Tibú (Norte de Santander): La gestión de Richar Javier Claro Durán calificó REGULAR 5,1/10 🟡, al borde de la mediocridad

Nos encontramos en el municipio de Tibú. Vamos a auscultar la gestión municipal de Tibú, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Richar Javier Claro Durán. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno (2024-2025), con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Tibú no es un municipio cualquiera. Es la puerta del Catatumbo, el municipio más golpeado por la guerra que estalló el 16 de enero de 2025, cuando la ofensiva del ELN contra las disidencias de las FARC dejó entre 60 y 80 muertos, más de 36.000 desplazados en la región y obligó al Gobierno nacional a declarar el estado de conmoción interior. Es un municipio PDET —con atención preferente del Estado—, es territorio petrolero de Ecopetrol, y es también uno de los mayores epicentros de coca del país: 22.081 hectáreas según el último registro citado por su propio Plan de Desarrollo, un incremento del 72,7% desde 2016.

Gobernar Tibú es gobernar bajo fuego cruzado. Nadie lo discute. Pero la pregunta que este artículo responde, con la metodología forense de corrupcionaldia.com —la misma que calificó a Toluviejo (5,59) y a Agua de Dios (7,1)— es otra, más incómoda y más útil: ¿en un municipio en guerra, los números oficiales sostienen la narrativa de una gestión que «hace lo que puede», o revelan una administración que hipoteca el futuro mientras el presente se cae a pedazos?

La respuesta, construida línea por línea con los formularios del CHIP, el Índice de Desempeño Institucional de la Función Pública, el SECOP, el Plan de Desarrollo y la prensa verificada, es un veredicto matizado: 5,12 sobre 10. Regular. Vigilar. Una gestión con logros reales que deben reconocerse —y en este artículo se reconocen—, pero también con anomalías documentadas que nadie explica. «La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

Este trabajo aplica la metodología de calificación de corrupcionaldia.com, replicable y transparente. Cada cifra tiene fuente oficial verificable; cada silencio se interpreta con la única herramienta que un periodista puede usar sin caer en la calumnia: la pregunta retórica y la cita de los hechos. Cruza cinco fuentes independientes:

1. CHIP — Consolidador de Hacienda e Información Pública (chip.gov.co). Formularios CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS (DIC-DIC 2024, 2025 y cortes 2026), FUT_DEUDA_PUBLICA (CRÉDITOS, CRÉDITOS_POR_SECTOR, RENTA_PIGNORADA), FUT_VIGENCIAS_FUTURAS (AUTORIZACIONES) y SGR (EJECUCION DE INGRESOS/GASTOS).
2. FURAG — Departamento Administrativo de la Función Pública. Resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025 (reporte junio 2026): Alcaldía de Tibú, código SIGEP 01187, grupo 5, IDI 75,08; 1.099 alcaldías comparadas; entes descentralizados MAQUSERVIT (40,96), EMPOSA e INDERBU (sin IDI).
3. SECOP I y II / datos.gov.co (Colombia Compra Eficiente). Datasets jbjy-vk9h (Contratos Electrónicos), p6dx-8zbt (Procesos) y rpmr-utcd (SECOP Integrado) consultados para el NIT 800070682; portal de contrataciones de la Alcaldía (tibu-nortedesantander.gov.co).
4. Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 «Una nueva forma de gobernar». Documento técnico aprobado por el Concejo (Acuerdo 001 de 2024), repositorio ESAP; diagnóstico: IPM 57,6, acueducto 51,4%, alcantarillado 46,0%, coca 22.081 ha (2022); IGPR 2023: 65,8 puntos (tercer trimestre).
5. Prensa verificada y organismos de control. Caracol Radio (22-sep-2025: «no hay recursos para víctimas»); El Heraldo/EFE (26-dic-2025: 187 desplazados); La Opinión (21-oct-2024: Consejo de Estado ratifica la elección); Vorágine (feb-2025: crónica del alcalde en guerra); Defensoría del Pueblo (Alerta Temprana 017-2025); El País/EFE (dic-2025); MinEducación (12-dic-2025: colegio-universidad).

Tibú, Norte de Santander, es un municipio de categoría quinta —según la Ley 617 de 2000— con 62.151 habitantes (DANE, proyección 2024 sobre censo 2018) distribuidos en una cabecera urbana y un océano rural de corregimientos estratégicos: La Gabarra, Campo Dos, Pacelli. Es el epicentro del Catatumbo: donde se junta el petróleo de Ecopetrol, la coca, la frontera con Venezuela y, desde siempre, el fuego cruzado de los grupos armados.

