer y analizar lo que ahora cuenta Salvatore Mancuso, el ex líder máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia, que, junto con los grupos guerrilleros, han sembrado de horror y sangre los campos de Colombia, asesinando familias enteras, despojando tierras, desplazando comunidades y empoderando el narcotráfico?

Porque la verdad última de los hechos no la tienen los jueces ni los jurados. La tiene el homicida, el criminal que con sus propias manos ha matado a más de 2.000 personas, padres de familias, madres, niños, lideres sociales, y a todo el que se le oponía al sistema que lo patrocinaba. Solo él puede decir, revelar (o mentir) quiénes fueron sus socios, quiénes lo apoyaron y con qué recursos contó para cometer semejantes atrocidades.

Es por ello que nos parece de suma importancia la reciente entrevista que la periodista María Jimena Duzán, le realizó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. En ella habló de los supuestos mensajes que le ha enviado expresidente Álvaro Uribe, los incumplimientos de Justicia y Paz, las persecuciones jurídicas que ha sufrido por parte de «personas poderosas contra las que ha declarado» y de lo que espera con su llegada a la JEP.

En una decisión histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó por primera vez a un miembro de las autodefensas. Se trata de Salvatore Mancuso. Este gesto, de manera excepcional, no determina su responsabilidad en los hechos, pero la Sala de Reconocimiento lo llamará para dar su versión, y la JEP remitirá información sobre más de 300 personas mencionadas por Mancuso a las entidades competentes. Mancuso “sigue siendo postulado ante Justicia y Paz por los crímenes cometidos como excomandante paramilitar”, afirma la JEP.

Además, el ente aclara que ha rechazado más de 1.700 solicitudes de sometimiento de exmiembros de grupos paramilitares y advierte que la magistrada María del Pilar Valencia salvó el voto, porque no está de acuerdo con que Mancuso también siga en Justicia y Paz.

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La JEP aceptó a Mancuso como sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública entre 1989 y 2004. En ese periodo, Mancuso ejerció un rol de bisagra en la cúspide con la fuerza pública, como superior, con capacidad de establecer patrones de macrocriminalidad.

En esta entrevista, Mancuso habla de la complicidad de las autodefensas con el Ejército y la Policía, de supuestas visitas al Ubérrimo, la hacienda del expresidente Álvaro Uribe; además, explica por qué apeló su entrada a la JEP y qué falta para su regreso al país.

María Jimena Duzán, imagen generada con AI.

María Jimena Duzán: ¿Qué significó para usted que la JEP lo aceptara en su papel de bisagra, como civil con una fuerte relación entre las autodefensas y la fuerza pública?

S.M.: Esta pregunta tiene por lo menos diez implicaciones. Tengo que reconocer el enorme esfuerzo de trabajo que ha venido haciendo la JEP para integrar el conocimiento de lo que fue el conflicto armado colombiano, que es un solo conflicto, no son varios. Dicho esto, la decisión de aceptarme aún genera incertidumbre, porque no hay certeza de qué va a suceder conmigo cuando quedo sujeto a dos jurisdicciones.

Arranquemos por el caso de Justicia y Paz. Sin haber sido militar fui un sujeto que material y funcionalmente, diseñé y ejecuté operaciones militares conjuntas entre los grupos de autodefensa y la fuerza pública. Recibíamos listados de la fuerza pública con los que operábamos, informes de inteligencia sobre la situación del orden público, el orden de batalla, ubicación de campamentos, corredores estratégicos de movilidad, ubicación de tropas de la guerrilla, miembros de la guerrilla o telegramas de la guerrilla, ubicación de tropas del Estado, brigadas, batallones, límites entre las fronteras de una brigada, medios de comunicación para poder sincronizar y enlazar esas comunicaciones. Esto, porque los radios que utilizábamos entre autodefensas, Ejército y la Policía Nacional tienen todos diferentes bandas de comunicación y teníamos que entrelazar esas comunicaciones para que fuésemos efectivos en esta lucha contra la subversión.

Entonces, ese contacto como comandante de los bloques Norte, Catatumbo, Montes de María y Córdoba, me permitió tener un relacionamiento a todo nivel, en todos los rangos, especialmente en los más altos, y coordinar operaciones militares conjuntas.

