Estos fueron los preparativos fraudulentos para negociar Inassa y Triple A y dejar a Barranquilla con una pírrica cantidad de acciones.

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Por: Jan Slodvak

La historia del itinerario del accionariado de la Triple A se inicia en la histórica sesión de Junta Directiva de esa empresa el 19 de septiembre de 1996, presidida por el alcalde Edgar George y miembros de su gabinete, entre ellos Ramsés Vargas Lamadrid, en representación de Área Metropolitana de Barranquilla, hoy conocido por el enorme escándalo de corrupción que llevó a la ruina financiera a la Universidad Autónoma de Caribe,  y Vega Luna, de la extinta Empresa Municipal de Teléfonos. Ese día se escogió a dedo, sin una licitación internacional, a una empresa que no existía en calidad de socio calificado y operador, entregándole de salida el 43.31% de las acciones y una prima por asistencia técnica del monto del 4.5% anual de los recaudos.

La nueva empresa a la que le entregan la Triple A se denomina Interamericana de Aguas y Servicios (INASSA) y fue creada ese mismo 19 de septiembre de 1996 con un capital de $1.000.000, mediante escritura pública #3983 de la Notaría Quinta de Barranquilla. Sus socios españoles, por parte de la empresa Aguas de Barcelona (AGBAR) fueron Juan Ras Sierra y Julio Gómez Piqueros. Los socios de Barranquilla: Enrique Gerlein Echeverría, Enrique Gerlein Jr., Luis Nicolella de Caro y Julio Jácome de la Peña actuando mediante préstamo otorgado por el Banco Ganadero –controlado por la familia Gerlein en ese momento y donde Jácome de la Peña fungió en calidad de gerente- por intermedio de la Fiduciaria Banco Ganadero.

En el transcurso de los años sucesivos, merced a la debilidad institucional administrativa de Barranquilla, donde nadie defendía los intereses de la ciudad preocupados solo de los suyos —en ese mismo triste perfil caen alcaldes, concejales, gremios de producción y la prensa—, la capacidad accionaria de Inassa fue lentamente subiendo merced a capitalizaciones no aprobadas por el Concejo Distrital de Barranquilla —co administrador de los bienes y activos de la ciudad— que había autorizado un tope a los operadores privados el cual fue rebasado usando la figura de capitalizaciones del operador calificado privado convertibles en acciones. De esta forma Inassa quedó con un 85.5% de acciones de Triple A, un 3.3% de inversionistas privados (5500) y el Distrito de Barranquilla con un 14.5%. Tras la salida de Agbar, fundamentada según la prensa española, la fiscalía y el bufete de abogados madrileño Cuatrocasas, en “actitudes desleales del personal directivo enviado, encabezado por Francisco Olmos y Javier Vilaplana aliados con los socios locales”, salieron a buscar un comprador internacional para la empresa Inassa y es allí en donde entran en contacto con los directivos de Canal Isabel II, la empresa de aguas de la Comunidad de Madrid que a su vez era presidida por el abogado Alberto Ruiz Gallardón, quien confesó que desconocía los detalles de la compra de Inassa, a través de entidades off shore —de papel— en un paraíso fiscal.

Los objetivos de los estrategas de la venta AGBAR apuntaban a situar el negocio por fuera de la competencia jurídica de la legislación colombiana, mostrando un entramado accionario que no permitiera vislumbrar sobre la legalidad del derecho de dominio y su tradición jurídica, con el propósito de evitar cuestionamientos a la legalidad de la tenencia de las acciones y su procedencia cuestionable. Otros dos hechos también importantes en la conformación y venta de estas sociedades off shore fueron la evasión de los cuantiosos impuestos por su venta en Colombia y la cobranza de sobreprecio al comprador –con sus correspondientes coimas o mordidas- que es casualmente lo que investiga la justicia española.