Su Plan de Desarrollo 2024-2027, bautizado «Una nueva forma de gobernar» (Acuerdo 001 de 2024), parte de un diagnóstico que duele: pobreza multidimensional de 57,6 puntos frente al promedio PDET de 45,3; cobertura de acueducto del 51,4% y de alcantarillado del 46,0%, con la zona rural por debajo del 35%; incidencia del conflicto armado «Muy Alto» (IICA del DNP); y una tasa de homicidios de 71,85 por 100.000 habitantes en 2022. Ese es el punto de partida que este análisis respeta en la calificación —la escala no es absoluta— pero que no exime de los estándares mínimos de ley.

Richar Javier Claro Durán llegó a la alcaldía en enero de 2024 con 32 años, el Partido Alianza Verde y el programa de gobierno «Rescatemos a Tibú». Su credencial fue demandada casi de inmediato por presunta doble militancia; en octubre de 2024 el Consejo de Estado dejó en firme su elección. Heredó un municipio que la Función Pública califica mejor que a la mayoría (IDI 75,08), un presupuesto que pagaba $101.440 millones en 2024, y una guerra que nadie eligió. El balance que sigue separa lo que es contexto de lo que es gestión, porque confundirlos sería regalarle la excusa a cualquiera de los dos lados.

El Índice de Desempeño Institucional (IDI), calculado por el Departamento Administrativo de la Función Pública a partir del FURAG, mide tres dimensiones —capacidad administrativa, gestión estratégica y gestión misional— y está certificado por el DANE. Es uno de los indicadores más objetivos de la calidad de la gestión pública municipal.

Pero el FURAG de la alcaldía cuenta media historia. La otra la cuentan sus entes descentralizados, esos organismos que ejecutan el agua, la maquinaria y el deporte:

MAQUSERVIT —la empresa que custodia la maquinaria que acaba de comprarse con el crédito de Bancolombia— obtuvo 40,96/100, el rango del desempeño institucional crítico. Las otras dos ni siquiera reportan puntaje. Una alcaldía que califica 75 y cuyo aparato descentralizado califica 41 no tiene un problema de gestión: tiene un problema de arquitectura institucional. Calificación del componente: 6,5/10.

La Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO) del CHIP es el registro oficial de cómo el municipio recaudó y gastó. Para 2024, el formulario B_EJECUCION_DE_INGRESOS reporta $87.980 millones de ingresos; la consolidación por conceptos suma $125.033 millones. La diferencia de $37.053 millones —casi el 42% del total reportado— no tiene explicación pública. En 2025, la cifra de $150.237 millones aparece en un formulario como «ingresos tributarios propios» y en otro como total de recaudo: contiene transferencias del SGP (salud, educación, propósito general) que por definición no son tributos propios.

Gráficas 2 y 3. Distribución correcta de transferencias e inversión: en 2024 las transferencias representaron el 63,2% de lo reportado; en 2025, el SGP identificado suma el 35,3% del recaudo y los propios identificados el 20,6% — el resto son ingresos no tributarios y de capital mal agrupados en los formularios.

Un 94% del gasto pagado se registró como inversión y el funcionamiento apenas absorbió el 5,5%: en la foto, es el retrato de una alcaldía parca en nómina y generosa en obra. En la radiografía aparecen dos matices: primera, buena parte de esa «inversión» es el giro de recursos de salud (el SGP-Salud solo equivale al 28,8% del total pagado en 2025) y de regalías —dinero que la alcaldía administra, no decide—; segunda, el servicio de la deuda pagado en 2025 fue de apenas $600 millones (0,4%) porque el crédito nuevo tiene 24 meses de gracia. La factura de la deuda llega después de este artículo: 2027.

Calificación del componente: 6,0/10. La ejecución de pagos es alta y el esfuerzo tributario en predial es real; la calidad de la información, el ICA estancado, la mora en cesantías y las reservas arrastradas lo corrigen a la baja.

El módulo FUT_DEUDA_PUBLICA del CHIP registra tres operaciones de crédito público vigentes o extintas en el bienio. Dos merecen examen forense a fondo:

Tabla 2. Créditos públicos del municipio. Fuente: CHIP FUT_DEUDA_PUBLICA — CRÉDITOS y CRÉDITOS_POR_SECTOR.

Tabla 3. Renta pignorada reportada al CHIP. Fuente: FUT_DEUDA_PUBLICA — RENTA_PIGNORADA. Nota técnica: los dos formularios disponibles reportan porcentajes que difieren entre sí (por ejemplo, 43,34% vs 65% del predial para el crédito 2025); aquí se usa la consolidación de mayor valor y se deja constancia de la discrepancia, que en sí misma es un hallazgo de opacidad.