Desafortunadamente, reservistas y exmilitares de reserva activa rechazan mi inclusión a la JEP como militar. Pero no me están aceptando como militar, hay una mala interpretación. Me están aceptando, como lo dije, sin ser militar, como un sujeto que intervino, diseñó y ejecutó operaciones militares continuas conjuntas entre las autodefensas y las Fuerzas Militares. Eso es muy claro.

Sí hubo, desafortunadamente, una profunda asociación ilícita que tuve con comandantes de división, de Ejército, de brigada, de Policía, del DAS, etcétera. Recordemos cómo estaba Colombia en aquel momento: voladura de torres de energía, de puentes sobre las carreteras, la pesca milagrosa, la quema de camiones, buses, secuestros, etcétera.

El país estuvo a punto de ser tomado por las armas, por la guerrilla, y eso llevó a que hubiese una alianza entre Fuerzas Militares, entre el sector económico y político de los diferentes momentos, que nos permitió compartir el poder político y militar del país durante muchos años, mientras el Estado descargó gran parte de su responsabilidad de la lucha contra la subversión en nuestros hombres.

M.J.D.: Quería hacerle una interpelación. Si usted ha dado pruebas de que había convivencia total entre la fuerza pública y los paramilitares o autodefensas, ¿por qué hoy ellos niegan eso, tanto oficiales activos como exoficiales? ¿Qué les dice usted a exfuncionarios del gobierno que intentaron la de paz, como Camilo Gómez y el propio expresidente Álvaro Uribe?

S.M.: Yo respeto lo que ellos dicen, pero si usted mira los hechos que vivimos, las bases militares de las autodefensas en la Colombia marginal y periférica estaban al lado de las bases militares.

El caso más elocuente, para poner un ejemplo de fácil recordación, es Cúcuta [Norte de Santander]. Allá se resguardaban en la estación de Policía o del DAS los comandantes urbanos [de las autodefensas] cuando había operaciones. Incluso, dormían ahí con seguridad.

Entonces, hubo un apoyo enorme que hoy se intenta desconocer. Yo vi un video que presentaron cuando la JEP permitió la decisión de aceptarme como compareciente. El video era de un campesino que parece que hubiese sido el historiador que yo hubiese tenido pegado a mis espaldas, que me respiraba. Contó la verdad diáfana, como ocurrió. Dice que cuando la toma del Diamante en Tierralta (Córdoba), por ejemplo, salieron camiones, camionetas, buses, carros, de todo, cargados con militares, para ir a apoyarlos en la toma al campamento de Córdoba, el 28 de diciembre del año 1998.

Y eso fue cierto, allá estuvieron. De hecho, el Ejército, en esa operación, perdió un montón de fusiles y ametralladoras, que recuperamos en su gran mayoría y se los devolvimos. Era una alianza absoluta, permanente, estable.

Decir que esto no sucedió es tapar el sol con un dedo. Durante años, repito, compartimos el poder militar, el poder político con ellos, lo que los hace cómplices porque apoyaron o miraron para otro lado. Hubo negligencia y eso llevó a la expansión y el poder de las autodefensas.

De hecho, cuando el presidente Pastrana despeja el Caguán, es cuando mayor preocupación hubo entre la clase política y económica en el país. Se nos pide que intervengamos, que por favor no dejemos que se le entregue el país a la guerrilla.

Pensamos que iba a haber una Constituyente, que tenía el mayor número de personas de la guerrilla en el Congreso para ese momento. Mire las cifras, los números de hombres de autodefensa, para que vea el crecimiento exponencial a partir del año 1998 hasta el año 2002. La autodefensa llega al Congreso para evitar que, si existía una Constituyente, no tuviesen la mayoría y que nosotros pudiésemos tener representación y no se les entregara el país.

Entramos a todos estos territorios a bloquear el accionar de la guerrilla y eso permitió que la autodefensa creciera de esa manera exponencial. Decir que el fenómeno de autodefensa no creció ligado al poder económico, al poder político, contradice la realidad de lo que existió en el país. O sea, hoy no me conocen, no conocen a las autodefensas. Pero las pruebas que he entregado son irrefutables y las poblaciones afectadas pueden dar fe y testimonio de lo que le estoy diciendo.

