Esta semana, en medio del ‘Encuentro por la Verdad y No Repetición’, convocado por la Cancillería y el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, el excomandante del Bloque Central Bolívar (BCB) de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’ entregó unas explosivas declaraciones que generaron gran revuelo entre las clases política y empresarial del país, relacionadas con el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
“Macaco” manifestó que ante la JEP hablará sobre “aspectos relevantes y desconocidos de la denominada ‘parapolítica’ (vínculos de paramilitares con políticos) y el ‘Cartel de la Toga’”, en el que magistrados de la Corte Suprema de Justicia buscaban favorecer procesos judiciales a cambio de dinero y al que está vinculado el exmagistrado Leonidas Bustos.
“Explicaré cómo fue nombrado por parte de Nestor Humberto Martínez Neira el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivas, abogado que se desempeñó previamente como integrante activo del Cartel de la Toga para luego pasar a la Fiscalía General de la Nación”, manifestó.
Igualmente, “Macaco” dijo que la Fiscalía de Martínez infiltró “el avance de las declaraciones de la parapolítica” que él daba en EE.UU. durante “diligencias reservadas” con la justicia de ese país.
Y aseguró que aportará pruebas para mostrar el apoyo incondicional que de múltiples formas efectuó el magistrado Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces.
La respuesta del exfiscal no se hizo esperar y apuntó a que tales acusaciones eran orquestadas por el canciller Álvaro Leyva Durán, que según dijo, lleva años persiguiéndolo.
Las declaraciones de ‘Macaco’ han coincidido con los últimos acontecimientos sobre el entramado de corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, al que Néstor Humberto Martínez prestaba sus servicios de asesoría jurídica, antes de ser nombrado Fiscal, es decir justo cuando comenzó a salir a la luz pública toda la podredumbre de este par de empresas.
Luego estará el ex funcionario bastante preocupado porque su participación en lo que ha sido uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos en varios países de Latinoamérica, finalmente lo ponga, ahora sí, tras las rejas.
Y no debería tomarlo por sorpresa, pues su nombre y el papel que jugó en la planeación de entrega de coimas y la tapadera de actuaciones corruptas ante la justicia, viene denunciándose desde hace ya algunos años.
Más sobre Odebrecht
En un extenso reportaje del la revista digital Raya, se señala que a principios de enero de 2020, cuando se cumplieron nueve meses de la renuncia de Martínez al cargo de Fiscal, el representante legal de Odebrecht en Colombia, Yesid Arocha Alarcón, desde Sao Paulo (Brasil) y bajo la gravedad de juramento, le contó a la fiscal Liliana María Calle Rojas, cuál fue el papel de su principal socio en Colombia, el Grupo Aval y Corficolombiana, en los sobornos de Odebrecht a funcionarios públicos para beneficiarse de contratos de obras de insfraestructura del Estado.
Relata Raya en su publicación que en dicha declaración, Arocha detalló con claridad el papel que, meses previos a su elección de Fiscal General de la Nación, desempeñó Néstor Humberto Martínez cuando era un asesor jurídico en la sombra del Grupo Aval para tratar de ocultar los contratos corruptos que había firmado Odebrecht, y para evitar que el grupo económico liderado por Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo del empresario más rico de Colombia, terminara salpicado más adelante.
Por eso, una de las principales conclusiones a las que llegaron las dos partes, una vez empezó la discusión interna por el pago de los sobornos y el escándalo internacional de Odebrecht, es que cambiarían el sistema de controles internos a los que llamaron contralores, los cuales serían designados por Corficolombiana y los encargados de realizar el control previo, o sea, antes de cualquier gasto operacional o gasto administrativo.
“¿Qué se acordó con el doctor Néstor Humberto Martínez? primero, que se cambiaba el sistema de control en la concesionaria y en Consol y se establecía un sistema de control previo, que no existía, a cargo de funcionarios designados por Corficolombiana, que se convertirían en los contralores internos de Consol y de la concesionaria. Esto quedó consignado en el acuerdo de transacción que es de finales de 2015 o principios de 2016. El documento lo firmo yo y el representante de Corficolombiana, el doctor Gustavo Ramírez, pero la elaboración la hacemos a dos manos, digámoslo así, junto con el Dr. Néstor Humberto Martínez”, reveló Arocha.
En su declaración, Arocha afirmó que fue Gustavo Ramírez quien participó en esa reunión y quien firmó el contrato como representante legal de Corficolombiana, “pero el señor Sarmiento Gutierrez estaba enterado, porque en las reuniones que sostuvimos, el doctor Néstor Humberto se comunicaba permanentemente con el doctor Sarmiento Gutierrez, inclusive, en presencia mía. Yo escuché una conversación en donde él le explicaba a qué acuerdos habíamos llegado”. Igualmente, aseguró que las reuniones en donde se dio cuenta que Nestor Humberto se comunicaba con el doctor Sarmiento Gutierrez se realizaron en la oficina del doctor Nestor Humberto, “pero la suscripción de los contratos se hizo en las oficinas de Episol, en Episol se encontraba Eliska Marionovich”. Esta última, representante legal de esa firma que a su vez era una filial del Grupo Aval.
Anteriormente, en abril de 2019, Cuestión Pública y Univisión relataron que este contrato de transacción se conocía como el “pacto de silencio” entre el Grupo Aval y la multinacional Odebrecht, el cual consistía en que con sus recursos propios la multinacional devolvería al consorcio $32.000 millones para luego repartir las utilidades, nuevamente, entre los socios. En ese entonces, los dos medios de comunicación revelaron que de ese monto solo se pagaron $8.800 millones. No obstante, en esta declaración ante la Fiscalía, revelada por Raya, Arocha aseguró que ese dinero sí se pagó completo y que el mayor beneficiario fue Corficolombiana que recibió las mayores utilidades.