La aritmética es demoledora: $17.240 millones de garantía para un saldo de $1.600 millones (10,8 veces), y $10.185 millones más para el crédito nuevo. Sumadas, las rentas comprometidas valen $27.424 millones: el 88,4% del recaudo tributario propio de 2025. En español: de cada peso de impuesto que un tibuyano pague por su predio, su industria o su gasolina, la mayor parte ya tiene dueño en los próximos años. Y las vigencias futuras agravan el cuadro:

Total: $6.882 millones comprometidos sobre vigencias que no gobierna este alcalde. Las vigencias futuras ordinarias son legítimas cuando amparan proyectos en ejecución con cofinanciación asegurada; la pregunta que queda es si un municipio que declara «no tener recursos» para atender desplazados tiene sustento para comprometer $6.882 millones del futuro y $27.424 millones de sus rentas.

Tibú es municipio PDET de la subregión Catatumbo y recibe recursos del Sistema General de Regalías, incluyendo la Asignación para la Paz creada por la Ley 2056 de 2020 y potenciada por los decretos de conmoción interior (Decreto 0131 del 5-feb-2025). El comportamiento del bienio:

Tabla 4. Ejecución de ingresos y gastos del SGR. Fuente: CHIP — SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. El recaudo de 2025 ($288,6 millones) cayó 91,5% frente a 2024 ($3.382,4 millones); los compromisos de marzo de 2026 ($8.650 millones, 92% de ellos en Asignación para la Paz) equivalen a 22 veces el recaudo corriente.

Los proyectos verificables de la asignación de posconflicto son, por ahora, modestos frente al compromiso agregado:

A esto se suma la herencia documentada en el propio Plan de Desarrollo: el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR del DNP) cerró el tercer trimestre de 2023 en 65,8 puntos, un desplome frente a los 91,3 del primer trimestre del mismo año, y el saldo del bienio 2021-2023 de recursos SGR para comunidades indígenas ($463,8 millones) quedó sin formular proyectos. El «giro e inversión de las regalías» en Tibú no es un problema de caja: es un problema de capacidad de formulación y trazabilidad.

Cruzando el Plan «Una nueva forma de gobernar», el programa de gobierno «Rescatemos a Tibú» y el sentir documentado de las comunidades en prensa, organismos de control y redes, identificamos los cinco problemas principales que preocupan a los tibuyanos y que el alcalde se comprometió a resolver. La evaluación de avance no se basa en auto-reportes, sino en evidencia documentada.

Debe decirse con honestidad periodística: el colegio-universidad entregado en diciembre de 2025 ($21.335 millones, con el 54% aportado por el Ministerio de Educación), la terminación del IPS La Gabarra (obra cofinanciada con la Gobernación) y la compra de maquinaria para las vías son logros visibles. Pero en tres de los cinco indicadores la marca es de preocupante, y el quinto —seguridad y víctimas— es el más doloroso: ninguna alcaldía de Colombia gestiona una conmoción interior; sin embargo, ninguna tampoco puede declarar que «no hay recursos» sin mostrar los intentos formales de derivación y la contabilidad de lo efectivamente gastado en víctimas. Calificación del componente: 4,5/10.

La consulta sistemática de los conjuntos de datos abiertos del Estado (SECOP II — Contratos Electrónicos, SECOP II — Procesos y SECOP Integrado, filtrados por el NIT 800070682 del municipio) arroja un resultado que es en sí mismo un hallazgo: en 2024-2025 solo existe registrado un contrato electrónico, de $9.305.000, suscrito con la ESAP por cooperación para capacitación en participación ciudadana (11-nov-2025). Para un municipio que pagó $135.704 millones en un año, la huella digital en los sistemas nacionales de contratación es prácticamente nula.

La contratación visible aparece publicada en el portal propio de la Alcaldía, no en los agregadores nacionales de datos:

• Contratación directa (Ley 1150 de 2007), proceso 0322, 26-sep-2024: «prestación de servicios profesionales especializados de alta calidad en el área del derecho público general para el fortalecimiento institucional». La defensa jurídica en un municipio en guerra es razonable; la modalidad de excepción, el objeto genérico y la falta de detalle público, no tanto.
• Concurso de méritos MT-SV-CMA-003-2025 (marzo 2025): interventoría técnica, administrativa y financiera para la «adecuación y terminación del Centro de Salud IPS La Gabarra». Modalidad ejemplar en su convocatoria; el objeto confirma que el IPS de la zona más golpeada de Tibú necesitaba terminar —y terminarse— durante este gobierno.
• Licitación pública de vías por $23.000 millones, adjudicada a la Unión Temporal SSI 2023, difundida por la propia Alcaldía en redes: el proceso más grande visible del bienio, vinculado a obras viales regionales con Invías y la Gobernación (la licitación LP-SPPEE-02939-2025 de la vía Tibú—El Tarra es de la Gobernación).