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De hecho, parte de la suspicacia de las investigaciones judiciales y político administrativas en España parten del hecho de la compra de Inassa por parte de sociedades de papel sin mayores indagaciones sobre la legalidad y procedencia de las acciones, teniendo en cuenta que Canal Isabel II es una empresa de servicios públicos de la Comunidad de Madrid y que para estas operaciones en el exterior de creó la sociedad vehículo Canal Extensia. Dos sociedades fueron relevantes para conformar el intríngulis del negocio: una es LASSA, sigla de Latinoamericana de Aguas y Servicios, de la cual se abordará su constitución y accionariado en este reportaje y SAA, sigla de Sociedad de Aguas de América SA, que fue la que realmente vendió sus activos entre los que se encontraban 6.061.568 acciones de Inassa y 5.100 acciones de Watco Dominicana SA. Tanto Lassa como Saa, sociedades off shore, fueron creadas por escasa diferencia de un mes en julio del 2000 por parte del bufete de abogados panameños De Obaldía & García de Paredes.

Sociedad Latinoamericana de Aguas y Servicios S.A. LASSA

Una de estas entidades de papel, llamadas “off shore” en el argot jurídico de los paraísos fiscales, en donde no preguntan sobre la legalidad –y por supuesto de la ilegalidad- de los títulos valor (acciones) o sobre la procedencia del dinero invertido, fue la Sociedad Latinoamericana de Aguas y Servicos SA, LASSA, creada por dos personas naturales actuando en representación de dos personas jurídicas en Panamá el 18 de julio del 2000 en la Notaría Tercera a cargo del licenciado Claudio Lacayo Álvarez.

Uno de sus promotores fue Jorge Enrique Pizano Callejas, identificado con el pasaporte colombiano 19.455.637, actuando en calidad de gerente general de AAA Servicios SA, empresa domiciliada en Barranquilla, ubicada en la carrera 51 B No. 82-254 oficina 30. El otro es Salvador Cardona Aucejo, de Valencia, España con pasaporte 19880991-K actuando en calidad de director general y representante de Técnicas Valencianas de Aguas, Tecvasa, entidad de nacionalidad española.

De salida es necesario aclarar que AAA Servicios SA no es la empresa Triple A ESP aunque esta tenga la mayor capacidad accionaria. Fue creada el 19 de octubre de 1996 bajo la escritura pública #1946 con un capital autorizado de $100 millones de pesos en la Notaría Tercera de Barranquilla, manejada por Antonio Guzmán Naranjo teniendo los siguientes socios:

  • Triple A: 99.996 acciones
  • GIS Gestión Integral de Suministros: una acción de $1000
  • Beatriz Eugenia Osorio Gutiérrez de Piñerez c/c. 32.705.554: una acción de $1000 pesos
  • Lina Marina Bautista Murcia c/c. 32.724.205: una acción de $1000 pesos
  • Claudia Margarita Robledo Gálvez c/c. 32.694.448 una acción de $1000 pesos

Puede apreciarse que la verdadera dueña de la empresa es Triple A ESP, lo cual se ve reflejada en la composición de la Junta Directiva:

Principal Suplente
  1. Francisco Olmos Corrugedo

2. Luis Nicolella de Caro

3. Armando Guijarro Daza

Javier Vilaplana

Julio Jacome de la Peña

Antonio Peñaloza Núñez

 

Por supuesto, esta junta directiva nombró en ese preciso momento de la constitución de la empresa a Francisco Olmos —también gerente de Triple A ESP— con la suplencia de Javier Vilaplana y Revisor Fiscal a Hernando Quesada. Cuando se constituye en Panamá el 18 de julio de 2000 a Latinoamericana de Aguas y Servicios (LASSA), el gerente de AAA Servicios es Jorge Enrique Pizano Callejas. Veamos quien es este personaje y su desarrollo profesional posterior.