M.J.D.: Usted, en Justicia y Paz, contó todo lo que había pasado con las masacres de El Aro y La Granja. Habló de Pedro Juan Moreno, secretario de seguridad de la Gobernación de Antioquia, presidida por Álvaro Uribe, y dijo que él estuvo en casi todas las reuniones suyas para preparar la seguridad de la región. ¿Qué es lo nuevo que usted cuenta en la JEP? Eso ya se filtró a los medios de comunicación, y molestó mucho a Álvaro Uribe. Hay una frase que salió en todos los medios y es que Álvaro Uribe sabía, antes, que iban a suceder las masacres de, por lo menos, La Granja y El Aro.

S.M.: Hagamos ciertas aclaraciones. Cuando la vinculación a Justicia y Paz, yo solicité que me dieran garantías jurídicas y físicas y que me entregaran informes de listados de militares, fotos, organigramas, y nunca me los entregaron.

Tampoco hubo las garantías para mí, para mi familia y equipo jurídico. Esto llevó a que muchas de estas verdades se contaran de manera muy somera. De hecho, tengo unas declaraciones pendientes de José Miguel Narváez. Revisé mis versiones libres y me encontré con la declaración del año 2009. Todavía no habían modificado la Ley 975 de 2005 por la 1592 de 2012.

En 2012, la Ley de Justicia y Paz la modifican e introducen factores de macro criminalidad. Desafortunadamente aún sigue habiendo un sistema de justicia transicional en Justicia y Paz, que se ha quedado obsoleto con respecto a las demandas de macro criminalidad que pide la justicia transicional. Esto aboca a vacíos e indefiniciones.

Justicia y Paz tuvo una metamorfosis y se convirtió en lo peor que puede existir en un escenario de justicia transicional, ya que se convirtió en un sistema de justicia paralelo a la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se queda con el caso a caso, Justicia y paz no tiene las herramientas para mirarlos desde esa visión macro criminal que tiene la JEP.

Y en 2009, precisamente en esa declaración que quedaba del caso José Miguel Álvarez, le decía al fiscal que si no miraba estos temas de manera macro, de manera articulada, jamás iba a entender cómo operábamos. Porque es que esos militares que hoy usted ve en Córdoba, o que ayer vio en Urabá y que mañana ve en el Cesar, esos militares trabajaban con nosotros. Cuando uno hace alianza con uno de ellos, queda siendo parte del engranaje de las autodefensas el resto de la vida, donde quiera que vayan.

M.J.D.: Claro, pero el expresidente Álvaro Uribe está diciendo, más o menos, que lo que usted está diciendo es falso. Dice que ni siquiera lo conoció, que lo vio una vez y que él hizo una negociación con los paramilitares en franca lid, de manera transparente. ¿Usted qué reflexión hace sobre esa reacción del expresidente?

S. M.: Usted conoce que entre las armas de guerra y de la infamia están la estigmatización, la persecución política y jurídica, la manipulación de testigos, declarar que los señalamientos que se hacen son falsos, que lo hacen enemigos por venganza, que son terroristas, mentirosos, delincuentes, todo tipo de epítetos.

Y bueno, esa es la manera como las personas evitan que la justicia opere. Cuando se les sale de las manos el control y manipulación que tienen de ella, pues acuden a herramientas nefastas. Espero que las generaciones actuales lo logren entender, porque esto atentó contra la base misma de la sociedad, la democracia. Todos merecemos un país en paz, con una paz duradera, reconciliados.

Tenemos el derecho a resarcir los errores que causamos, el daño causado y a regresar o reintegrarnos nuevamente a la sociedad.

Yo invito a aquellas personas que tuvimos responsabilidad en el conflicto a que por favor seamos coherentes con la historia, con el momento histórico, con lo que representan para la historia del país y para las nuevas generaciones.

El paso aquí no es llamémoslos a la venganza o utilicemos la verdad para venganzas y retaliaciones. El paso aquí es la verdad para que no se repitan los hechos, la verdad para desmontar los factores de persistencia, la verdad para reconciliarnos, como un elemento reconciliador, pero no para venganza, por retaliaciones.