El patrón —procesos publicados en el portal local, mínima trazabilidad en los datos abiertos nacionales, modalidades de excepción para servicios sensibles— no permite afirmar irregularidad, pero sí impide al ciudadano verificar a quién se le compra y por cuánto. Eso, en la metodología de esta casa, es transparencia de vitrina: calificación del componente: 4,0/10.

El Plan de Desarrollo adopta formalmente los ODS y el PND 2022-2026. La medición de avance, con las metas del plan contra la evidencia documentada de 2024-2025:

Avance promedio: 3,4/10. Un ODS 4 que avanza con plata de la Nación y un ODS 3 con obra cofinanciada; y en el extremo opuesto, ODS 6 (agua), ODS 11 (comunidades) y ODS 16 (paz e instituciones) estancados o en retroceso. En un municipio PDET, donde el Acuerdo de Paz es la hoja de ruta explícita del plan, ese patrón no es neutral. Calificación del componente: 3,4/10.

La percepción no se mide solo con encuestas: se mide con protestas, titulares, comunicados y silencios. La línea de tiempo documentada del bienio:

El balance de percepción es dual. A favor del alcalde: no hay, hasta la fecha de corte, escándalos de corrupción documentados en la prensa durante 2024-2025; él mismo denunció el «plan pistola» que amenazaba a su comunidad; se le reconoce la gestión humanitaria ante la Nación y su defensa pública de los derechos humanos (reconocimiento de su alma máter, la UDES, en noviembre de 2025). En contra: las banderas blancas de los campesinos pidiendo cese al fuego, los desplazamientos que el municipio dice no poder atender, y un dato revelador —la propia administración abrió en redes la pregunta «¿cómo califica la gestión del alcalde Richard Claro durante 2024-2025?», reconociendo que la confianza debe medirse, no presuponerse. Calificación del componente: 4,5/10.

La calificación es ligeramente superior al umbral inferior del rango Regular (5,0) y claramente inferior al umbral de Bueno (7,0). En el lenguaje de esta metodología: una gestión que no se hunde —el contexto explica parte del déficit y el FURAG lo salva— pero que exige seguimiento ciudadano inmediato y documentado. Y porque queda por debajo de 6,9, la regla metodológica obliga a examinar el prevaricato por omisión. Adelante.

El Artículo 414 del Código Penal (Ley 599 de 2000) sanciona con prisión de 48 a 108 meses, multa e inhabilidad, al «servidor público que omita, retarde o rehúse la realización de un acto propio de sus funciones», cuando por razón de su conducta se cause daño a la administración pública o a un particular. La configuración del tipo exige verificar cuatro elementos:

Omisiones documentadas que merecen examen:

Sobre el abuso de autoridad y el favorecimiento ilícito: este análisis no encontró evidencia directa de actos activos de corrupción del alcalde en el bienio. Lo que documenta es un patrón de omisiones —atención humanitaria, publicidad veraz, control de la deuda— que, de consolidarse como tales ante la Procuraduría o la Fiscalía, podrían configurar el tipo penal del 414 si se demuestra dolo o culpa grave. La conmoción interior y el cerco armado sobre el Catatumbo no son un argumento retórico: son un elemento real de valoración de la culpabilidad que esta crónica registra con honestidad.

Conclusión jurídica: existen omisiones documentadas suficientes para justificar acción disciplinaria y una indagación penal seria. Este artículo no acusa: exige que los organismos de control actúen.

Hemos auscultado las finanzas de Tibú a través del CUIPO-CHIP, examinado la deuda pública y las vigencias futuras del FUT, cruzado las regalías y la condición PDET, calificado el desempeño institucional FURAG, revisado la contratación SECOP, evaluado los ODS y registrado el sentir de la comunidad. El veredicto final: 5,12/10. Regular. Vigilar.

Cierre periodístico. Volvemos a la pregunta inicial: ¿gobernar es solo no robar, o es también cumplir? En Tibú, durante los dos primeros años de Richar Claro Durán, no se detectaron escándalos de corrupción al estilo de los grandes desfalcos. La administración no roba visiblemente. Pero tampoco rinde cuentas visiblemente: su información fiscal no pasa una prueba aritmética, su futuro fiscal está pignorado, y su respuesta a la catástrofe humanitaria se agotó en un titular. En un municipio donde los campesinos izan banderas blancas para pedir ceder el fuego, donde 187 personas tuvieron que huir en un solo día y donde la mitad de la población no tiene acueducto, no cumplir es una forma de traición a la esperanza. El alcalde tiene aún dos años por delante. Puede corregir: publicar la trazabilidad de sus garantías, honrar las cesantías de sus trabajadores, hacer del ICA un impuesto que crezca y convertir la «nueva forma de gobernar» en datos verificables. O puede mantenerse en la inercia y recibir, al final del cuatrienio, una calificación peor. El reloj corre. La comunidad vigila. La prensa observa.