Ahora bien, cuando le preguntaron respecto a los contratos cuestionados por los cuales se había llegado a un acuerdo de transacción, Arocha aclaró de manera contundente: “vuelvo y repito, eso es lo que estoy tratando de aclarar, en el contrato de transacción, la recomendación del doctor Nestor Humberto es que no mencionáramos ningún contrato, porque no íbamos a entrar en el mérito de cada uno de los contratos, que lo mejor era dejar un periodo y un monto, el detalle de los contratos no está ahí, pero se encuentran en las actas del comité de ética, ahí si están”.
“En resumen, ejecutado el plan, a través del contrato de transacción se resarcía el dinero con que se pagaron los sobornos y, por otro lado, se establecía un nuevo sistema de controles para dar apariencia de que todo posible acto de corrupción estaba bajo control de contralores del Grupo Aval. Por eso, el testimonio de Jorge Enrique Pizano era tan clave para esclarecer los actos de corrupción de cuello blanco que se materializaron, pues había advertido con anterioridad a Néstor Humberto, previo a ser nombrado Fiscal General, que existían sendos sobornos con recursos de obras de infraestructura del Estado colombiano a través de contratos ficticios”, señala la revista Raya.
También habló de Néstor Humberto Martínez, el condenado Otto Bula, testigo estrella del escándalo de Odebrecht en Colombia, en una declaración incluso que se dio siendo Martínez Fiscal.
Esta fue también revelada por la Revista Raya en marzo de 2023, en una investigación titulada: “Néstor Humberto Martínez, el garante de la impunidad de Odebrecht: Otto Bula”.
En un video de 37 minutos, Bula afirmó que lo que le dio la garantía para firmar dichos contratos ficticios fue saber que quien había revisado dichos documentos, que no lo meterían en problemas jurídicos, había sido Martínez, quien luego fue elegido fiscal.
Fiscal Álvaro Betancurt: “En la parte final de su intervención, señor Bula, usted hace relación en que el señor Yesid Arocha le hizo entrega, o le dijo, que firmara cuatro contratos y que, en uno de esos contratos, le daba seguridad a usted, ¿reitéreme cuál es el motivo para que a usted le diera seguridad?”
Otto Bula: “Porque, en ese entonces, ya habían escogido al señor Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación. (…) La Corte lo había escogido como fiscal general de la Nación, pues a mí eso me dio como tranquilidad de que lo estaban citando como abogado apoderante de esta empresa en esa estabilidad jurídica y él me dijo que este señor había visto los contratos…”
Actualmente, Bula es testigo en la justicia de Estados Unidos y ha declarado por qué intentó ocultar información en esa declaración jurada entregada a fiscales de confianza del fiscal general Néstor Humberto Martínez. A finales de febrero pasado, el fiscal Víctor Salcedo Fuentes le imputó cargos, por amenaza y prevaricato, a uno de los fiscales del caso Odebrecht en Colombia y cercano a Martínez, Daniel Hernández. Según el fiscal Salcedo, fue Hernández quien le advirtió a Otto Bula “que Néstor Humberto Martínez estaba preocupado y molesto por cuanto él, Bernardo Elías y Sebastián Correa estaban teniendo acercamientos con la justicia para hablar de Martínez Neira, situación que generó en el testigo mucho temor y miedo, según el relato brindado a la Fiscalía”, escribió el fiscal Salcedo en su documento de imputación.
Es decir, la trampa de Bula para intentar encubrir en su declaración en 2017 está en la frase en que afirma que lo de Martínez es mentira “porque me engañaron porque ya me di cuenta que esto fue un montaje de esos brasileros para no decirle la verdad al país y para cogerme a mí como conejillo de indias en toda esta situación”. Después de esta frase no existe ninguna pregunta ni prueba que sustente dicha opinión de Bula, simplemente quedó como una mención suelta que ahora investiga la justicia estadounidense.
Tras conocerse la multa que en Estados Unidos se impuso al Grupo Aval por los sobornos que entregó para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol, el presidente Gustavo Petro sostuvo que las investigaciones sobre el entramado de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en el país no avanzaron, por la relación del fiscal de entonces con el Grupo Aval.
El presidente aseveró que “esa relación incestuosa entre el Fiscal Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos”.
Martínez está en el ojo del huracán desde el 2018, tras la muerte por envenenamiento de Jorge Enrique Pizano y de su hijo, por las mismas causas. Pizano era el testigo principal del caso de corrupción en la Ruta del Sol, en Colombia, ya que se desempeñaba como controller (auditor) de los contratos de la Ruta Del Sol Tramo II entre Odebrecht y Corficolombiana, por parte de esta última compañía.
Antes de fallecer, Pizano había entregado unos audios al informativo Noticias UNO, del año 2015, en los que hablan él y Martínez Neira sobre las coimas e irregularidades de la compañía en la construcción de la Ruta del Sol. Pero siendo fiscal en el 2018, negó tener conocimiento de tales audios.
Por ahora, Néstor Humberto Martínez, se ha salvado de ser investigado en Colombia por su complicidad en el caso Odebrecht. De hecho esta misma semana el fiscal Francisco Barbosa, admitía que su antecesor no tenía ninguna investigación abierta por corrupción. Pero, probablemente no se salve de la justicia estadounidense, que parece querer llegar hasta el fondo del asunto.
Y para reflexionar queda en el aire la sensación de impotencia que millones de colombianos pueden sentir, al ver en manos de qué personajes siniestros y corruptos están los organismos de justicia del país.