M.J.D.: Bueno, entonces usted logra que la JEP lo acepte y muchos pensaban que esa noticia le iba a gustar. Pero mucha gente me ha dicho: «¿cómo así? Finalmente se logra que la JEP acepte a Mancuso y Mancuso decide cuestionar la manera como entra y apelar el fallo de la JEP?". Hay quienes dicen: "mejor dicho, les salimos debiendo«. ¿Por qué hace usted eso?

S.M.: La respuesta es realmente sencilla. Primero, esa decisión genera inseguridad jurídica. Prevalece la inseguridad jurídica y un sistema de justicia transicional lo primero que aboca es que exista seguridad jurídica para todos, para las víctimas y para los comparecientes.

M.J.D.: ¿Y por qué dice que hay inseguridad jurídica? ¿Porque usted no sabe qué va a pasar si le permiten salir de territorio norteamericano y llega a Colombia? ¿O porque usted no sabe si va a terminar capturado por cuenta de que todavía sigue vinculado a Justicia y Paz?

S.M.: Por un lado, la seguridad jurídica prevalece en este caso. Es imposible separar mi función de comandante de autodefensa al rol de bisagra. Si yo no fui comandante de autodefensas, no pude tener un rol de bisagra con la fuerza pública. No podemos desvincular un rol del otro, porque coexistieron de manera permanente, simultánea.

Por otro lado, la JEP tiene un mandato que es prevalente y es exclusivo y si acepta a una persona de manera obligada, como en mi caso, pues no podría haber un fraccionamiento de la competencia.

Además, hay que tener el enfoque macrocriminal de la JEP como juez natural, como una lógica de investigación macro criminal, no caso a caso como el de Justicia y Paz, porque esa lógica no alcanzó a entender el enfoque restaurativo.

Justicia y Paz nunca superó la lógica punitiva de castigo. Esa dinámica del caso a caso es propia de la justicia ordinaria y yo quedaría abocado a estar en dos justicias: Justicia y Paz y la JEP.

Pero cuando quedo en Justicia y Paz, estoy abocado a estar en la principal y en la justicia ordinaria, porque Justicia y Paz se convirtió en un sistema paralelo a la justicia ordinaria. De hecho, es la Corte Suprema de Justicia quien toma las decisiones finales de si somos aceptados en la sentencia que emite Justicia y Paz, que es el máximo órgano judicial de la justicia ordinaria en el país.

Si, por ejemplo, cada vez que doy unas declaraciones, hay fiscales que me arman procesos nuevos, como en mi caso particular, con cuentas de cobro, venganza y retaliaciones por las verdades contadas y las implicaciones que han tenido esas verdades sobre poderosas personas, y los arman con mentiras, con manipulación de pruebas y testigos en justicia ordinaria.

Llevo años enfrentando esos procesos y desmontando esa serie de montajes. Entonces, esos fiscales ponen en tela de juicio la investigación que han hecho 40 o 50 fiscales principales, 200 fiscales auxiliares, 500 investigadores que he tenido en mi caso y decenas de magistrados de Justicia y Paz.

Ya tengo cuatro sentencias transicionales en Justicia y Paz, la última de ellas hace un mes. ¿Qué significa eso? Que he cumplido con mis obligaciones, que he cumplido con mi deber. Pero sucede que a mí Justicia y Paz no me ha cumplido.

¿Qué queremos? Pedimos que se haga un debate de fondo sobre la factibilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado. Hay urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión definitiva de estos procesos, porque Justicia y Paz no garantiza el cierre de estos procesos de justicia transicional.

Justicia y paz hace rato dejó de ser transicional. En este momento Justicia y Paz es anacrónica, obsoleta, respecto a las demandas del marco de justicia transicional y restaurativa.

Desde que usted entró a este artículo los corruptos se han robado esto de nuestro dinero público:

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M.J.D.: Bueno, y finalmente yo quería preguntarle: ¿usted sí conoció a Álvaro Uribe y conoció, por ejemplo, al general Montoya, quienes son los que lo niegan hoy?