Pizano es primo del ex presidente Ernesto Samper Pizano y se encuentra vinculado a los altos círculos sociales y de poder en Bogotá. Tras salir de AAA Servicios por disolución societaria en 2006 entró en la empresa Aguas de Bogotá en 2008, y después pasó a Gerente de esta empresa en marzo de 2008 hasta 2010 y de allí pasó a “Controller” hasta el 2018 en la fallida Ruta del Sol de Odebrecht. Veamos más a fondo sus nexos con la controvertida firma de ingeniería brasilera, según información del diario El Tiempo el 24 de octubre 2017: “Por tres delitos tendrá que responder ante la justicia el exgerente de la empresa de acueducto de Bogotá Jorge Enrique Pizano Callejas citado a imputación de cargos por la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas. Pizano Callejas y Carlos Alberto Acero Arango, director Red Troncal Alcantarillado de la empresa fueron citados para el 12 de diciembre a audiencia de imputación por los delitos de peculado por apropiación, cohecho, e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en su contra. Pizano Callejas fue quien firmó la adjudicación de la obra Tunjuelo-Canoas, megaobra que en 2009 le fue entregada a Odebrecht por la administración del entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas. La obra costaba $244.000 millones de pesos y la Fiscalía asegura que el contratista “habría pagado una millonaria coima para obtener el contrato directamente”.

Tres delitos se le imputan a Pizano: Peculado por apropiación, Cohecho e Interés indebido en la celebración de contratos. Nada menos este es el perfil profesional posterior del entonces gerente de AAA Servicios SA, y creador en Panamá, a nombre de esta empresa, de Latinoamericana de Aguas y Servicios LASSA junto al español Salvador Cardona Aucejo en nombre de Técnicas Valencianas del Agua, TECVASA. Cardona, un ex concejal del partido español de derecha PP, fue máximo ejecutivo de esta empresa hasta 2002. Se encuentra dentro de los nombres citados por la prensa española por la Operación Lezo pues es pieza clave en la expansión en Latinoamérica de Canal Isabel II, la empresa de aguas de Madrid. Todo comenzó en 1999, cuando Cardona fue nombrado director general de Tecvasa en el momento de su creación, formada con capital privado valenciano y de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Dentro de sus “logros” se destaca la “creación de la empresa Canal Extensia”, formada con un 75% del Canal Isabel II de la Comunidad de Madrid y un 25% de Tecvasa. Meses antes de que Salvador Cardona abandonara Tecvasa, en febrero de 2002, la firma valenciana se hacía junto al Canal de Isabel II con el 75% de Inassa. Ambas empresas, la madrileña y la valenciana, se unieron bajo la denominación de Canal Extensia: 75% Canal de Isabel II y 25% Tecvasa- con el objeto de la compra.

En donde las cuentas no cuadran, y eso motivó la intervención judicial, administrativa y política en España, fue que en el 2001, el 49% de Inassa se había vendido a inversores locales por siete millones de euros y Canal Extensia adquirió el 75% por 73 millones de dólares a través de una empresa creada en 2000 en Panamá con ese fin, llamada SAA. Esta empresa, que se disolvió en el momento de la venta de Inassa, revierte todos los activos a Canal Extensia. Posteriormente, en 2005, Tecvasa se deshizo de su 25%, que vendió a Canal Extensia, de Canal Isabel II, empresa pública madrileña que alcanzaba así el 100% del accionariado.

Acta de constitución de Latinoamericana de Aguas y Servicios LASSA

La sede de la empresa fue la ciudad de Panamá, teniendo como agente residente al bufete de abogados De Obaldía & García de Paredes, especializados en el montaje de empresas “off shore”, ubicada en el edificio Proconsa 1, sexto piso, calle Manuel María Icaza y 51E. El bufete aparece mencionado en el caso Panamá Papers por la ICIJ por su papel de intermediaria en la constitución de dos empresas Off shore: Caribbean Energy Solutions, de Belize; y GT International Services de la islas Seycheles.

