En días reciente se conoció la imputación de cargos por parte de una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción contra la exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos Rodríguez, cuatro exfuncionarios de su administración y un contratista como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación a favor de terceros.
Los exfuncionarios a los que también cobija la medida son Jaime Montaguth Vega, exsecretario de educación; Jorge Iván González Avendaño, exsubsecretario de Educación; Lesmes Ernesto García Cáceres, supervisor del contrato; Claudia Liliana Hernández Eslava, interventora y Danubiez Zapata Sánchez, contratista.
El origen
En el año 2010, cuando fungía como alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos se hizo una convocatoria para que niños de estratos bajos pudieran acceder al sistema educativo. Ante un aparente déficit de cupos en instituciones públicas, la administración local decidió contratar con colegios privados miles de cupos subsidiados para permitir el ingreso de estos menores.
Para hacer esto posible, la secretaría de Educación, en cabeza entonces del padre Jaime Montaguth Vega, presentó un estudio de insuficiencia en el que le daba cuenta al Ministerio de Educación Nacional (MEN) de la necesidad de contratar más de 9.000 cupos con instituciones privadas, a fin de subsanar, la falta de capacidad en centros de educación pública, por un valor superior a los 5.989 millones de pesos, a través del Sistema General de Participaciones.
Sin embargo, pasado un año de este favorecimiento para los padres de familia y sus hijos, se comenzaron a evidenciar aparentes falsedades alrededor del estudio adelantado por la Secretaría de Educación y que es lo que tiene hoy, nueve años después, en el ojo del huracán, a la ex mandataria de los cucuteños.
Los rumores fueron posteriormente confirmados por la Contraloría Municipal, en cabeza de Néstor Pacheco, entidad que en el marco de su Plan General de Auditorías, llevó a cabo una inspección especial a la Secretaría de Educación del Municipio, particularmente sobre las operaciones de ese despacho en las vigencias 2009 y 2010.
Los resultados arrojaron un total de 34 presuntas deficiencias administrativas de las cuales 18 podían tener una incidencia disciplinaria, 4 fiscal y 1 penal.
Entre los casos que más llamaron la atención de los auditores figuran los contratos de prestación de servicios educativos hechos por el Municipio con establecimientos privados. Se trataba de 29 convenios cuyo valor alcanzaba los 5.989 millones de pesos, mediante los cuales supuestamente se habían beneficiado 9.454 estudiantes.
La falsedad inicia con el estudio que adelantó la secretaría de Educación en cabeza de Montagut, pues según la Contraloría, en diciembre de 2009 esa dependencia municipal elaboró ese análisis de insuficiencia utilizando como muestra 14 colegios de la ciudad –de 60 existentes– en el que, al parecer, se subestimó la verdadera capacidad instalada de las instituciones educativas públicas para recibir alumnos.
Así, por ejemplo, en el caso del colegio Nuestra Señora de Belén, al que asisten estudiantes de sectores como Belén, El Rodeo y La Pastora, el informe daba cuenta de que la capacidad instalada del colegio era de 4.340 alumnos, pero la demanda educativa alcanzaba los 5.406 estudiantes, lo que, para la Secretaría de Educación, arrojaba un déficit de 1.066 cupos.
Pero la Contraloría determinó que en esa institución la matrícula real de 2010 fue de 4.437 estudiantes y la capacidad instalada, según el reporte de los rectores, de 4.883 cupos, lo cual, al contrario de lo informado por el Municipio, marcaba la posibilidad de que 446 niños más pudieran ser recibidos allí.
La entidad de control detectó estas mismas irregularidades en casi todas las instituciones reportadas en el informe de la Secretaría de Educación.
Así las cosas, mientras que para los encargados de elaborar y avalar el estudio, la capacidad con la que contaban los 14 centros educativos oficiales era de 33.387 cupos, la demanda educativa llegaba a 43.319 alumnos, generando así la falta de 9.932 sillas.
Pero las evidencias recopiladas por la Contraloría le permitieron desvirtuar el contenido del estudio, pues según la información del Sistema Integrado de Matrícula (Simat) y la suministrada por los propios rectores de las instituciones, la matrícula real para 2010 fue de 34.010 alumnos, frente a una capacidad de 39.668 cupos.
Es decir que en vez de insuficiencia, lo que hubo fue una falta de alumnos en las instituciones públicas educativas por el orden de los 5.658 estudiantes. “la capacidad instalada del estudio de insuficiencias fue subestimada con el único propósito de mostrar un déficit de cupos para poder sustentar la contratación del servicio educativo con instituciones privadas”, reza la auditoría de la Contraloría.
Incluso la Contraloría detalló que “en varios de los colegios se les cobró a los alumnos subsidiados por concepto de matriculas y costos educativos, costos que en opinión de la Contraloría son irregulares y van en contravía de la política de gratuidad de la educación, cobros que si bien fueron devueltos por recomendación de los interventores dejan entrever la falta de transparencia por parte de las instituciones educativas contratadas y la Secretaría de Educación en la determinación de las lista de alumnos beneficiados con cada contrato”.
En ese entonces el organismo fiscalizador determinó por este concepto de la contratación de colegios privados, y que fue conocido como estudiantes fantasmas, hallazgos disciplinarios, administrativos y fiscales por el orden de los 10.082 millones de pesos.
Posteriormente el mismo Magisterio de Norte de Santander, solicitó a los entes investigadores avanzar en el proceso y poner en evidencia lo que en su momento consideraron uno de los casos de corrupción más grandes desatados con el presupuesto para la educación pública.
Investigación penal
En efecto luego el Ministerio de Educación Nacional, corroboró lo hallado por la Contraloría Municipal y la Fiscalía General de la República asumió la investigación penal por lo actuado.
Esta semana, es decir ocho años después de entregado el informe de la Contraloría, la Fiscalía imputa cargos a la ex alcaldesa y su entonces equipo de funcionarios de la Alcaldía, donde destacó que:
-El contrato 390 de 2010 buscaba que un colegio privado atendiera una población infantil que supuestamente no había encontrado cupo en colegios oficiales. No obstante, los estudiantes inscritos, y por los que se realizó el cobro, fueron 998, pese a que los soportes técnicos daban cuenta de únicamente 167 alumnos.
De igual forma, se estableció que el cubrimiento inicial era para menores de edad, pero luego se incluyó capacitación para adultos. Esto habría permitido irregularidad al hacerse el contrato de forma directa.
-Otro caso, esta vez de un colegio oficial, evidenció como fueron registrados 1.570 alumnos, de quienes no se encontró soporte. En este caso no hubo desembolso del dinero.
-Duplicidad de inscripción de niños en colegios que generó multiplicidad de cobros.
-Se hicieron documentos en los que se recibía a satisfacción un servicio nunca prestado. Esto habría permitido que se realizaran los cobros.