S.M.: Hombre, usted puede preguntar en las zonas donde yo operé, por favor, a la población. Pregúnteles si no me vieron entrar a la brigada, a los batallones, a las bases, a la Policía, al DAS, a todos lados, y si no me vieron alguna vez entrando a la finca de Uribe a reunirme en El Ubérrimo. Pregunte.

M.J.D.: Voy a preguntar.

S.M.: Por favor. De hecho, Uribe me ha mandado un montón de razones.

M.J.D.: ¿Cómo así?

S.M.: Me ha mandado con cónsules, me ha mandado con un abogado: que, por favor, le dé una declaración por escrito sobre que él no tuvo nada que ver. Tal vez me pidió declaraciones cuando lo de Piedad Córdoba y el senador Cepeda, que estuvo el otro y estuvo Danilo Rueda, que luego fue comisionado. Unas declaraciones que dijera lo que había sucedido, que habían pedido supuestamente ciertas cosas. Yo le dije: no, yo declaro, pero declaro la verdad de lo ocurrido.

M.J.D.: Una de las cosas que me sorprende cuando lo oigo, es que me acuerdo mucho de esa frase del entonces alto comisionado de paz del gobierno del presidente Álvaro Uribe, que decía que, de pronto, el país no estaba listo para tanta verdad. ¿Se acuerda?

S.M.: Luis Carlos Restrepo. El país no está preparado para tanta verdad. Es cierto, aún no está preparado. Las verdades, desafortunadamente, se cogen y se utilizan en algunos momentos como arma de guerra. Eso sí es tremendo.

M.J.D.: Bueno, me resta preguntarle: usted terminó su condena en Estados Unidos, pero ¿qué está esperando? ¿La decisión de Colombia? ¿Cómo es su situación?

S.M.: Mi situación jurídica en Estados Unidos: estamos esperando una respuesta de una Corte de Migración de Apelación. El juez de migración negó mi solicitud de protección internacional, fuimos a una Corte de Migración de Apelación y la Corte de Migración de Apelación nos dio la razón. Devolvió hasta el juez de migración, diciéndole que tuviera en cuenta nuestros argumentos.

El juez de migración no tuvo en cuenta los argumentos que le pidió la Corte de Migración de Apelaciones y falló nuevamente en contra mía. Volvimos a apelar y en este momento está nuevamente en la Corte de Migración de Apelación, lo que nos hace inferir, razonablemente, que falle como falló la primera vez, porque el juez no tuvo en cuenta todo lo que pidió la Corte de Apelaciones que revisara.

Ahora, ¿qué espero? Que hayan firmado –entre la oficina del alto comisionado, que quedó pendiente con el doctor Danilo Rueda– un protocolo que permita mi regreso con garantías y condiciones de seguridad.

Justicia y Paz se ha atravesado para que yo no retorne en libertad al país. No ha cumplido con la resolución que firmó el presidente donde solicita que se me levanten las medidas de aseguramiento. Es complicado volver al país en esas condiciones mientras no existan seguridades físicas y jurídicas, con garantes, acompañantes y verificadores internacionales.

Yo soy un objetivo de altísimo valor para aquellos que se sienten amenazados con las verdades más vulnerables de esta verdad. Además, no hay seguridad jurídica y quedé en un limbo jurídico, con una inseguridad jurídica en la toma de decisiones de mi aceptación como compareciente en la JEP. Entonces, mantengo abierta la solicitud de Protección Internacional.

Yo todavía no puedo enviarle a la Corte de Migración de Apelación una moción diciéndole: "mira, las condiciones para mi caso en Colombia han cambiado". No tengo manera de demostrarle que las condiciones han cambiado en Colombia hasta que no existan todos estos protocolos: acompañamiento internacional firmado y todas estas cosas. Es un imposible.

Yo debería estar en Colombia desde hace cuatro años, y desde que el presidente Petro, a quien le agradezco tener en cuenta la experiencia y el conocimiento que tuvimos en el conflicto, con esa resolución me nombra gestor de paz para poder colaborar con la paz, con la reconciliación y especialmente con la no repetición en el país.

Desde agosto, que me nombró, aún no hemos logrado concretar todos estos temas en la oficina del alto comisionado. Esperemos que con la llegada del nuevo señor comisionado podamos avanzar severamente en estos temas.

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