Los testigos que aparecen en el documento de constitución de LASSA, Latinoamericana de Aguas y Servicios elaborado por el bufete De Obaldía & García de Paredes de Panamá fueron Leónidas Calvo Pinzón y Hexhi Gloria Zapata. Calvo es un profesional en los asuntos de testigos y de presentar su nombre para la elaboración de todo tipo de documentos para estas empresas de papel panameñas. Aparece en 197 empresas con más de 324 nombramientos. Con la señora Zapata, una testigo profesional, aparecen, entre otras, en la sociedad Río Largo.

Las acciones de LASSA quedaron así:

  • AAA Servicios SA con 561 acciones por un valor de $561.000 dólares
  • Técnicas Valencianas del Agua SA con 539 acciones por un valor de $539.000

En virtud de este componente accionario los primeros directores de la sociedad LASSA fueron Salvador Cardona, Francisco Olmos y Francisco Vilaplana, quienes nombraron como presidente a su hombre “mampara”, Jorge Enrique Pizano Callejas, también gerente de AAA Servicios de Barranquilla que no es Triple A, reiteramos. En la función de Secretario a Germán Sarabia Huyke, abogado, actual directivo de Inassa en calidad de presidente suplente ante la ausencia prolongada del español Alberto Muguiro y citado para este caso por la Fiscalía General de la Nación.

Según el portal de noticias Las 2 Orillas: “El 24 de junio de 2016, la junta directiva de R&T Panamá se reunió en Barranquilla para disolver la sociedad, que se encargaba de crear los contratos ficticios que firmaba con Inassa para desviar los recursos que se robaban. “Teniendo en cuenta las instrucciones recibidas por la Dirección General del Canal de Isabel II Gestión de disolver y liquidar todas las sociedades inactivas del Grupo Inassa se hace necesario contar con la autorización para adelantar los siguientes trámites relacionados con la sociedades R&T SA en el extranjero”, dice el acta de reunión de la Junta. Este acta se convirtió en un documento clave para develar en el entramado de Inassa en donde terminaron involucrados tres nombres más. Germán Sarabia, Nelson Polo, Jacobo Noguera que se unen a los ya judicializados Diego García y Ramón Navarro, quienes aceptaron los cargos por los que fueron imputados. R&T Panamá (Recaudos & Tributos) era una de esta sociedades offshore en la que Diego García aparecía como uno de los cinco directores. Las otras cuatro cabezas son Germán Sarabia Huyke, un aventajado abogado barranquillero que arrancó trabajando en la Gobernación del Atlántico en el 99 y terminó siendo gerente de Inassa en Barranquilla; Ramón Navarro, quien en marzo pasado aceptó los cargos que le imputó la fiscalía por la apropiación de $27.000 millones; Nelson Polo Carbonell, el empresario barranquillero socio de Enrique Gerlein y Luis Nicollela con los que es dueño del 18.76% de Inassa desde 2001 a través de la también panameña sociedad offshore Slasa; y Jacobo Noguera, quien aparecía como gerente general de Recaudos & Tributos, y llegó a poner en jaque más de una vez al entonces alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo amenazándolo con multimillonarias indemnizaciones cuando este dio la pelea para suspender los contratos que tenía la ciudad con la sociedad”.

La creación de esta empresa LASSA en Panamá obedece a una estrategia jurídica para triangular acciones, creándose inter nexos entre ellas tal como lo explica un informe del bufete jurídico madrileño Cuatrocasas sobre la nada clara compra de Inassa a una empresa off shore en Panamá, señalando el OK Diario, de Madrid, el 11 de mayo de 2017 lo siguiente: “Esperanza Aguirre e Ignacio González ocultaron en abril de 2009 un extenso informe reservado por medio del cual la firma de abogados Cuatrecasas, sin tapujos, denunciaba las irregularidades y oscurantismos en el proceso de compra de la empresa colombiana Inassa por parte de la sociedad pública madrileña Canal de Isabel II. Las pruebas y los testimonios de algunos de los protagonistas delataban que la aventura americana del Canal se debía a un pelotazo, diseñado por un grupo de empresarios de España y Colombia. La trama societaria finalizaba en el paraíso fiscal de Panamá, en la instrumental SAA”.

