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No obstante que la misma Contraloría General de la República adelantó las indagaciones que permitieron descubrir el escandaloso grado de corrupción que se presentó en uno de los programas banderas del Gobierno de Juan Manuel Santos, para la construcción, ampliación, mejorara y dotación de aulas escolares en zonas urbanas y rurales, para la implementación de la jornada única, donde se pretendía cubrir el 60 por ciento del déficit de aulas existentes (51.045 déficit total de aulas), lo único que hasta ahora se ha dado es la conformación de “Mesas de seguimiento” con participación ciudadana para intentar sacar adelante las obras que llevan entre tres y cuatro años inconclusas.

Entre 2015 y 2016 a través del Ministerio de Educación abrió dos licitaciones para contratar la construcción de 30.680 aulas, el 60 por ciento del déficit total. Para ellos desembolsó $2.5 billones de pesos al MinEducación, de los cuales $1.1 billones fueron aportados por las entidades territoriales como cofinanciación, los cuales fueron girados al Fondo de Financiación de Construcción de Infraestructura Educativa –FFIE, que conformó una fiducia con el BBVA.

A mediados del año pasado salieron a la luz pública los primeros hallazgos de la Contraloría donde se evidenció que para el 2018 la meta del Gobierno no se cumplió, y que tan solo se terminaron de construir para esa fecha 1.310 aulas en desarrollo de sólo 73 del total de proyectos.  

No obstante, de acuerdo con  la investigación de la Contraloría,  de estas 1.310 aulas, tan solo se han entregado para su funcionamiento 230 aulas correspondientes a tan sólo 12 proyectos, es decir, las otras aunque en el papel aparecen terminadas, aún no han sido entregadas físicamente para que puedan ser utilizadas. 

En un inicio el Ministerio contrató a cinco proponentes recibieron la adjudicación de los contratos marco: Consorcio UT MEN 2016, con un cupo de $305.000 millones de pesos para dos grupos; Constructora Colpatria, con dos grupos por $760.000 millones de pesos; Consorcio Mota-Engil, con un cupo de $905.000 millones de pesos para dos grupos; Graña y Montero con $405.000 millones de pesos y el Consorcio Desarrollo Escolar con $420.000 millones. Sin embargo, en abril de 2018, Graña y Montero desistió de la obra y el FFIE cedió ese contrato a Mota Engil, que para su momento contaba con buenas calificaciones.

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Se tenía contemplado la construcción de 2.217 espacios educativos: 1.156 aulas nuevas y 1.061 aulas mejoradas, beneficiando a más de 105 mil niños y jóvenes estudiantes del sector oficial. De esas cinco firmas posteriormente solo quedaron con los contratos tres firmas: la portuguesa Mota – Engil, la Constructora Colpatria y el Consorcio Ingenieros Nacionales.

Las investigaciones de la Contraloría pudieron concluir que esas tres firmas ya se habían quedado a principios de 2019 con $2 billones de los 3,5 que administra el fondo. A corte de diciembre de 2018, el ente de control determinó que contratistas e interventores habían recibido pagos por $656.000 millones de pesos, y que 53.000 millones más sirvieron para pagar los gastos administrativos de la Unidad de Gestión del FFIE.

En todo el país se firmaron acuerdos para hacer 543 proyectos, pero hoy el retraso es evidente, y casi la mitad las obras no han comenzado.

La firma portuguesa Mota Egil, es la más cuestionada. Sus incumplimientos fueron recurrentes a pesar de que según el FFIE ya le habrían cancelado más de $700 mil millones de pesos. Desde finales del año pasado esta firma mantiene una disputa judicial con el Ministerio de Educación, pues alega que el Fondo incumplió con los pagos pactados; pero a su vez la constructora enfrenta demandas de proveedores y empresas a las que subcontrató en diferentes partes del país.

Solo por citar un ejemplo, en Barranquilla, presentan retrasos por la falta de la licencia de construcción y de los recursos que debe aportar el Distrito de Barranquilla para su ejecución las instituciones educativas La Unión, La Distrital José Martí, el Colegio de Barranquilla-CODEBA-, La Distrital Despertar del Sur, IED Denis Herrera de Villa, La Distrital Isaac Newton, Evardo Turizo, Institución Von Humboldt y Calixto Álvarez. 

Mientras tanto, pese a todo esto este cúmulo probatorio, la misma entidad fiscalizadora, solo se ha dado a la tarea de crear unas mesas de concertación para “intentar” sacar adelante la construcción de los colegios, pero, ninguna otra entidad estatal de control y fiscalización se ha dado a la tarea de castigar a los responsables de semejante raponazo a los recursos de la educación de los más vulnerables, o sea, los miles de niños que siguen esperando un aula digna donde estudiar.

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