Ya presentaremos en otro reportaje el proceso de SAA, Sociedad de Aguas de América, constituida en el mismo mes de julio del 2000, también en Panamá, por el bufete jurídico De Obaldía & García de Paredes. Sobre el citado informe de auditoría de la compra de Inassa por parte de la sociedad vehículo Canal Extensia, de Canal Isabel II, elaborado por el bufete jurídico Cuatrocasas de España, allí se muestran dobles maniobras en la función de comprador y vendedor del entonces gerente de la Triple A en Barranquilla, el ciudadano español Francisco Olmos, vinculado con el valenciano Salvador Cardona, de Tecvasa, constituyente de la empresa LASSA en Panamá. Dice el informe:

“b. Entidades y personas

A efectos aclaratorios, conviene destacar el papel desempeñado por determinadas personas y entidades en todo el proceso:

  1. Francisco Olmos Fernández-Corugedo. El Sr. Olmos es uno de los personajes claves de este proceso. Inicialmente el Sr. Olmos fue la persona que lideraba el equipo directivo desplazado por AGBAR a Colombia con el objeto de gestionar INASSA y TRIPLE A. Si bien su actuación de 1995 a 1996 es calificada como sumamente positiva por AGBAR, parece que a fines de 1999, el Sr. Olmos deja de actuar como representante de los intereses de AGBAR, para pasar a defender los intereses del resto de accionistas de INASSA. A raíz de ello, se genera una crisis interna en INASSA que lleva a la salida de AGBAR del accionariado. Al parecer, el Sr. Olmos estaría, junto con algunos de los empleados desplazados por AGBAR, detrás de algunas de las sociedades socios de SAA, sociedad panameña que acabaría adquiriendo el paquete accionarial de AGBAR.

Posteriormente, el Sr. Olmos sería uno de los impulsores del proceso de venta de INASSA, al cabo del cual CYII acabaría entrando en su accionariado con la particularidad de que el Sr. Olmos participaría en el proceso; además de como vendedor (por su participación en SAA a través de Stanke Investment S.A.) como comprador, dado que según se desprende de un correo electrónico enviado por el Sr. Salvador Cardona, a la sazón Director General de TECVASA en aquellos momentos, al director gerente de CYII con fecha 22 de abril de 2004, en junio de 2011, IAA, sociedad en cuyo accionariado estaba presente el Sr. Olmos, entraría a formar parte de TECVASA, socio de CYII en la inversión”. (Informe: Cuatrecasas; Goncalves Pereira).

Dentro de ese mismo concepto, en el OK Diario de Madrid el periodista Manuel Cerdán escribe el 9 de mayo de 2017 con el titular El Canal Isabel II de Gallardón desvió 83 millones a Panamá en la compra de la colombiana Inassa: “Entre los vendedores figuraba así mismo Francisco Olmos Fernández-Corugedo, un ingeniero de minas asturiano que controlaba Inassa en el tiempo que perteneció a Aguas de Barcelona. Todos los indicios apuntan que él fue el cerebro financiero en la sombra de esta controvertida compra”.

La función de la conformación de LASSA, Latinoamericana de Aguas y Servicios, era la conformación de una entidad off shore que representará los intereses de los accionistas colombianos en la posterior venta de Inassa a Canal Extensia, realizada a través de otra sociedad off shore: Sociedad de Aguas de América.

Entramado societario de Canal Extensia e Inassa. IAA la controla Olmos y los españoles que quedaron del paso de Agba .

Próxima entrega: La empresa de papel Sociedad de Aguas de América creada en Panamá para vender a Inassa

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